Urbanismo
El anteproyecto de Ley Ómnibus de Ayuso permitirá que las promotoras no tengan que ceder suelo a los ayuntamientos

“Una nueva Ley del suelo por la puerta de atrás”. Así ha calificado Nines Nieto, experta en urbanismo de Ecologistas en Acción, los cambios legislativos relacionados con urbanismo recogidos en el Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. 

El texto del anteproyecto de ley, que fue publicado el pasado 24 de diciembre y para el que la Comunidad de Madrid da tan solo hasta el próximo 3 de enero para hacer alegaciones, consta de más de 200 páginas en las que se anuncian cambios en 32 leyes y cinco decretos autonómicos que abarcan ámbitos desde hacienda y tasas, urbanismo, medio ambiente, transporte, carreteras, policía local, parejas de hecho o sanidad, entre otros temas. 

En relación a ordenación del territorio y urbanismo, esta especie de ley Ómnibus supone la modificación de diez artículos de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo y otros 15 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en la que también mete un nuevo artículo titulado “Régimen de la colaboración público-privada”, por el que se da potestad a entidades privadas a gestionar el otorgamiento de licencias urbanísticas o verificar usos de suelos.

“Es una modificación de un alcance enorme que se hace con trámite de urgencia, lo que va a dificultar el proceso parlamentario y la información a la ciudadanía, y se hace en plenas fechas navideñas y con la sexta ola de Covid”, lamenta Nieto. “Es una especie de golpe de Estado a los derechos de la ciudadanía”, añade.

En vez de ceder suelo, el promotor tendrá la opción de pagar una cantidad monetaria, lo que la ley actual solo permite cuando este justifique que no tiene suelo que pueda ceder

Según explica Nieto, los cambios que introduce el anteproyecto de ley que acaba de publicar el Gobierno de Díaz Ayuso harán posible que, por ejemplo, se permita edificar en espacios protegidos de la Comunidad de Madrid y emprender en estos espacios actividades hosteleras o instalaciones hosteleras en vías pecuarias. También eliminará una de las bases del ordenamiento urbanístico, que es la obligación de ceder suelo al ayuntamiento por parte del promotor para la construcción de dotaciones como hospitales, parques o centros escolares. Ahora, en vez de ceder suelo, el promotor tendrá la opción de pagar una cantidad monetaria, lo que la ley actual solo permite cuando este justifique que no tiene suelo que pueda ceder. El texto del anteproyecto de ley lo plantea sumando una parte bis al artículo 19, con el título Régimen de las actuaciones de dotación, en el que, como punto 4, posibilita que los promotores que aumenten la edificabilidad con respecto a lo ya construido —por ejemplo, al derribar un edificio antiguo de tres alturas y construir en ese terreno un edificio con más alturas— paguen también con dinero en vez de con suelo.

“Eso quiere decir que, en pleno centro de Madrid, se va a poder usar hasta el último centímetro cuadrado sin ceder suelo y pagando cuatro duros, porque se permiten unas valoraciones de suelo muy por debajo del valor que luego maneja el promotor”, alerta Nieto.

La regulación de los planes de interés regional es otro de los temas que modifica esta ley ómnibus. “Con Esperanza Aguirre e Ignacio González ya se modificó para dar vía verde al proyecto Eurovegas, pero ahora vuelven a modificarlo para que haya aún menos controles. Esto abre la puerta a intereses muy concretos para permitir que hagan lo que quieran en detrimento del interés público”, continúa Nieto. Entre los cambios con respecto a los proyectos de alcance o interés regional, el anteproyecto de ley cambia el punto 3 del artículo 33 para permitir la construcción en terrenos no urbanizables, antes excluidos. También elimina la necesidad de justificar su alcance regional a la hora de ser aprobados. Y, como en el caso anterior, también da la opción a la promotora el pago a la Administración con dinero en vez de con suelo.

Otra ley que se modificará será la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental. “En 2014, González la derogó para eliminar los problemas de ruido de un centro de bodas que tenía en El Pardo Carmen Cafranga Cavestany [también titular de una tarjeta Black de las de Bankia], socia de su mujer, porque tenía aparatos de sonido de hasta 90 decibelios, lo que no se permite en espacios no urbanizables. Solo dejó vigente la parte de evaluación por parte de los ayuntamientos, y ahora lo modifican también”, explica Nieto. 

“Esta ley es legislar para facilitar el ‘yo hago lo que me da la gana porque soy amigo del que manda en la Comunidad de Madrid’”, denuncia Nines Niet, de Ecologistas en Acción

“Esta ley es legislar para facilitar el ‘yo hago lo que me da la gana porque soy amigo del que manda en la Comunidad de Madrid’”, denuncia Nieto. “No sé si esta gente se da cuenta de las consecuencias que va a tener para la ciudad, porque aprobarlas no les cuesta nada, pero se tardan décadas en corregirlo”, concluye.