Violencia machista
Mutilación Genital Femenina: una violencia machista enquistada

El pasado 30 de enero una niña de 12 años llamada Nada Hasan murió en una clínica privada de una pequeña ciudad ubicada a 600 kilómetros al Sur del Cairo. Pocas horas antes, un médico retirado contratado por su familia le había practicado una ablación. La intervención se complicó y el sanitario no pudo salvar a la niña.

Tanto la familia de la niña como el médico se enfrentan ahora a penas de hasta quince años por la muerte de la pequeña, según estipula  la legislación egipcia —que prohíbe la mutilación genital femenina desde 2008— cuando la intervención conlleva el deceso de la víctima. A la mutilación genital en sí le corresponden penas de entre cinco y siete años. Penas muy superiores a las estipuladas antes de 2016, cuando se endureció el marco penal ante la persistencia de la práctica.

Según la Organización Mundial de la Salud la mutilación genital femenina “comprende todos los procedimientos que, de forma intencional y por motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos”. Son varios los tipos de intervención a los que las niñas pueden ser sometidas, y pueden incluir la remoción del del clítoris —denominado a menudo clitoridectomía—, el corte de los labios menores y en ocasiones también de los mayores —conocido como excisión—, o en el estrechamiento de la apertura vaginal, tipo conocido como infibulación.

La mutilación genital femenina constituye una vulneración de los derechos humanos con graves consecuencias físicas y psicológicas y una forma de violencia de género que, según Naciones Unidas habrían sufrido  200 millones de mujeres en todo el mundo y por la que cada año pasan tres millones de niñas.

Procedimientos, rituales y factores sociales y culturales, varían en las distintas poblaciones entre las que se extiende esta práctica, que se encuentran principalmente en las regiones occidental, oriental y nororiental de África, algunos países de Oriente Medio y Asia y en la diáspora procedente de estas áreas geográficas.

La Unión Africana insta a los gobiernos a erradicar la mutilación genital femenina a través de las normativas nacionales amparándose en la Carta Africana de Derechos y Bienestar de la Infancia y el Protocolo de Maputo sobre los derechos de las mujeres. A un año de que Sierra Leona prohibiera la mutilación genital femenina, solo Chad, Liberia, Malí, Somalia y Sudán no han legislado para erradicarla.

Como en el caso de la familia de la menor fallecida en Egipto, muchas familias continúan sometiendo a las niñas a estas intervenciones a pesar de su prohibición. El fuerte arraigo social de esta práctica, las presiones del entorno, o el temor a que las niñas no sean aceptadas en la comunidad, dificulta su erradicación y requiere de estrategias amplias que involucren a una variedad de actores, desde las instituciones educativas a las religiosas pasando por los medios de comunicación y los líderes comunitarios. 

África y Asia: tendencias contrapuestas

Mientras recientes estudios revelan una importante disminución de la práctica en el continente africano, durante las últimas tres décadas —especialmente en África Oriental— en Medio Oriente y Asia la tendencia sería ascendente.  La inclusión de Indonesia en los informes de Naciones Unidas en 2016 reveló que casi la mitad de las niñas menores de 11 años habían sufrido mutilación genital. A diferencia de lo que sucede en los países africanos, donde la mutilación es una práctica realizada también por comunidades no musulmanas, en el sudeste asiático se interpreta como una obligación religiosa para la población que practica el Islam.

Esa interpretación que asocia la mutilación genital femenina con la identidad religiosa, dificulta la lucha contra la ablación: En Indonesia, si bien ésta fue prohibida en 2006, cuatro años después, líderes religiosos obligaron al estado a recular permitiéndola en caso de ser realizada por personal médico. Así, el país es ejemplo de otra tendencia preocupante: la medicalización de la mutilación genital femenina. Por un lado, que sea personal médico el que realice la intervención da una apariencia de disminución de riesgos y consecuencias en la salud, supuesto que no se correspondería con la realidad según afirman organizaciones y expertos. Por otro lado, allá donde la ablación es ilegal, su ejercicio sube el precio, constituyendo un negocio para algunos profesionales.  

ESTADO ESPAÑOL

Según Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), en España viven una 70.000 mujeres y niñas procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina, 18.000 de las cuales estarían en riesgo de sufrirla. El artículo 149 del código penal de 1995 prohíbe explícitamente esta práctica en el país, con penas de seis a 12 años de cárcel  y la inhabilitación para el ejercicio de la patria postestad.  

La primera condena a cárcel por practicar la mutilación en España tuvo lugar en Teruel en 2011 por una ablación realizada en territorio estatal. Dos años después llegaría la primera condena a por una mutilación perpetrada fuera del territorio. 

La aproximación penal ha sido criticada por revictimizar a las niñas separándolas de sus familias. Desde las organizaciones se aboga por estrategias de sensibilización y prevención que incluyen la formación de los profesionales sanitarios, la mediación intercultural, y el trabajo de colectivos y agentes con origen en los países donde se practica la ablación. El foco de la prevención en las poblaciones de riesgo se pone en los viajes y vacaciones que las niñas realizan a los países de sus familias. 

Organizaciones como Médicos del Mundo abogan por trascender el ámbito sanitario donde el Protocolo de Acción Estatal centra sus esfuerzos e incluir al ámbito educativo. Para ello apuntan a una mayor articulación con las comunidades autónomas a las cuales corresponden estas competencias y que cuentan, en muchos casos, con sus propios protocolos. UNAF por su parte insiste en la necesidad de incrementar los recursos y herramientas para atender a las supervivientes de esta forma de violencia de género, reconocida tanto por el Pacto de Estado contra la violencia de género como a las leyes integrales de varias comunidades autónomas.