Derecho a la vivienda
Colectivos sociales califican de “parche” la moratoria de desahucios y de cortes de suministro de tres meses

“Una buena noticia”. Así definía el Observatori DESC la publicación en el BOE de la moratoria de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional y de los cortes de suministro de agua, luz y gas natural. Hasta mediados de agosto, estas familias estarán protegidas por estas leyes pensadas para amortiguar el impacto de la crisis social provocada por el covid-19.

Las medidas aprobadas el 4 de mayo en el Consejo de Ministros incluyen una moratoria hasta el 9 de agosto del decreto 37/2019, que impide desahuciar hogares en situación de vulnerabilidad si estos no disponen de una alternativa habitacional digna. Este decreto, que “ha sido útil para paralizar algunos desahucios”, no ha llegado a todas las familias que lo necesitaban y no ha conseguido impedir que continuarán produciéndose desalojos de familias empobrecidas, con hijos a su cargo y sin un techo donde cobijarse, sobre todo, indican desde el Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) de Catalunya, porque hay jueces que no han querido aceptar el decreto.

Ante el inminente fin del estado de alarma, previsto para el 9 de mayo, el Gobierno central también ha decidido prorrogar las otras ayudas al alquiler que estuvieron vigentes hasta ahora

El Consejo de Ministros también decidió establecer una nueva prórroga de seis meses en los contratos de alquiler. Según explican desde el Sindicat de Llogaters, la norma publicada este 5 de mayo en el BOE obliga al arrendador a prorrogar seis meses los contratos que finalicen hasta el 9 de agosto. “Estas prórrogas pueden acumularse hasta el 9 de agosto (dado que la medida entró en vigor hace justo un año), es decir, que si tu contrato finalizaba el 5 de mayo del 2020 y ya has pedido dos prórrogas de seis meses, ahora puedes pedir una tercera”, explican desde este sindicato.

Ante el inminente fin del estado de alarma, previsto para el 9 de mayo, el Gobierno central también ha decidido prorrogar las otras ayudas al alquiler que estuvieron vigentes hasta ahora. Entre ellas, si el casero es un gran propietario, es decir si tiene más de diez viviendas o es una entidad pública, y el inquilino puede demostrar su vulnerabilidad, el propietario está obligado a reducir el alquiler en un 50% o ha hacer una moratoria en el pago de la renta. 

Una de las principales preocupaciones de las organizaciones de consumidores y que trabajan el problema de la pobreza energética —si la moratoria iba a incluir los cortes de suministro— quedó despejada tras la publicación de las medidas en el BOE. A pesar de que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, no lo mencionó en la rueda de prensa, el artículo 4 dispone que hasta el 9 de agosto “no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social”.

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética señalan la “poca ambición” del Gobierno al aprobar una prórroga de solo tres meses. “Qué pasará en pleno agosto con las familias vulnerabilizadas que acumulan deuda”, se preguntan

Con la inclusión de los cortes de suministro en la prórroga de las ayudas, estas organizaciones ven cumplida su demanda más urgente para asegurar que las familias más vulnerables no tengan que enfrentarse a cortes de agua, luz y gas tras el fin del estado de alarma, pero resulta claramente insuficiente. Desde la Alianza contra la Pobreza Energética señalan la “poca ambición” del Gobierno al aprobar una prórroga de solo tres meses. “Qué pasará en pleno agosto con las familias vulnerabilizadas que acumulan deuda”, se preguntan.

Para las organizaciones sociales, la única forma de defender a las familias de la pobreza energética y garantizar su derecho al agua es cambiar el punto de vista. Si hasta ahora, es el consumidor el que tiene que probar que es vulnerable o está en una situación de exclusión social, proponen que prevalezca el principio de precaución: de esta forma correspondería a las empresas suministradoras consultar con los servicios sociales si un hogar es vulnerable o no antes de cortarle el suministro.

El Sindicat de Llogaters califica las medidas de “parche a la crisis habitacional” que se vive en España desde mucho antes de la crisis del covid-19 y que solo podrá solucionarse con la aprobación de una Ley de Vivienda que prohíba definitivamente los desahucios sin alternativa habitacional y que regule los alquileres “para bajar los precios de burbuja”, una ley que “incida estructuralmente en el modelo de vivienda y que la entienda como un derecho y no como un bien de mercado o de especulación”.