Derecho a la vivienda
Consumo multa con 64 millones a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado a la plataforma de alquiler turístico Airbnb con una multa de 64.055.311 euros por vulnerar la normativa de consumo al anunciar miles de viviendas turísticas sin la correspondiente licencia, así como por otras prácticas consideradas ilícitas. La resolución es firme en vía administrativa tras la desestimación del recurso de alzada presentado por la compañía y agota todas las posibilidades de recurso dentro de la Administración.

La sanción ha sido impuesta por el departamento que dirige el ministro Pablo Bustinduy y se considera una de las multas más elevadas impuestas hasta la fecha en España a una plataforma digital de alquiler turístico. Según la información facilitada por el ministerio del ramo, la investigación ha permitido detectar 65.122 anuncios que incumplían la legislación vigente en materia de protección de las personas consumidoras y usuarias.

Entre las infracciones detectadas figura la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin número de licencia o registro, un requisito obligatorio en la mayoría de las normativas autonómicas. Asimismo, Consumo ha constatado que en numerosos casos Airbnb publicaba anuncios que incluían números de licencia incorrectos o que no se correspondían con los registros oficiales, lo que impedía a los consumidores comprobar la legalidad del alojamiento ofertado.

El expediente sancionador también recoge la falta de información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, es decir, si quienes ofertaban los alojamientos actuaban como particulares o como profesionales. Esta omisión, según el ministerio, constituye una práctica de publicidad engañosa, ya que puede inducir a error a los consumidores sobre los derechos que les asisten y las garantías aplicables en caso de conflicto.

La mayor parte del importe de la multa corresponde a una infracción grave, tipificada como práctica comercial desleal. La cuantía ha sido calculada en función del beneficio ilícito obtenido por Airbnb mientras los anuncios irregulares permanecieron activos en la plataforma, y equivale a seis veces ese beneficio durante el periodo comprendido entre el apercibimiento formulado por Consumo y la retirada efectiva de los anuncios. En este sentido, Consumo recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente las órdenes de retirada dictadas contra la plataforma.

Además de la sanción económica principal, la resolución impone a Airbnb dos sanciones accesorias. Por un lado, la obligación de eliminar todos los contenidos ilícitos detectados durante la investigación y corregir los incumplimientos señalados por la Administración. Por otro, la exigencia de hacer pública la multa impuesta, una medida que busca reforzar el carácter disuasorio de la sanción y advertir a otras empresas del sector sobre las consecuencias de incumplir la ley.

El expediente incluye también otras infracciones consideradas leves. Entre ellas, el incumplimiento del régimen de información en los contratos celebrados a distancia, al no facilitar datos esenciales sobre los anfitriones, sancionado con 10.000 euros. Asimismo, Consumo ha multado a la plataforma con otros 10.000 euros por obstrucción a la labor inspectora, al no atender adecuadamente los requerimientos de información durante la instrucción del procedimiento.

Por último, se ha impuesto una sanción adicional de 55.000 euros por el incumplimiento de las órdenes y medidas provisionales dictadas por el órgano instructor para evitar que continuaran produciéndose perjuicios a las personas consumidoras mientras se tramitaba el expediente. Esta infracción ha sido calificada igualmente como grave.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se subraya que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia para reforzar el control sobre el mercado del alquiler turístico y proteger a los consumidores frente a prácticas abusivas. En el ámbito de la vivienda, el departamento mantiene abiertos otros expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles irregularidades en la gestión del alquiler residencial.

El ministro Pablo Bustinduy ha vinculado estas actuaciones con la necesidad de afrontar la crisis de la vivienda que atraviesa el país. Según ha señalado, miles de familias viven en una situación límite como consecuencia del encarecimiento del acceso a la vivienda, mientras determinados modelos de negocio obtienen beneficios mediante prácticas contrarias a la ley. En este contexto, ha recalcado que ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede situarse por encima de la legalidad vigente, y ha defendido la actuación de Consumo como una herramienta clave para garantizar un mercado más justo y transparente.