Tribuna
Personas solicitantes de asilo, las grandes olvidadas en la reforma del Reglamento de Extranjería

La reciente reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha generado debate en torno a sus implicaciones para la población migrante en España. Este cambio normativo se presenta como una herramienta para facilitar la regularización de las de persones en situación irregular, pero en términos generales, constituye un avance importe en la simplificación del procedimiento y la reducción de plazos para acceder a una autorización de residencia.

Sin embargo, uno de los grupos más afectados, son las personas solicitantes de asilo, que lejos de verse beneficiadas por las mejoras en las vías de regularización, se enfrentan a barreras legales y administrativas que agravan su situación.

Durante años, el sistema de regularización en España ha sido criticado por su excesiva rigidez y complejidad. Miles de personas migradas han vivido en un limbo administrativo y en la clandestinidad debido a las enormes barreras que deben sortear para regularizar su situación administrativa en el Estado español.

Nuevo reglamento de extranjería: una lectura entre las líneas triunfalistas del gobierno

Sarah Babiker

Migración

Migraciones Nuevo reglamento de extranjería: una lectura entre las líneas triunfalistas del gobierno

Sarah Babiker

El nuevo reglamento de la ley de extranjería se anunció como un gran avance para los derechos de las personas migrantes. Son múltiples las voces que apuntan a los límites de una normativa que sigue dejando a miles de personas desprotegidas.

La reforma del reglamento de la Ley de Extranjería era una necesidad para un amplísimo sector de la sociedad, que busca subsanar estas carencias. Supone un gran avance para el sistema de acceso a la residencia, hasta ahora muy insuficiente y altamente restrictivo. Entre las principales novedades, destacan la reducción de plazos y la simplificación de requisitos para acceder a autorizaciones de residencia y la creación de nuevas modalidades de arraigo.

Estos cambios, tienen unos efectos diferencias sobre los diversos colectivos de personas migradas, especialmente sobre las personas solicitantes de asilo. Las personas que buscan protección internacional en España enfrentan una realidad profundamente desalentadora. Estas podrán acogerse a las diferentes vías de arraigo contempladas en la reforma, aunque en la práctica, las condiciones impuestas hacen que esta posibilidad sea poco alcanzable y, por lo tanto, afecta a sus derechos.

La disposición transitoria quinta establece que las personas solicitantes de asilo que deseen acogerse a una de estas vías deberán desistir previamente o ver denegada su solicitud. Esto significa que, para regularizar su situación administrativa, estas personas deben renunciar al procedimiento de protección internacional, diseñado específicamente para quienes huyen de conflictos, persecución o violaciones graves de derechos humanos.

La reforma obliga a las personas solicitantes de asilo a permanecer en situación irregular durante al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud

Además, la reforma las obliga a permanecer en situación irregular durante al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud y podrán acogerse a esta posibilidad únicamente en los doce meses siguientes a la entrada en vigor del reglamento, es decir, tiene carácter transitorio. Y en el artículo 126, se cristaliza lo señalado por el Tribunal Supremo en su sentencia 103/2024, de 24 de enero, que impide que el tiempo de permanencia en España durante la tramitación de una solicitud de asilo sea considerado a efectos de arraigo.

La reforma afecta también especialmente a mujeres y niñas solicitantes de asilo, ya que enfrentan riesgos específicos asociados a su género. La nueva normativa las deja expuestas a situaciones de explotación laboral, trata de persona y violencia de género. Dificulta su acceso a redes de protección, como albergues, asistencia sanitaria o psicológica. Así como el impacto sobre el acceso de niñas y niños a la educación. Además, se corre el riesgo de poder perder acceso a programas de ayuda, específicamente diseñados para abordar situaciones de vulnerabilidad, al quedar fuera del sistema de asilo.

España ya enfrentaba serios problemas en su sistema de asilo: largas esperas para la formalización de solicitudes, recursos insuficientes para atender a los solicitantes y tasas de resolución positivas que están entre las más bajas de la Unión Europea. Al desincentivar el acceso al sistema de protección internacional, la reforma contribuye a vaciar de contenido este mecanismo, debilitando aún más un pilar fundamental de los derechos humanos.

Esta reforma no sólo no aborda estos problemas, sino que los agrava. Se plantea el interrogante sobre si las Oficinas de Extranjería, especialmente las de algunos territorios, podrán hacer frente al enorme aumento de solicitudes de autorización por arraigo que se presentarán tras la entrada en vigor del reglamento. Es previsible que ello se traduzca en un colapso administrativo, un escenario que pondrá de manifiesto (una vez más) la necesidad urgente de reforzar los recursos destinados a la gestión migratoria y garantizar, en este caso, una implementación efectiva de la reforma.

Aunque la reforma del Reglamento de Extranjería representa un paso adelante para facilitar la regularización de miles de personas migrantes, es importante tener en cuenta el alto coste que implica para las personas solicitantes de asilo. Este colectivo, que ya enfrenta enormes dificultades para acceder a sus derechos más básicos, se ve ahora sometido a nuevas formas de exclusión y precariedad.

Desde organizaciones sociales como la CCAR (Comisión Catalana de Acción por el Refugio), se insta a las autoridades a poder garantizar medidas para proteger a las personas refugiadas y solicitantes de protección internacional, permitiendo regular su situación administrativa, trabajar legalmente y vivir en condiciones de dignidad e igualdad. El nuevo reglamento deja un vacío en el sistema, como forma de disuadir a las personas que quieren pedir asilo en el Estado español y que reúnen las condiciones para ello.

El derecho al asilo es un pilar fundamental de los derechos humanos y debe ser protegido frente a cualquier intento de erosión

Las personas solicitantes de asilo no sólo quedan excluidas de esta reforma, sino gravemente afectadas. Añade más dificultades a las que ya se enfrentan aquellas personas que necesitan acceder al procedimiento de asilo una vez llegan al territorio, con esperas de hasta nueve meses para poder realizar su entrevista de formalización, necesaria para poder obtener documentación y abandonar su situación de “ostracismo administrativo”. A esto, se añade la espera de seis meses desde la entrevista para poder trabajar regularmente y de incluso años para ver resuelta su solicitud.

El derecho al asilo es un pilar fundamental de los derechos humanos y debe ser protegido frente a cualquier intento de erosión. En un contexto global marcado por el aumento de conflictos, persecuciones y desplazamientos forzados, España debe reafirmar su compromiso con la protección de las personas refugiadas, asegurándose que las reformas legales no perpetúen ni profundicen su exclusión. La justicia global exige políticas migratorias y de asilo inclusivas que garanticen el respeto a los derechos de todas las personas, sin importar su origen ni su situación administrativa.

Esta reforma, aunque prometedora en muchos aspectos, plantea retos y dilemas que no deben ser ignorados. Significa una mejora considerable para que miles de personas migrantes puedan regularizarse, pero las personas solicitantes de asilo se pueden ver perjudicadas, teniendo que seguir enfrentando situaciones de extrema desprotección y exclusión por no poder documentarse, ejercer sus derechos más fundamentales y desarrollar sus vidas en condiciones de igualdad en el seno de nuestra sociedad.