Tribuna
Jordi Hereu, nuevo peón de las empresas para el impulso de la reindustrialización verde

El nombramiento de Jordi Hereu como ministro de Industria ha sido, quizás, el que menos revuelo ha levantado desde la constitución del nuevo ejecutivo. Sin embargo, su elección es importante, ya que será el responsable de una de las agendas más importantes de la nueva legislatura: la reindustrialización verde. Es decir, el proceso de transformación del modelo industrial hacia nuevos sectores basados en las renovables y la digitalización, que se ha convertido en una apuesta clave de las grandes corporaciones del Ibex 35 para garantizar el futuro de sus negocios.

Cabe recordar, también, que estamos en el tercer año de la ejecución de los fondos europeos Next Generation EU, que en caso del estado Español permitirán inyectar 160.000 millones de euros en forma de subvenciones y prestamos en la llamada transición “verde” y digital de la economía española. Y que el próximo año será clave para terminar de ejecutar todos los fondos, una competencia que recaerá, en parte, en el Ministerio de Industria.

Además, otra decisión que nos confirma que la apuesta por la reindustrialización verde toma centralidad en esta legislatura es el hecho de que la Secretaría General de Industria aumente de rango, pasando a ser Secretaría de Estado. En concreto, esta era una de las demandas de los grandes lobbies industriales, que pedían más capacidad de coordinación desde Industria en detrimento del Ministerio de Transición Ecológica, que hasta el momento ha encabezado la gestión de los fondos Next Generation EU.

Además de la centralidad que gana el Ministerio de Industria, esta decisión evidencia una voluntad de complacer a los lobbies industriales

Por tanto, además de la centralidad que gana el Ministerio de Industria, esta decisión evidencia una voluntad de complacer a los lobbies industriales. Un primer movimiento de Hereu que, junto a su clara defensa de una gobernanza compartida entre sector privado y administraciones públicas, nos hace prever que se convertirá en un nuevo peón de las empresas promotoras del capitalismo verde. Es decir que, ante un reto tan importante como la planificación de la transición industrial para lograr cumplir con los compromisos de reducción de emisiones y hacer frente a la crisis ecosocial, lo más probable es que el nuevo ministro se sitúe del lado de las grandes empresas y sus intereses corporativos.

De hecho, Jordi Hereu viene de dirigir Hispasat, una empresa del grupo Red Eléctrica de España, que está haciendo una clara apuesta por la transición verde y digital, invirtiendo, por ejemplo, en grandes infraestructuras de transporte eléctrico para canalizar la energía producida por los nuevos megaparques de renovables que se están instalando por toda la península. 

Además, revisando el portfolio de proyectos llevados a cabo por la consultoría fundada por Hereu, Idencity, encontramos un proyecto ilustrativo de esta alianza, la organización del congreso SUM Bilbao 21, que además nos puede dar pistas sobre quiénes van a ser sus socios. La organización de este congreso sobre movilidad urbana fue un encargo realizado por Petronor (filial de Repsol y titular de una de las mayores refinerías de petróleo y coque de la península) y el Ayuntamiento de Bilbao, y tenía el objetivo de “debatir en torno a los avances y desafíos en el sector para dar respuestas a una movilidad libre de carbono, como el uso del hidrógeno, los biocombustibles y, en general, de las energías limpias”.

Uno de los puntos de debate del congreso, al que asistieron representantes públicos y de grandes empresas energéticas y de transporte, fue la promoción de alianzas entre actores públicos y privados, tanto para la financiación de proyectos innovadores como para la codefinición de normativas. Un modelo de colaboración público-privada que, cómo hemos visto en la gestión de los fondos Next Generation EU, ha permitido que las administraciones se conviertan en socias clave de las grandes empresas para asegurar la rentabilidad de las nuevas inversiones a través de préstamos y ayudas. Es decir que las grandes empresas se están lanzando a invertir en sectores de dudosa rentabilidad como la generación de Hidrógeno, una tecnología aún en desarrollo, respaldadas por grandes cantidades de fondos públicos. De esta forma se crea un escenario ganador para las empresas que reducen los riesgos de la nueva inversión, mientras que el Estado asume todas las posibles pérdidas.

Este modelo de garantía pública del negocio privado responde a una tendencia mundial para capturar el negocio verde y, muy en particular, ganar la industria

Además, este modelo de garantía pública del negocio privado responde a una tendencia mundial para capturar el negocio verde y, muy en particular, ganar la industria. Tanto la Unión Europea como los EE UU han reforzado sus políticas de reindustrialización para competir contra la hegemonía China por lo que respecta al control de materias primas y la fabricación de las llamadas tecnologías limpias, con el supuesto objetivo de ganar autonomía estratégica y acabar con las dependencias del exterior. De hecho, en el propio acuerdo de gobierno firmado por Sumar y PSOE, Sánchez y Díaz ya se comprometían a impulsar “una nueva expansión comercial […] en aras de reducir las posibles dependencias estratégicas asociadas a la transición digital y a la verde”.

Este compromiso, desligado de ninguna apuesta real para la contención del consumo o el cierre de ciclos industriales en el territorio, evidencia que la apuesta por la reindustrialización verde del nuevo gobierno se sigue basando en un paradigma extractivista y colonial, que mantiene una lógica de sostenimiento del crecimiento del norte a costa de externalizar los impactos socioambientales de la transición energética hacia el sur global.

Una política verdaderamente progresiva no sería, por tanto, aquella que complazca a grandes empresas como Repsol o Red Eléctrica de España

Además, la consolidación de la colaboración público- privada en la definición de las propuestas de recuperación y transición es extremadamente preocupante ya que, como hemos denunciado anteriormente, está socavando la posibilidad de impulsar una transición ecofeminista, que resuelva las contradicciones de fondo del actual sistema económico.

Una política verdaderamente progresiva no sería, por tanto, aquella que complazca a grandes empresas como Repsol o Red Eléctrica de España, sino la que se atreviera a impulsar medidas como la relocalización de las industrias, una reconversión industrial justa que permita abandonar progresivamente todas aquellas industrias nocivas e innecesarias para sostener la vida, o el desarrollo de un plan ambicioso para recuperar soberanías en ámbitos clave como la alimentación, la energía o los cuidados.