Ferrocarril
Milana Bonita propone una ITV social para los trenes extremeños

Ha sido mucho el revuelo mediático formado alrededor del tren y las infraestructuras extremeñas, que ha inundado los medios desde el inicio del 2019. Más concretamente, el incidente del primer día del año, que dejó a cerca de 150 pasajeros sin luz y sin calefacción a pocos kilómetros de la estación de Navalmoral de la Mata, y el descarrilamiento del convoy en Torrijos anunciado hace unos días, que acabó demostrándose que fue provocado intencionadamente por un trozo de hierro colocado en las vías castellanomanchegas.

Menos sonada fue la incidencia acontecida en el trayecto Puertollano-Badajoz el pasado lunes 14, que obligó a los viajeros a volver a la ciudad manchega tras 15 minutos de viaje debido a un problema informático, o las supresiones de viajes por las incidencias de otros trenes que quedaron obstaculizando la vía única −y sin electrificar− que caracteriza a este entramado ferroviario más propio del siglo pasado.

La plataforma ciudadana Milana Bonita se ha concentrado a las puertas de la Asamblea de Extremadura para posteriormente registrar en esta una propuesta de Ley

Por incidencias como esta, y en aras de que disminuyan en frecuencia, la plataforma ciudadana “Milana Bonita” se ha concentrado a las puertas de la Asamblea de Extremadura para posteriormente registrar en esta una propuesta de Ley que consta de “una Iniciativa Legislativa Popular para pedir que Extremadura gestione los trenes que pasan por nuestra comunidad, para que sean seguros, cómodos y ser iguales que los demás”. “Pagamos igual que los demás y necesitamos tener lo mismo que los demás”, explicaba Juan Carlos López, portavoz de la plataforma. También, lanzaba un mensaje hacia los políticos: “esta vez nuestra acción se dirige a la Asamblea para que, de esta manera, los políticos hagan el trabajo que tienen que hacer. En la calle estamos nosotros, ellos deben hacerlo desde su puesto”.

Esta iniciativa se fundamenta en el Art. 9. 39) del Estatuto de Autonomía, en el que se declara la competencia sobre “ferrocarriles y carreteras” que transcurran por la región. La intención es que sea la Junta de Extremadura en cumplimiento de la legislación nacional y comunitaria quien “realice las labores de inspección, vigilancia, análisis, revisión del tráfico férreo, del estado de sus infraestructuras, y en caso necesario la que podrá imponer sanciones administrativas” que podrían alcanzar hasta los 3.000.000 de euros.

De esta manera, “al igual que es la Comunidad Autónoma quién realiza la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que asuma la Inspección Técnica de Trenes y Vagones (ITTV) para garantizar el cumplimiento de la normativa, la seguridad y la idoneidad de circulación”, exponen en esta ILP que, a pesar de que la legislatura esté a punto de terminar, esta no lo hará siempre y cuando sea aceptada por la Mesa y sea publicada en el Boletín de la Asamblea de Extremadura.

Necesitarán un gran número de firmas de votantes extremeños −en concreto, un 5% del censo electoral− y un plazo de 6 meses para recogerlas y que esta propuesta de Ley sea defendida en el Parlamento Extremeño

Además, exponen que la propia Asamblea, a través de esta Ley, podrá “declarar la Obligatoriedad de Servicio Regional (OSR) entre las estaciones, apeaderos, paradas existentes en la actualidad en Extremadura o de nueva creación a través de tren convencional” para defender la línea convencional una vez que entre la Alta Velocidad en Extremadura.

Por último, también incluye un apartado que define cuál será la labor del ciudadano y usuario de la línea para aportar al ferrocarril. Piden la creación de “un reglamento de participación por parte de los usuarios del sistema ferroviario para que puedan aportar sus ideas, mejoras, sugerencias al servicio ferroviario extremeño”, así como “denuncias por parte de los ciudadanos ante los incumplimientos de los titulares del servicio de transporte ferroviario”.

Necesitarán un gran número de firmas de votantes extremeños −en concreto, un 5% del censo electoral− y un plazo de 6 meses para recogerlas y que esta propuesta de Ley sea defendida en el Parlamento Extremeño frente a los representantes políticos, que decidirán cuál será su camino. No parece que vaya a ser una labor extremadamente difícil al ver que numerosos colectivos y empresas apoyan firme y públicamente la reivindicación por un tren digno para la región.

La plataforma comunica a todos los afectados por el sonado incidente de la noche del 1 de enero que un despacho de abogados extremeño se ha ofrecido para llevar a cabo la demanda colectiva que se propuso sin coste alguno para los afectados

Así mismo, la plataforma comunica a todos los afectados por el sonado incidente de la noche del 1 de enero que “un despacho de abogados extremeño se ha ofrecido para llevar a cabo la demanda colectiva que se propuso sin coste alguno para los afectados” para que, de esta manera, “los grandes retrasos y las grandes incidencias de la red ferroviaria extremeña no se queden solo en una disculpa de los responsables de Renfe y Adif y la devolución de parte o el total del billete comprado”.

No es la primera ni seguramente la última acción de este colectivo extremeño desde que el 9 de septiembre de 2017 llegara en tren −20 minutos tarde− con una vestimenta ambientada en la obra de Los Santos Inocentes, película dirigida por Mario Camus y basada en la novela homónima de Miguel Delibes, en aras de reclamar que la región extremeña no ha sufrido cambios ni avances en muchos aspectos. Aquella vez no llegaron al centenar y, justo un año después, fueron casi un millar de extremeños −acompañados de la asociación SOS Talavera− los que invadieron las calles de la capital para reivindicar un tren digno.

La sociedad extremeña, a pesar de no ser un ejemplo a nivel de movilizaciones sociales, empieza a mostrarse frustrada e indignada por la situación ferroviaria de la región. Tras años de ninguneo por parte de los políticos, estos ahora se organizan en la pantomima llamada “Pacto por el Ferrocarril”, del cual salió Podemos al considerar inadecuado que no se invitara a los movimientos sociales precursores de esta agitación, y el PP, tras los últimos incidentes del comienzo de año y, en palabras de Monago, señalar que el pacto está “muerto”. "El Pacto por el Ferrocarril es el pacto de la vergüenza porque no incluye la sociedad civil organizada. Además, es un pacto oscuro que no facilita información y que está abandonando casi la totalidad de sus puntos", declaraba Irene de Miguel para El Periódico de Extremadura.