Violencia machista
Igualdad seguirá negociando su ley de violencia vicaria, que no irá el martes el Consejo de Ministros

El proyecto de ley orgánica contra la violencia vicaria que impulsa el Ministerio de Igualdad no irá finalmente al Consejo de Ministros del próximo martes, como aseguró la ministra, Ana Redondo, el pasado miércoles. Redondo reconoció la semana pasada que el texto era “delicado” por ser novedoso y que se estaba tratando de buscar una “técnica legislativa correcta”. Fuentes conocedoras de la negociación han explicado que Igualdad seguirá dialogando con todas las partes y que la ministra confía en poder llegar a un acuerdo. 

En ese “todas las partes” se encuentra el Ministerio de Juventud e Infancia, que este jueves se desmarcaba del anteproyecto tras conocerse que iría se forma inminente al Consejo de Ministros en segunda vuelta, después de que el 30 de septiembre recibiera el primer visto bueno del Consejo de Ministros. La ministra Ana Redondo presentó entonces esta ley como un compromiso político con el Pacto de Estado contra la violencia de género y como una respuesta ante el asesinato de niños y niñas por parte de sus padres.

Infancia se desmarcó este jueves del proyecto y justificó su salida en la negativa de Justicia a tener en cuenta las observaciones planteadas por su departamento

Infancia justificó su salida en la negativa de Justicia a tener en cuenta las observaciones planteadas por su departamento y mencionó, entre otros escollos, que limitaría la escucha a los niños y niñas, uno de los aspectos que Infancia quiere ampliar en el proceso que tiene abierto: una reforma de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la Lopivi. Pese al golpe en la mesa que supuso el anuncio de su abandono, el Ministerio de Rego decía dejar “la puerta abierta al diálogo para tener una ley a la altura”. 

Un día antes, el miércoles, la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional alertó de que el redactado de la ley podría dejar a las madres protectoras en una situación de inseguridad jurídica, tal y como informó El País. La coordinadora aseguró en una carta que hizo llegar a los tres ministerios implicados (Igualdad, Justicia e Infancia) sus preocupaciones, entre ellas que el texto actual permitiría al agresor seguir manteniendo contacto con hijos e hijas víctimas de violencia.

“Las organizaciones que conformamos la Coordinadora que suscribe esta carta, junto a muchas otras en todo el territorio español, vengamos demandando desde hace tiempo la regulación expresa de la violencia vicaria en los distintos ámbitos afectados (civil, penal,…), pero no de cualquier forma”, mantienen en la carta, en la que lamentan que una figura nueva como “un delito neutro” de violencia vicaria” entraría en en clara contradicción con el espíritu la propuesta.

La coordinadora considera urgente abordar “de forma coherente y decidida las consecuencias jurídicas de reconocer que los hijos e hijas también son víctimas y señalaba la necesidad de eliminar las excepciones que permiten mantener el contacto con el agresor, reforzar la formación de los y las profesionales, sancionar las malas prácticas y establecer mecanismos reales de reparación para las víctimas”.