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Urbanismo
El escándalo del Espacio Ibercaja Delicias marca el camino para la pirámide de Nacho Cano
De un lado, una plataforma vecinal que reclama la construcción de un centro cultural, otro de mayores, una biblioteca y también un ambulatorio. Dotaciones públicas en suelo público. En la otra esquina, el Ayuntamiento de Madrid y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), propietarios del terreno. En medio del cuadrilátero, tres carpas que recuerdan a un circo ambulante.
Las palabras con las que una parte y otra explican el conflicto, como suele ocurrir, pertenecen a campos semánticos completamente distintos. La Plataforma Stop Espacio Delicias habla de expolio y ataque a la ciudadanía de Madrid, de un nuevo caso de privatización del patrimonio común, y de “ejemplo claro” de la lucha entre dos modelos de ciudad: la diseñada para quienes viven en ella o la concebida para el negocio. ADIF se refiere a dar utilidad a los terrenos y evitar usos indebidos de los mismos, y también hace hincapié en el carácter temporal y provisional de la actuación. Y en la web esmadrid, la página oficial de turismo de la ciudad de Madrid, se lee que el Espacio Ibercaja Delicias es un “gran complejo cultural que acogerá diversas propuestas de teatro, cabaret, musicales, espectáculos infantiles, conciertos, exposiciones”. Otros nombres propios en esta historia son los de Gran Teatro Príncipe Pío Sociedad Limitada, adjudicataria de la explotación de la parcela que ya gestiona las instalaciones de la estación de Príncipe Pío, e Ibercaja, entidad financiera patrocinadora del espacio. También Nacho Cano, el músico antiguo integrante del grupo pop Mecano, y su proyecto teatral Malinche en un terreno cedido por el Ayuntamiento de Madrid en Hortaleza, que ya ha suscitado protestas vecinales. En su caso, protagonista secundario aunque relevante, por el ejemplo que supone.
El escenario de la disputa se sitúa en el distrito de Arganzuela, cerca de la antigua estación de Delicias —lo que hoy es el Museo del Ferrocarril—, donde hay dos grandes superficies propiedad de ADIF, separadas por una zona verde de titularidad municipal. Un total de 58.849 metros cuadrados que, según la Plataforma Stop Espacio Delicias, son la “única y última oportunidad de Arganzuela para contar con unos equipamientos públicos decentes, homologables a los que tiene cualquier ciudadano de cualquier otra ciudad de la región de Madrid”. Pero lo que se ve de momento si se pasea por allí son tres carpas denominadas Espacio Ibercaja Delicias, el cese “inmediato” de cuya actividad es una de las reclamaciones principales de la plataforma vecinal.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM) de 1997 ya calificaba estos terrenos como dotacionales para equipamiento básico (la parcela ahora ocupada por las carpas) y singular (la colindante donde, según la plataforma, se han realizado vertidos ilegales de áridos). Esos equipamientos nunca se desarrollaron y en octubre de 2018 el Ayuntamiento de Madrid, entonces gobernado por Manuela Carmena, ADIF y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) suscribieron un Protocolo General de Actuación con el objetivo de solucionar el abandono y el uso inadecuado de los terrenos, con asentamientos irregulares cerca de la pasarela peatonal que cruza las vías. El acuerdo creaba una comisión de seguimiento encargada de elaborar un proyecto, un Plan Director, que debía recoger las necesidades dotacionales de los vecinos de Arganzuela, y también fijaba un plazo de ejecución fechado en octubre de 2022.
“Los distintos consistorios del Ayuntamiento de Madrid gobernados por el PP solo han tenido un único objetivo para el suelo público en Arganzuela: deshacerse de él o encontrar la forma de favorecer el lucro privado desarrollando actividades privadas en terreno público”, denuncia la Plataforma Stop Espacio Delicias
Miguel Martínez, portavoz de la Plataforma Stop Espacio Delicias, critica que ese Plan Director nunca se ha desarrollado y que, durante las últimas dos décadas, “los distintos consistorios del Ayuntamiento de Madrid gobernados por el PP solo han tenido un único objetivo para el suelo público en Arganzuela: deshacerse de él o encontrar la forma de favorecer el lucro privado desarrollando actividades privadas en terreno público”. También denuncia que el Protocolo ha sido boicoteado por ADIF y el Ayuntamiento y exige a este que dé “el impulso definitivo” a su cumplimiento, que ADIF entregue los terrenos para el uso previsto por el PGOUM de 1997, y la elaboración urgente de un plan de uso dotacional de las parcelas “en base a la legalidad establecida y las necesidades reales del distrito”.
Sin embargo, el 28 de septiembre se inauguró el Espacio Ibercaja Delicias en una de las parcelas, un hecho del que la plataforma responsabiliza por igual a ADIF y al Ayuntamiento. ¿Cómo se ha llegado a la apertura de un espacio de ocio gestionado por una empresa privada y situado en suelo público dotado para otros usos? Mientras debería haberse desarrollado el Protocolo entre las tres partes, ADIF adjudicó en mayo de 2019 mediante concurso público el arrendamiento para la explotación de una de las parcelas a Gran Teatro Príncipe Pío S.L. “para la implantación temporal de instalaciones desmontables especializadas destinadas a actividades culturales”, señalan desde la operadora ferroviaria, que también recuerda que el contrato entró en vigor el 1 de enero de 2021 y tiene una vigencia de dos años.
Según ADIF, esta actuación “de carácter provisional” es compatible con el cumplimiento del Protocolo ya que su objetivo fundamental “no es la obtención de ingresos sino el dar una utilidad a estos terrenos y, sobre todo, evitar usos indebidos de los mismos. Con ello se evitan ocupaciones ilegales, incendios y el vertido ilegal de escombros, y se mantiene limpia la parcela”. La actividad del adjudicatario —subrayan— “ha obtenido la correspondiente licencia municipal, en la que se señalaron los requerimientos vinculados a su concesión”.
Pero la plataforma vecinal —que el 14 de julio escribió al Delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes Sedano, y a la Concejala de Distrito de Arganzuela, María Cayetana Hernández de la Riva, para exigir el cumplimiento del Protocolo de 2018 y solicitar la paralización del proceso de instalación, sin acuse de recibo— teme que se trate de una “estrategia claramente planificada” por ADIF y el Ayuntamiento “para cambiar el uso dotacional establecido para estos terrenos en el PGOUM de 1997 y especular con ellos” y asegura que en el proceso se han producido irregularidades flagrantes: “El Ayuntamiento de Madrid ha utilizado una licencia destinada a instalaciones feriales de carácter efímero —como las que se dan al mercado de productores que se instala en el Planetario o unas fiestas de distrito— para autorizar una macroinstalación que ha exigido obras de cimentación que la ley no contempla y que son contrarias a las propias normas urbanísticas”. Esa licencia urbanística de ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros actos comunitarios al aire libre fue concedida por el Ayuntamiento el 30 de diciembre de 2020 a LetsGo Entertainment S.L., una productora dirigida por los hermanos Fernández, Iñaki y Gorka, que se dedica a los musicales y espectáculos como The Hole.
Es el momento de la aparición del personaje secundario que completa la historia del conflicto en Delicias. “Es un caso similar al de Hortaleza, al suelo que se le da a Nacho Cano”, apunta Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que resume la comparación entre las dos situaciones: “Hablamos de terrenos públicos que, en principio, son dotacionales y deberían servir para cubrir los déficit de las zonas en las que están. Pero pasa el tiempo, las parcelas se degradan y al final se produce lo de siempre: la privatización del suelo público para beneficio de unos pocos particulares, mientras los barrios están sin equipamientos básicos como colegios, institutos, centros de salud o centros culturales”.
“Lo que está sucediendo en Arganzuela está ocurriendo en otros distritos de la ciudad”, coinciden desde la Plataforma Stop Espacio Delicias, cuyo portavoz añade otro ingrediente que vincula conceptualmente ambas actuaciones: “Dado que RENFE aportó estos terrenos al Convenio Urbanístico Pasillo Verde que se desarrolló entre 1989 y 1996, estas parcelas no son de su propiedad sino de los madrileños. Aunque a la vista de lo que hace el Ayuntamiento de Madrid en Hortaleza con la pirámide de Nacho Cano, tampoco este reconocimiento garantizaría que se proteja su uso para equipamiento público”.