Alimentar y alentar el negocio turístico desde las instituciones tiene consecuencias graves para las poblaciones locales de los lugares objetivo. En este caso, las ciudades gallegas. No es sólo una cuestión que parezca intangible como la pérdida de identidad cultural a través del empleo de la lengua o de las tradiciones propias en sus centros neurálgicos. Los efectos de la gentrificación son cuantificables y expulsan a los vecinos y vecinas más vulnerables de sus barrios dejándolas sin acceso a servicios básicos para el desarrollo de la vida y, en última instancia, sin poder acceder, siquiera, a pagar un alquiler de una vivienda digna cerca de sus redes o de su trabajo. El problema es multicausal, pero la sinergia público-privada en los principales ayuntamientos de Galicia se revela fundamental. Los últimos datos del Observatorio de la Vivienda de Galicia, dependiente de la Xunta, ofrecen un testimonio difícilmente matizable: la presencia de viviendas turísticas en las siete ciudades gallegas se multiplicó por 20 sólo desde 2017. Paralelamente, los alquileres siguen al alza.

En verano de 2017, siempre según el registro de la Xunta de Galicia, apenas había 256 viviendas de uso turístico en los grandes municipios gallegos. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo estrenó ese año esa denominación de 'vivienda de uso turístico' y comenzó a medir su impacto desde entonces. Recién subidos los datos de comienzos de junio de 2024, a las puertas del verano, la fotografía es reveladora. Entre Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra y Ferrol suman hoy 5.263. Esto significa un aumento de más de un 1.955 % en apenas siete años. La tendencia, además, no parece que vaya cambiar de rumbo y va liderada, respectivamente, por las ciudades más grandes: Vigo y A Coruña.

Ambos Gobiernos, dirigidos por los alcaldes del PSOE, Abel Caballero e Inés Rey, llevan años no sólo mirando hacia otro lado ante las alertas de la sociedad civil y de colectivos como Ergosfera, el Sindicato de Inquilinas, Os Ninguéns o una buena ristra de asociaciones vecinales de barrios afectados, sino que ambos consistorios tienen una apuesta decidida por hacer del turismo de masas un gran motor económico del eje atlántico. Una línea recta de norte a sur que sólo ha roto Santiago de Compostela desde el gobierno de la Compostela Aberta de Martiño Noriega hasta el del Bloque Nacionalista Galego de Goretti Sanmartín, que acaba de aprobar la ilegalización de 600 pisos turísticos sin licencia municipal. La medida que mayor coto ha puesto en Galicia al brotar de este tipo de negocio donde, fundamentalmente, hacen caja rentistas.

Compostela se convierte en la referencia en la limitación de las viviendas turísticas

El Concello de Santiago acaba de publicar un informe en el que da cuenta de que sólo 58 viviendas de uso turístico cuentan con título habilitante municipal, mientras que el registro de la Xunta de Galicia incluye 816. De las 58 viviendas autorizadas por el ayuntamiento, 24 cumplen con la normativa vigente y 34 con la anterior ordenanza, que permite su localización en plantas superiores. De las 816 registradas por la Xunta, solo 170 cumplen con la normativa actual de estar en bajos o primeras plantas.

El concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, junto con la alcaldesa Goretti Sanmartín, detallan estos días la situación y la nueva ordenanza que establece requisitos para viviendas turísticas, permitiendo su alquiler hasta 60 días al año sin regularizar aquellas que no cumplen con el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Sanmartín ha explicado que la modificación del PXOM del mandato anterior no incluyó una disposición transitoria para usos preexistentes, lo que según informes jurídicos, impide legalizar actividades anteriores a la modificación. Sanmartín reconoció que las expectativas generadas durante el debate de la modificación de la PXOM no son realizables y subrayó la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en las actuaciones del gobierno local. La nueva ordenanza ha sido discutida en el pleno municipal y se centra en la comunicación de usos asimilados de vivienda, sin regularizar usos preexistentes no contemplados por la PXOM.

La ordenanza también aborda la posible regulación del alquiler de habitaciones independientes, supeditada a la normativa de Turismo de Galicia. El Concello del BNG destaca que Santiago enfrenta un problema grave de vivienda, exacerbado por el aumento de VUT, aunque no es la única causa de la crisis habitacional. Recuerda que las VUT no se consideran residenciales urbanísticamente y deben someterse a un régimen de comunicación previa con la administración municipal. En ese marco, el Ayuntamiento emitió 90 órdenes de paralización de actividad para VUT sin título habilitante y planea actuar sobre todas las que no lo tienen.