Opinión
Recortes en el derecho a la vivienda: la PEV será la única prestación a partir de abril

Han pasado ocho años desde que el Gobierno vasco aprobara su primera ley de vivienda. Una ley que salió adelante sin el respaldo del PNV y con los votos favorables del PSE, EH Bildu y la desaparecida UpyD. 

Fue una ley claramente insuficiente y los partidos de izquierda que la apoyaron trataron de justificar esa insuficiencia en la oposición del PNV. La vendieron como un gran logro, como una ley que “garantizaba” el derecho subjetivo a toda persona que cumpliera ciertos criterios, a pesar de que excluían a la mayor parte de las personas con necesidad de protección pública, como explicaremos a continuación.

Además, la norma planteaba que las pocas personas a las que se les reconociese el derecho se les podrían ofrecer dos alternativas: una vivienda de alquiler social o, en caso de no haber viviendas suficientes (lo habitual), una prestación económica de un máximo de 300 euros al mes para financiar el alquiler de una vivienda en el mercado libre (cuyo valor medio está por encima de los 1.000 euros al mes). 

Dado el limitado parque de vivienda protegida en alquiler, las prestaciones han sido la vía principal que se ha aplicado estos años. Sin embargo, como hemos indicado, los cuantías no dan, ni de lejos, en un mercado libre en el que los precios no paran de crecer. Tras ocho años, el derecho subjetivo a la vivienda en nuestros territorios continúa sin ser efectivo y la crítica que realizamos en su día sigue estando absolutamente vigente.

La ley de 2015 dejó mucho por hacer y una parte importante de su normativa por desarrollar. Durante los últimos años, el Gobierno vasco ha publicado diferentes decretos para complementarla, concretar aspectos o realizar modificaciones. No obstante, los decretos no han servido para mejorar el acceso a la vivienda de las personas. De hecho, algunos de esos decretos dificultan, más si cabe, que esto ocurra. Entre ellos, el Decreto 147/2023 del pasado mes de octubre, sobre el derecho subjetivo de acceso de la vivienda a través de las prestaciones, y que explicamos más adelante. 

Nos encontramos ante la entrada en vigor de un recorte recogido en la Ley de Vivienda de 2015, que mediante la denuncia y la movilización social se había conseguido retrasar nueve años, ya que no se estaba aplicando

Pero antes vamos a señalar algunas cuestiones. La ley de 2015 estableció que se proporcionaría la Prestación Económica de Vivienda (PEV) para aquellas personas que cumplían ciertos requisitos. Entre ellos, como decíamos, tener unos ingresos máximos muy bajos (cuya cuantía ha permanecido sin actualizar desde 2015 hasta 2023) y una antigüedad de, por lo menos, cuatro años en el registro oficial correspondiente.

Sin embargo, esta prestación (la PEV) quedó por desarrollar y, transitoriamente (desde que la ley se aplica), se ha utilizado la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV); una prestación para sufragar los gastos de vivienda que perciben las personas que cobran la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Para recibir esta ayuda también era necesario cumplir con ciertos requisitos, como estar en el padrón con una antigüedad de tres años, pero no se exigía el estar de alta en el registro de solicitantes de vivienda de alquiler de Etxebide, algo que en realidad no se hace. Plantear este requisito es una manera de excluir del derecho a una parte muy importante de la población vulnerable. Además de la PCV, las Ayudas de Emergencia Social (AES) también han venido cubriendo determinados gastos de alquiler para personas que están en mayor situación de vulnerabilidad social, y que, generalmente, quedan fuera del sistema de la RGI. 

Lo que ha hecho el Decreto 147/2023 ha sido eliminar estas prestaciones (la PCV y las AES destinadas al alquiler social) y desarrollar la Prestación Económica de Vivienda, la cuál será la única prestación que se ofrezca para acceder a una vivienda en alquiler a partir del próximo abril.

Nos encontramos ante la entrada en vigor de un recorte recogido en la Ley de Vivienda de 2015, que mediante la denuncia y la movilización social se había conseguido retrasar nueve años, ya que no se estaba aplicando. Se establece un periodo transitorio, por lo que este recorte no afectaría a las personas que están recibiendo en estos momentos la PCV (pasarán de cobrar esta prestación a cobrar la PEV), pero sí a las cientos de personas o familias que pretendan solicitar por primera vez una vivienda protegida en alquiler, quienes deberán ahora esperar tres años para acceder a la prestación. Por si fuera poco, las personas que reciben la citada AES  y no cumplen con el requisito de tres años de empadronamiento recogido para el periodo transitorio, perderán también este derecho.

La ley de 2015 y sus desarrollos continúan sin garantizar el derecho subjetivo a la vivienda, tal y como hemos podido ver durante los últimos años. El escaso parque público de vivienda en alquiler (la gran mayoría de las viviendas protegidas son en compraventa), así como la escasa dotación en el presupuesto del Gobierno vasco a vivienda, han provocado que la única vía para ayudar a las personas más vulnerables sea el de la prestación. Prestaciones de cuantías de máximo 300 euros al mes, ante unos precios de alquiler que superan de media los 1.000 euros mensuales en nuestro territorio. El nuevo decreto no hace más que dificultar tanto la situación como la vida de miles de personas.

Las políticas públicas en torno a la vivienda deben estar orientadas a garantizar el derecho a la misma: fomentando el alquiler social y eliminando la vivienda pública en compraventa

Como ya hemos expresado en otras ocasiones, las políticas públicas en torno a la vivienda deben estar orientadas a garantizar el derecho a la misma: fomentando el alquiler social y eliminando la vivienda pública en compraventa, derivando las viviendas vacías al alquiler social y aumentando para ello el presupuesto en la materia de forma sustancial. ELA no cree que las administraciones deban poder sustituir su obligación de proporcionar una vivienda social por el pago de una prestación insuficiente y generadora de abusos en el mercado inmobiliario, ya que entiende que el derecho a la vivienda solo es posible garantizarlo (valga la redundancia) con viviendas. 

Es gravísimo que la opción del Gobierno vasco esté siendo no solo no avanzar en esa dirección, sino que encima se haya aprobado el recorte que supone la regulación de la Prestación Económica de Vivienda, que sin duda supone un retroceso grave de derechos. Ante este recorte y los que vengan nos tendrán delante.