Violencia machista
El equipo jurídico de Juana Rivas pide que se suspenda la pena que le queda pendiente

El abogado y la asesora jurídica Francisca Granados han ofrecido una rueda de prensa en el Centro de la Mujer de Maracena en Granada donde han explicado que Juana reúne todos los elementos para que la pena restante quede en suspenso, según los requisitos contemplados en el artículo 80 del Código Penal. 

El equipo de Rivas ha vuelto a expresar su satisfacción por el apoyo del ejecutivo a este indulto parcial, cuyo Real Decreto ya ha sido publicado en el BOE. Consideran que la decisión cambia favorablemente el curso del procedimiento civil que está abierto en Italia y que decide la custodia de los menores el próximo viernes 19 de noviembre.

“Ahora el tribunal italiano puede tener claro que no existe ningún impedimento legal para que Juana pueda recuperar la custodia de sus hijos, y que pedimos en exclusiva”

“Ahora el tribunal italiano puede tener claro que no existe ningún impedimento legal para que Juana pueda recuperar la custodia de sus hijos, y que pedimos en exclusiva”, ha afirmado Aránguez, que también ha alabado el informe favorable del fiscal y los ocho magistrados  del Tribunal Supremo que apoyaron el indulto “que acogen gran parte de los razonamientos que desde la defensa de Juana Rivas hemos venido sosteniendo en lo que es un caso complejo, sobre todo por la falta de coordinación entre jurisdicciones, pero que se está encauzando por buen camino”.

Aránguez hacía mención a lo que considera el principal “escollo” en el caso de Rivas, la falta de coordinación entre la justicia española e italiana en abordar un caso en el que hay un factor de posible violencia de género. Según el letrado todo empezó mal cuando la denuncia que Juana Rivas interpuso contra su exmarido en Granada fue archivada en un cajón durante trece meses en lugar de traducirla y enviarla al tribunal italiano competente, como se contempla en el artículo 17 del Estatuto de la Víctima. Es en este tiempo cuando Arcuri obtiene la custodia exclusiva provisional de los menores por decisión del tribunal italiano, ignorante de la denuncia de Rivas.

“Si el señor Arcuri en lugar de vivir en Italia, viviera en Burgos este procedimiento se hubiera despachado en 48 horas y estando en la Unión Europea esto se debería haber tramitado del mismo modo”

Aranguez lo explica así: “Si el señor Arcuri en lugar de vivir en Italia, viviera en Burgos este procedimiento se hubiera despachado en 48 horas y estando en la Unión Europea esto se debería haber tramitado del mismo modo. Esa es la verdad del inicio del caso de Juana Rivas, un error en la tramitación de la denuncia no remitida a Italia que complica muchísimo el proceso”.

Francisca Granados también ha definido el caso de Juana Rivas como “ uno claro y nítido de violencia de género, lo dicen múltiples pruebas que lo acreditan”. Granados se ha referido a las razones esgrimidas por los magistrados del Tribunal Supremo a favor del indulto de Juana Rivas, adelantadas ayer en El Salto, que considera “fundamentales”.

Granados considera clave para el caso que “ocho magistrados del TS admitan tener pruebas en su poder que acrediten la situación de violencia de género que padecían Juana y sus hijos y que no tuvieron en el momento de tomar la decisión en la condena de Juana Rivas”, argumenta. Y ha ido más allá, “esa contaminación que se genera desde el minuto uno, se produce también en Italia, cuando la justicia italiana empieza a valorar la situación, se encuentra con una causa penal en España contra Juana Rivas que ha sido como una losa pesada que ha afectado todo lo que tiene que ver con Juana y que ha reafirmado algunos aspectos que ha seguido la justicia italiana hasta estos momentos”. Granados ha comentado que actualmente hay en Italia “hasta seis denuncias pendientes por malos tratos del padre hacia los hijos”.

Francisca ha reivindicado el papel del movimiento feminista apoyando a Juana y a sus hijos social y económicamente. “Juana Rivas es una mujer pobre, algún día podremos dar los números de la causa, miles y miles de euros gastados; y analizar el acceso que tienen las víctimas a la justicia”.