Derecho a la vivienda
La amenaza de desalojo planea sobre las familias ocupantes de Suerte de Saavedra

Desde distintos frentes parece desplegarse una campaña cuyo objetivo sería el desalojo del bloque de Suerte de Saavedra (Badajoz), habitado en la actualidad por familias ensituación de pobreza y exclusión social,según diversas fuentes del propio inmueble ocupado y de colectivos de lucha contra la precariedad y por el derecho a la vivienda, como el Campamento Dignidad Extremadura, .

El 26 de agosto, Espejo Público de Antena 3 emitió un programa en el que, según los propios afectados, se iniciaba la ofensiva mediática, con comentarios sesgados acerca de que las personas ocupantes de los pisos “habían estado en la cárcel” o, en la línea de los discursos más reaccionarios en torno a la pobreza, “habían recibido ayudas por parte de las administraciones públicas”. Por otro lado, un sector de la Asociación de Vecinos, según distintas fuentes cercanas a los afectados, bajo el ambiguo paraguas de “querer encontrar una solución” estaría presionando en el sentido del desalojo, mientras recibiría promesas de las instituciones para edificar, precisamente en ese espacio, un centro destinado al uso de mayores. Un proyecto, en cualquier caso, del que nada concreto se sabe y del que no existe dato alguno que confirme su veracidad.

La Asociación de Vecinos, puesta en contacto con El Salto Extremadura, se defiende por su parte afirmando que “no entramos en si las personas que están en el edificio deben o no salir de allí, pero no hemos tenido conflicto con estas personas. Ni la Asociación de Vecinos presiona en el sentido del desalojo ni se ha prometido centro de mayores en ese espacio. Respecto al centro de mayores, hay una moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Badajoz hace más de tres años en la que se acordaba la creación de un centro de mayores en el barrio”, añadiendo que “desde entonces, el consistorio ni ha destinado fondos ni medios materiales al centro. Si es un acuerdo plenario y no se cumple, como para confiar en promesas que no están escritas”. 

Extremadura en lucha por la vivienda pública

VV.AA.

Derecho a la vivienda

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Campamento Dignidad y Mérida Solidaria convocan el 15 de julio una manifestación en Mérida, exigiendo a la Junta de Extremadura políticas de viviendas que hagan frente al enorme déficit habitacional de la región.

Desde las instituciones, mientras tanto y coincidiendo en el tiempo, se empiezan a hacer públicos movimientos sobre el Ministerio del Interior, titular de la propiedad, para que resuelva el tema. Así, la consejera de Vivienda de la Junta de Extremadura ya ha dado el paso de solicitar por carta a dicho Ministerio la cesión del bloque (90 pisos) por un periodo de 99 años, para así “reformar las viviendas y engrosar el parque social”. En cualquier caso, manteniendo la tónica habitual desde el principio del conflicto, levantando de paso todas las alarmas de las personas afectadas por el previsible desalojo, y sin atender a la situación en la que quedarían las familias que actualmente ocupan el inmueble. La reforma se haría, según se ha dado a conocer, con cargo a las subvenciones llegadas de Europa a causa del Covid, los fondos Next Generation.

La consejera de Vivienda de la Junta de Extremadura ya ha dado el paso de solicitar por carta a dicho Ministerio la cesión del bloque (90 pisos) por un periodo de 99 años, para así “reformar las viviendas y engrosar el parque social”

“En estos días hemos estado reunidos con familias que recuperaron algunas de las viviendas del edificio de la guardia civil en el barrio de Suerte de Saavedra en Badajoz”, afirma el Campamento Dignidad Extremadura, y señala que “dichas familias, sin medios económicos y sin recursos habitacionales de ningún tipo, hace cuatro años tuvieron que ejercer el ‘derecho humano’ y la ‘obligación moral’ de recuperar viviendas de un edificio abandonado por el Ministerio del Interior para no quedar en el callejón sin salida de la más absoluta indigencia habitacional”.

Como advierten desde Campamento Dignidad de Extremadura, en la actualidad “siguen sufriendo presiones oficiales y ‪‘oficiosas’ para que se vayan de aquellos pisos, sin que por ninguna institución local, regional o nacional se les ofrezca alternativa de acuerdo a su situación económica que no sea la más absoluta soledad y desamparo que procura la calle”. No obstante, insisten, “no se irán de esas viviendas hasta que no se les dé un techo en alquiler social en donde desarrollar una normal convivencia, aunque parece que poco importa la indignidad, humillación y descrédito que supone para las instituciones y poderes políticos que la gente tenga que vivir en la calzada”.

El encarecimiento de los alquileres y la escasez de viviendas sociales en Extremadura, una comunidad especialmente castigada por el desempleo y la pobreza (es, de hecho, la comunidad autónoma con menor renta del país) pone de manifiesto un problema estructural irresuelto en la comunidad autónoma en relación al derecho a la vivienda, problema agudizado tras el impacto de la pandemia y el subsiguiente deterioro de los sectores con rentas más bajas o más dependientes de una economía informal golpeada severamente por el confinamiento.

En la actualidad “siguen sufriendo presiones oficiales y ‪‘oficiosas’ para que se vayan de aquellos pisos, sin que por ninguna institución local, regional o nacional se les ofrezca alternativa de acuerdo a su situación económica

En Extremadura, por otro lado, y según datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de lanzamientos practicados por los juzgados, tanto los derivados de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como los derivados de las ejecuciones hipotecarias, en el primer trimestre de 2021 se situó en 126, lo que implica un incremento del 17,76 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior.

Insisten desde Campamento Dignidad en que “el tiempo viene demostrando que el gobierno socio-liberal de Fernández Vara no tiene interés en resolver los problemas habitacionales de los sectores más deprimidos de la sociedad extremeña. Los políticos al frente de las instituciones son, de hecho, los verdaderos responsables de que la necesidad de un techo en donde resguardarse empuje a las personas a recuperar viviendas abandonadas o retenidas por los fondos de inversión o las entidades bancarias, que las mantienen en vía muerta con el único interés de un futuro especulativo que le proporcione alta rentabilidad”.

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El mismo colectivo solicita de la Consejería de la Vivienda de la Junta de Extremadura “adoptar una política agresiva de adquisición o construcción de viviendas que a corto y medio plazo haga frente a esta situación. La alternativa que ofrece son las ayudas de alquiler, y estas medidas no dan solución al grave problema puesto que, además de disponer de presupuestos muy insuficientes, deben vencer un complejo funcionamiento burocrático que descarta de antemano a la inmensa mayoría de la población necesitada”.

Existen, en diferentes localidades de Extremadura, una gran cantidad de viviendas aprovechables en manos de entidades bancarias y organismos públicos como Los Álamos en Mérida, o Suerte de Saavedra en Badajoz, así como procesos virtualmente eternizados de construcción o adjudicación de vivienda social. En este último sentido, 31 viviendas de Villafranca de los Barros se deben adjudicar nuevamente, pues la empresa adjudicataria no reúne las condiciones mínimas para llevar a cabo la construcción, y siguen sin resolverse los casos de otras ya edificadas cuyas asignaciones están paralizadas desde hace años (Talayuela, Plasencia).