Universidad
El pulso contra la empresa israelí de servicios bibliotecarios Ex Libris continúa en las universidades

En octubre de 2025, el Ministerio de Cultura anunció que la Biblioteca Nacional de España (BNE) dejaría de usar el software de gestión bibliotecaria Alma, perteneciente a la empresa israelí Ex Libris. La noticia llegaba semanas después de que un grupo de personal bibliotecario y archivero iniciara una campaña de recogida de firmas para exigir el fin de las licitaciones con este gigante de los servicios bibliotecarios. Fundada en Israel en 1986, la empresa, una de las principales en el sector, ha sido señalada por el movimiento en solidaridad con Palestina en varios países. 

Aunque existían algunos precedentes de intentos de boicot contra Ex Libris —ya en 2009 el Comité Palestino de la Universidad de la Universidad de Oslo se manifestó en contra de adquirir los productos de esta empresa— los esfuerzos se intensificaron a raíz del genocidio contra Gaza. Mientras las bombas israelíes arrasaban las bibliotecas de Gaza, la organización Librarians and Archivists for Palestine publicó en junio de 2024 un informe en el que explicaba la historia de Ex Libris, exponiendo las razones para el boicot. 

La sede de la empresa se ubica en el Parque Tecnológico de Malha, sobre el territorio de la antigua aldea palestina de Al Maliha, cuyos habitantes fueron desplazados en 1948. En la actual Malha se encuentra una gran parte del  poderoso sector de alta tecnología israelí, que constituye una de las puntas de lanza económicas del país. Ex Libris tiene su primer antecedente en Aleph, un proyecto de la Universidad Hebrea de Jerusalén de principios de los años 80 que desarrolla sofisticadas soluciones bibliotecarias capaces de gestionar amplios catálogos y cubrir los servicios necesarios para el funcionamiento de estas instituciones. 

El grupo Ex Libris se creó como empresa para la internacionalización de Aleph, a mediados de los 80, extendiéndose por bibliotecas y archivos de todo el mundo, con el apoyo de fondos de capital de riesgo israelíes. Su compra, primero por la multinacional Proquest en 2015, después por Clarivate en 2021, culmina un proceso de expansión que la ha llevado a ostentar el liderazgo, especialmente en las bibliotecas universitarias y de investigación. A pesar de su internacionalización, su sede permanece en Jerusalén, y quien fuera su CEO entre 2003 y 2017, Matti Shem Tov, estuvo al frente de ProQuest entre 2017 y 2022 para pasar a liderar Clarivate en agosto de 2024.

Las bibliotecarias se organizan

Quienes promovieron la campaña que llevó a la cartera liderada por Urtasun a comunicar su decisión de romper con Alma se han constituido en la organización Bibliotecas y Archivos por Palestina. “Las compañeras y compañeros que empezamos a movilizarnos con este tema somos, en gran medida, los que nos organizamos hace años para luchar contra la imposición de una tasa sobre los préstamos bibliotecarios”, explica Blanca Calvo, una de sus integrantes y ex directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara, recordando la campañaNo al préstamo de pago en bibliotecas en la que lograron sumar 500 firmas de autores reconocidos, incluyendo a un Premio Nobel, José Saramago. 

En 2025 y ante el horror del genocidio, continúa Calvo, cuando tomaron conciencia de la amplitud con la que se estaba usando un programa de gestión de bibliotecas israelí, apostaron de nuevo por la recogida de firmas. La respuesta fue inmediata, muchas compañeras y compañeros reaccionaron, incómodos con esta situación. “Muchas y muchos, al mandar su firma, nos decían: ‘¡Qué bien que hayáis tenido esta iniciativa!’. A partir de esa recogida de firmas y su envío a las autoridades, ya nos dimos cuenta de que había que hacer más cosas. Y en ello estamos”.

Calvo rememora la reunión que mantuvieron en verano de 2025 con el propio director de la Biblioteca Nacional tras el lanzamiento de su campaña: “Nos dijo que compartía nuestra postura y que, en cuanto caducara el contrato vigente, se sacaría un nuevo pliego de condiciones”. La integrante de Bibliotecas y Archivos por Palestina señala que además de este compromiso del director, ratificada posteriormente por el ministro, la publicación del Real Decreto-Ley 10 de 2025 que incluye medidas de apoyo a Palestina en diferentes ámbitos, y en el que se prohíben los contratos con empresas israelíes sitas en asentamientos ilegales, convirtió la sustitución de estos productos en una obligación legal. 

“Sabemos que muchas compañeras y compañeros que trabajan en bibliotecas universitarias querrían que se cambiara el contrato con Ex Libris, pero sus jefas y jefes están mudas y mudos”

Sin embargo, las bibliotecas universitarias y de investigación no parecen entender la cuestión del mismo modo, pues ni siquiera han accedido a reunirse con quienes promovieron la campaña de recogida de firmas, a pesar de las múltiples veces que han intentado contactar con el CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “Sabemos que muchas compañeras y compañeros que trabajan en esas bibliotecas querrían que se cambiara el contrato con Ex Libris, pero sus jefas y jefes están mudas y mudos. También sordas y sordos, porque ni siquiera les ha debido llegar a los oídos la publicación en el BOE del Decreto 10/2025”. 

En noviembre de 2025, después de que la victoria de la campaña contra Ex Libris llegara a la prensa, algunos medios de derechas, como The Objetive y OK Diario, anunciaban que finalmente el Ministerio de Cultura no cumpliría con su compromiso, al no figurar la sede de Ex Libris en la lista de asentamientos ilegales en Cisjordania, un concepto que se refiere a la colonización posterior a 1967, y no incluye las aldeas y ciudades que Israel se apropió durante la Nakba. El Salto ha intentado recabar una aclaración del Ministerio de Cultura sobre las futuras acciones respecto a las licitaciones con Ex Libris sin obtener hasta ahora una respuesta. A Calvo, por su parte, le sorprende la información publicada desde la derecha: “La Biblioteca Nacional no nos ha dicho que haya cambiado de opinión, y hemos seguido teniendo relación con su director y con el Ministerio. El Decreto sigue obligando, y Ex Libris está en suelo ocupado de Cisjordania, así que, para nosotros, la cosa está clara: hay obligación moral, y legal, de cambiar el sistema de gestión. En la BN y en todas las demás”. 

El frente universitario

El Profesor de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid Pablo Parra Valero lleva tiempo mapeando la presencia de los productos de Ex Libris en las bibliotecas universitarias del país. Según los datos que maneja, más de la mitad, un 56%, usan software relacionado con la empresa israelí: de un total de 80 universidades, 43 usarían Alma y una habría optado por Sierra, otro producto adquirido por la gigante. Hay algo que llama aún más la atención a este profesor y es que son las universidades de titularidad pública las que parecen más asiduas a los servicios de Ex Libris. Tres cuartos de ellas (74%) han elegido este programa, frente a un 24% de las privadas, según los datos que han podido recopilar a partir de Scimago Institutions Ranking (SIR), un portal que reúne información sobre instituciones de educación superior en todo el mundo.

Parra Valero trabaja en colaboración con el documentalista Pedro Lázaro-Rodríguez, quien ha realizado un mapeo de licitaciones centrado en las universidades públicas. Muchas de las 37 licitaciones que Lázaro-Rodríguez ha examinado se firmaron con la filial alemana de Ex Libris, mientras que la última se firmó directamente con Clarivate, por lo que los documentalistas piensan que es este movimiento el que logrará eludir el decreto del gobierno. Parra Valero considera que la rápida expansión de Ex Libris tiene que ver con la formación de consorcios entre las bibliotecas universitarias de las distintas comunidades autónomas.

Los consorcios de bibliotecas facilitan el contrato colectivo de servicios que conllevan un gran coste, y tienden a la homogeneización de la gestión. Sin embargo, pertenecer a un consorcio no te obliga a usar el mismo sistema, recuerda el profesor Parra Valero, quien destaca cómo la Biblioteca de la UCM y la de la Universidad de Cádiz usan los servicios de WorldCat, pese a pertenecer a consorcios autonómicos que se decantan por productos de Ex Libris. La preponderancia de esta empresa en el sector, considera, “se debe a un proceso general de concentración empresarial en el mercado del software bibliotecario y de transformación tecnológica en la automatización de bibliotecas”, una “reconfiguración del mercado” que con el tiempo ha dejado atrás a una diversidad de empresas que ofrecían servicios para el sector y que han sido absorbidas o desplazadas por  “un número reducido de grandes compañías que ofrecen soluciones integrales”. 

Una colonización empresarial

El argumento de que los productos de Ex Libris no entrarían en el ámbito de boicot, debido al carácter internacional de la empresa, ha sido utilizado en diversas ocasiones para responder a los intentos de la comunidad universitaria de desvincular a la institución de sus servicios. Esta fue también la respuesta que se encontraron los miembros de Faculty for Palestine en la canadiense Simon Fraser University cuando en verano de 2024 intentaron convencer a los responsables de la biblioteca de romper sus relaciones con la empresa. Ante la negativa, los activistas respondieron: “La industria tecnológica israelí contribuye significativamente a la economía del país: Israel alberga más empresas tecnológicas emergentes y atrae más capital riesgo per cápita que cualquier otra nación del mundo. A ello se suman los estrechos lazos fomentados entre el sector tecnológico y el militar (...) A pesar de formar parte de un conglomerado multinacional, Ex Libris, como empresa fundada y con sede en Israel, entra en el ámbito de los movimientos de BDS”. 

Parra Valero abunda también en esta idea: “Yo creo que no cambia nada el hecho de que el programa pase fiscalmente a otros lugares o sea absorbido por otras empresas. Estoy de acuerdo en que usar este software es una forma de mantener y perpetuar esta política”. El profesor considera que licitar con otras sedes o directamente con Clarivate son formas de “maquillaje” de una empresa cada vez más presente en el sector: de la mano de la multinacional, Ex Libris está teniendo unos datos de expansión vertiginosos, señala el documentalista, estando presente ya en 90 países y en más de 5.500 instituciones. 

“La concentración de los sistemas bibliotecarios en manos de grandes multinacionales implica riesgos de dependencia tecnológica”

El negocio de Ex Libris es particularmente lucrativo para la empresa y costoso para las arcas públicas. Lázaro-Rodríguez señala en su informe que las instituciones universitarias y de investigación habrían gastado 18 millones de euros desde 2017 en licitaciones con la empresa, preguntándose si ese coste no podría destinarse a otros sistemas de código abierto que no hiciera a los sistemas bibliotecarios tan dependientes. Parra Varela apunta en la misma línea: “La concentración de los sistemas bibliotecarios en manos de grandes multinacionales implica riesgos de dependencia tecnológica, elevados costes de licencias y mantenimiento, y pérdida de control sobre los datos”. 

Mientras se esperaba que la cooperación entre bibliotecas abriese la posibilidad a alternativas en la gestión, al final son los consorcios los que contratan este tipo de software, mientras que las soluciones abiertas no han acabado de implementarse, lamenta Parra Valero: “En España, son solo siete (un 9%)  de las 79 universidades que hemos analizado, las que utilizan Koha [de código abierto] como Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas (SIGB) y curiosamente las siete son privadas. Es todo una paradoja”. En uno de sus trabajos, su compañero Lázaro-Rodríguez muestra bibliotecas universitarias públicas que sí utilizan servicios que no pertenecen a Ex Libris, iluminando la posibilidad de que el resto de universidades asuman una posición ética y empiecen a desvincularse del gigante israelí.