València
Las renovables valencianas más allá de las grandes instalaciones

La crisis energética mundial provocada por la guerra ha situado de nuevo a las energías renovables en el foco. El Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar el efecto de la guerra incluye incentivos fiscales relevantes, como una deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos y enchufables; además de ayudas para el autoconsumo, la instalación de placas solares, bombas de calor y la rehabilitación energética de viviendas. 

La nueva normativa da mayor protagonismo a los ayuntamientos, que podrán aplicar bonificaciones de hasta el 50% en el IBI y hasta el 95% en impuestos sobre obras vinculadas a instalaciones renovables. Una medida que puede suponer un mayor despliegue tanto del autoconsumo individual como del colectivo. Y que afecta particularmente al País Valenciano,  que cuenta con una tradición centenaria de cooperativas eléctricas surgidas para cubrir carencias de suministro en entornos rurales.

Cooperativas eléctricas centenarias

Germán Beltrán participa en esta singularidad a través de la Unión Renovables Coop, y sobre el origen de estas eléctricas cuenta que ,“vecinos, pequeños empresarios y actores locales se organizaron para impulsar redes y servicios eléctricos de proximidad con una lógica cooperativa: prestar un servicio básico al territorio, no únicamente desarrollar una actividad mercantil”.

Asegura que su aparición estuvo muy vinculada al proceso de electrificación local, cuando desplegaron la red para llegar a poblaciones a las que las grandes compañías no atendían bien  o no los consideraban prioritarios, lo que explica también uno de sus rasgos más característicos: su fuerte arraigo territorial y su cercanía con las personas usuarias.

“El País Valenciano contaba con cooperativas eléctricas centenarias como la de Vinalesa, que data de 1911; la de Castellar, de 1924; Guadassuar, de 1931; o la de Alginet, de 1930”, explica Germán Beltrán.

Algunos ejemplos representativos son la cooperativa eléctrica de Vinalesa, constituida en 1911; la de Castellar, en 1924; la de Guadassuar, en 1931; o la de Alginet, que comenzó su actividad en 1930. En su momento había más de 2.000 cooperativas repartidas en todo el territorio, pero de estas cooperativas quedan 16 en el País Valenciano, 2 en Madrid, 2 en Aragón y una en Gerona.

A lo largo del tiempo, la mayoría de estas cooperativas fueron absorbidas por grandes empresas. Las que resisten han ampliado su papel y además del suministro, desarrollan servicios energéticos de proximidad, impulsan autoconsumo, innovación, digitalización, asesoramiento a personas consumidoras y, cada vez más, proyectos vinculados a comunidades energéticas y generación renovable. “Pasaron de ser instrumentos de electrificación local a convertirse en actores relevantes de una transición energética más democrática y pegada al territorio”, explica Germán.

Desde Unión Renovables, señala Germán, consideran a estas cooperativas históricas como precursoras de muchas de las ideas que hoy están en el centro del debate energético: participación ciudadana, soberanía energética, arraigo local y retorno social de la energía. La organización agrupa actualmente a 24 cooperativas de ámbito municipal o regional, muchas de ellas herederas directas de esa tradición.

Construir desde abajo

Emmanuel Silva Muñoz fue co fundador de la Oficina de Transición Energética y comenta que en el balance de las comunidades energéticas en el País Valenciano — para quienes han estado involucrados desde el inicio— el sentimiento es agridulce y se mueve entre el optimismo de las bases y la decepción frente a la gestión institucional. “Cuando tienes muchas expectativas y crees que esta vez va a ser lo que parece, es lógico que la decepción sea muchísimo más dura”.

A pesar de los avances —visibles en un directorio que ya cuenta con unas 600 comunidades energéticas —, entiende que la relación con las administraciones ha sido accidentada. Para él, el punto de inflexión fue la presentación, a “bombo y platillo”, de un ambicioso programa de 100 millones de euros estructurado en tres líneas: Aprende, Planifica e Implementa, en la ejecución “nunca se desarrolló Aprende y Planifica, sino que sólo se implementaron tres o cuatro versiones de Implementa, con lo cual dejaban fuera comunidades que empezaban”. 

 “La estrategia de futuro para defensores de las renovables democráticas y de justicia social ya no pasa por lo macro, sino por fortalecer redes ciudadanas y crear una red que nos sostenga a través de cooperativas y apoyo mutuo”, señala Emmanuelle Silva.

Emmanuel considera que, en lugar de aprovechar el ecosistema de oficinas de transición ya existentes en el territorio, el Ministerio optó por crear las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC), una duplicación de esfuerzos que terminó con un 70% de las ayudas en manos de empresas públicas. La situación empeoró cuando, tras un año de rodaje y sin explicaciones claras, se decidió no prorrogar las subvenciones a estas oficinas, dejando al sector en un estado de desconcierto.

La gestión técnica también ha sido objeto de crítica. Mientras la administración se justificaba en la falta de personal, un estudio de la Plataforma de la Energía Comunitaria señalaba que el 30% de los fondos de la línea 'Implementa' terminaron vinculados a grandes eléctricas como Iberdrola. Ante el silencio administrativo, la sociedad civil tuvo que autoorganizarse, celebrando encuentros como el de Noblejas para tejer redes de conocimiento que el propio IDAE no convocaba. “Iniciativas como Som Energía y Goiener demuestran que la resistencia y la alternativa ciudadana es real, uniendo incluso a colectivos tan dispares como ecologistas y cazadores frente a megaproyectos energéticos”.

La estrategia de futuro para defensores de las renovables democráticas y de justicia social ya no pasa por lo macro, sino por “fortalecer redes ciudadanas y crear una red que nos sostenga a través de cooperativas y apoyo mutuo. Seguir construyendo desde abajo, utilizando las herramientas que la propia sociedad ha logrado conquistar, a pesar de las trabas institucionales”, asegura Emmanuel.

Actuar a lo grande

Concebida como una cooperativa mixta de consumidores y trabajadores, el propósito inicial de Sapiens Energía desde 2020 fue “poner la energía en manos de las personas”. Lo que comenzó impulsando el autoconsumo colectivo tras el cambio normativo de 2019, hoy es una estructura sólida con 18 instalaciones propias, 10 empleados y cerca de 350 socios que, a diferencia de un modelo comercial convencional, “tienen voz y voto” en las decisiones de la organización.

En sus inicios, la Generalitat Valenciana fue pionera con ayudas que cubrían hasta el 62,5% del proyecto, pero el panorama ha cambiado drásticamente. Según explica Juan Sacri, su presidente, tras un año de “sequía presupuestaria“, el sector se encontraba frente a una realidad donde la energía comunitaria parecía haber salido de la “agenda política prioritaria”.

Para Juan, el debate no debe centrarse en la confrontación entre comunidades energéticas y grandes plantas, “El 'qué' es indiscutible; lo que hay que discutir es el 'cómo' y el 'dónde'”, señala, subrayando la enorme dependencia energética. Frente a modelos de “extracción” financiera donde empresas extranjeras desarrollan parques cuyo retorno económico huye del territorio, la cooperativa defiende un modelo de generación distribuida donde la propiedad sea local.

“Sapiens apuesta por una renovación estructural para dejar de estar en desventaja y empezar a producir, almacenar y gestionar nuestra propia energía a un precio asequible para la ciudadanía”, apunta Juan Sacri.

La estrategia de futuro de Sapiens ha incluido instalaciones de 100 kW, incorporando almacenamiento. El uso de baterías es, para ellos, la herramienta definitiva de resiliencia: permite guardar energía cuando el precio mayorista está a “cero o incluso en negativo” durante las horas centrales del día, para consumirla cuando los precios minoristas se disparan.

Este cambio de escala se materializa en proyectos como el del polígono industrial de Pedreguer (Alicante), con 500 kW de potencia, o el ambicioso parque tecnológico de Vigo, que proyecta 4,5 MW y almacenamiento masivo para empresas electrointensivas, con instalaciones en tejados. En ambos casos, el modelo no olvida su raíz social: se reserva un 10% de la energía para familias en situación de vulnerabilidad, abordando una pobreza energética que afecta a más del 12% de la población.

Para Sapiens, el problema actual es “sistémico”. Denuncia la falta de un plan consensuado de implantación de renovables que evite que el ayuntamiento o el vecindario sean los últimos en enterarse de los proyectos. Su visión apuesta por una renovación estructural que permita a España dejar de estar en “desventaja” y empezar a producir, almacenar y gestionar su propia energía a un precio asequible para la ciudadanía.

No de cualquier forma, no a cualquier precio

Con once años de trayectoria, la cooperativa Aeioluz ha evolucionado desde la gestión técnica hacia lo que su presidenta, Nuria Baeza, define como una “transición ecosocial“. Su epicentro es la lucha contra la injusticia climática, cuenta con una estructura paritaria y de conciliación, forman parte de la ReDE, la Red Estatal por el derecho a la energía, defendiendo que la energía debe ser reconocida, ante todo, como un “derecho”.

A diferencia de otras empresas del sector, en Aeioluz no venden luz ni instalan placas solares; su labor se centra en la “alfabetización energética”. A través de “Oficinas Verdes” en ayuntamientos y asesorías individuales, enseñan a la ciudadanía a entender una factura que, consideran, las grandes compañías han vuelto deliberadamente compleja. Nuria señala que mediante la optimización de contratos y el cambio a energías con garantía de origen renovable, una familia media puede ahorrar cerca de 200 euros al año.

“El panorama político actual repite un modelo de especulación que daña la vertebración social y donde se fastidian los de siempre”, lamenta Nuria Baeza.

Uno de sus mayores éxitos es el Proyecto 50/50, implementado en más de 100 colegios del País Valenciano. En este programa, los alumnos toman decisiones de eficiencia que logran un ahorro energético medio del 20% sin necesidad de inversiones, simplemente mediante cambios de hábitos. El incentivo es directo: la mitad del dinero ahorrado se reinvierte en eficiencia y la otra mitad la gestionan los propios estudiantes para sus necesidades escolares.

Sin embargo, el panorama político actual preocupa a la cooperativa, que denuncia que se está repitiendo un modelo de “especulación” que daña la vertebración social. “La energía es un bien con el que se especula, cuando debería ser un derecho, y donde se fastidian los de siempre”, advierte Nuria, subrayando que, aunque las renovables son necesarias para mitigar el cambio climático, “no de cualquier forma, no a cualquier precio”.

La resistencia vecinal

Un ejemplo de esa “lucha vecinal” frente a la especulación de las renovables es la Plataforma Contra la Fotovoltaica Calderona que, de momento, ha logrado detener no uno sino dos proyectos de mega instalaciones de placas solares. Frenaron un primer proyecto tras una movilización masiva de recogida de firmas, movilizaciones y alegaciones. Tras recibir una declaración de impacto ambiental negativa, el proyecto se desvaneció pero el problema volvió con una nueva amenaza: la planta fotovoltaica ‘Segorbe Sol’, de 48,3 MW, promovido por la empresa Verdenes Solar, administrada por la francesa Reden Social Internacional y propiedad de la holandesa Kenergy Desarrollos Solares.

El proyecto contemplaba la ocupación de 124,5 hectáreas de suelo agrícola en el Pla d’Arguines, con la instalación de 92.000 placas solares y una línea eléctrica de 20 kilómetros que atravesaría los términos de Segorbe, Algímia d’Alfara, Torres Torres, Estivella, Albalat dels Tarongers, Gilet y Sagunt.

Las alegaciones vecinales se centraron en el fuerte impacto ambiental de la infraestructura, especialmente por el trazado de la línea de evacuación a través de espacios protegidos de la Sierra Calderona, zonas forestales, áreas de especial protección para aves y hábitats de alto valor ecológico.

A pesar de que este segundo intento obtuvo una declaración de impacto ambiental favorable, aunque con limitaciones, de momento el proyecto parece haber entrado en una fase de letargo y el colectivo en contra hace tiempo que no tiene noticias del mismo. Aun así, el paisaje sigue lleno de pancartas de protesta. 

La plataforma ya ha recaudado fondos para iniciar una “demanda de nulidad de las actuaciones” en un entorno que consideran “un auténtico jardín”, un entorno privilegiado que contrasta con las zonas degradadas o desérticas del mismo término municipal donde no habría oposición a las placas. “No sé por qué se han fijado en este sitio”, lamenta Julio Castellano, afectado por el megaparque pero queremos que cualquier promotor que llegue sepa que “esta gente está peleona” y que no será fácil actuar con impunidad sobre su territorio. 

“la resistencia no es solo una cuestión de firmas sino de dignidad frente a un modelo completamente alejado de la verdadera eficiencia energética”,  afirma Julio Castellano.

Como afirma Julio, “la resistencia no es solo una cuestión de firmas”, sino de dignidad frente a un modelo que consideran completamente alejado de la verdadera eficiencia energética y el respeto por el ecosistema y quienes lo habitan.