Violencia sexual
Consentimiento en positivo, recursos sin denuncia y tercería locativa: así es el proyecto de ley del solo sí es sí

Cinco años después del caso de La Manada que provocó movilizaciones masivas contra la violencia sexual y trece años después del asesinato de Nagore Laffage, el anteproyecto de la ley del solo sí es sí ha sido aprobado en el Consejo de Ministros en segunda vuelta para ir previsiblemente a su aprobación en el Congreso de los Diputados en septiembre.

La Ley de Libertad Sexual precisamente recoge las demandas de la movilización que gritó “no es abuso, es violación”, en un texto que recoge una definición del consentimiento que tras varios meses de debate cambia para hacerse en positivo. De este modo, “solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

Fuentes de Igualdad consideran que de esta forma el texto se alinea con la definición del Convenio de Estambul en su artículo 36.2 y sitúa el consentimiento en el centro. 

Cuando entre en vigor la ley, las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia y todo acto sexual sin consentimiento será agresión lo que significa que se eliminan los abusos sexuales del Código Penal, que de momento recoge esta distinción.

Trabajadoras sexuales advierten: la ley de libertad sexual las criminaliza

Susana Albarrán Méndez

Trabajo sexual

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Envían una carta a la Relatora sobre Derecho a la Salud de la ONU donde explican su preocupación por los cambios en la ley del ‘solo sí es sí’, cuyo texto penaliza la tercería locativa.

El texto opta por un sistema penológico progresivo y proporcional a la gravedad, con horquillas más amplias con gradaciones desde las más “leves” a las más “graves”. También se recoge un catálogo de agravantes específicas, entre las que se encuentran las agresiones grupales, la existencia de una grave violencia o un daño también grave a la víctima en los términos del art. 46 del Convenio de Estambul, la especial vulnerabilidad de esta, o el uso de armas o medios peligrosos.

El texto pretende además evitar la revictimización desarrollando medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales

Además, las mujeres víctimas de violencias sexuales tendrán recursos a su disposición aunque no denuncien. Si son mayores de 16 años tendrán a su disposición centros de crisis 24 horas y, en caso de niños y niñas, la atención será especializada a través del desarrollo de las casas de infancia o Barnahus. 

Tercería locativa

Aunque no estaba contemplado en el anteproyecto inicial —ya que el proyecto del Ministerio de Igualdad es trabajar también en una ley específica de trata—, en el desarrollo de este texto el Ministerio ha optado por incluir algunos aspectos dirigidos a proteger también a las víctimas de trata y explotación sexual “con una premisa: todas las violencias, todas las mujeres”, justifican fuentes de Igualdad.

A este objetivo va dirigida la incorporación de la llamada “tercería locativa”, por la cual se “terminan con la impunidad de la industria del sexo”, por la que se penaliza a los dueños de los locales y clubes en los que se ejerza prostitución y se enriquezcan con ello. 

De esta manera, se perseguirá a los proxenetas que, de manera habitual y con ánimo de lucro, destinen cualquier establecimiento o espacio público o privado para la explotación sexual de terceras personas. Se responde así a las recomendaciones internacionales y a lo que demanda el movimiento feminista que pide legislar contra la impunidad absoluta de la industria proxeneta con la explotación sexual de mujeres y niñas en nuestro país.