Derecho a la vivienda
Los docentes se organizan frente a una crisis de vivienda “incompatible con el derecho a la educación”

En un colegio de Madrid, varias profesoras comenzaron a observar un cambio repentino de comportamiento en uno de sus alumnos. De un día para otro, estaba más agresivo y tenía conductas desafiantes que nunca antes había mostrado. Antes de buscar la respuesta en un posible trastorno mental, las docentes se dieron cuenta de algo: ese cambio en el niño había coincidido con la visita de unos agentes uniformados que venían a dar charlas sobre conducta vial. Indagando, desenterraron la historia completa: aquel niño había sufrido recientemente un desahucio con una actuación violenta por parte de policías, también de uniforme.

“En todos los cursos he tenido conocimiento de situaciones bastante dramáticas relacionadas con la vivienda”, dice Esther, profesora de biología, que es quien ha compartido esa anécdota. Casi siempre conocen el caso cuando ya es tarde; sin embargo, “previo al desahucio hay muchos indicativos que como docentes debemos preguntarnos qué hay detrás: comportamientos disruptivos, desafiantes, desbordes emocionales, ataques de ira, llanto, aislamiento, baja autoestima”.

Los cien rostros de la crisis de vivienda

En España, la tasa de pobreza infantil no para de crecer, el precio de la vivienda ha aumentado un 29% en la última década, las familias destinan un 60% de sus salarios al pago del alquiler y se calcula que entre el 70% y el 80% de los desahucios los sufren familias con niños. El impacto que la crisis de vivienda está teniendo en la infancia es profundo y, entre otros derechos básicos, afecta al de la educación. Las y los profesores se sienten desbordados: esta emergencia habitacional no puede compensarse por la vocación docente o por ningún proyecto educativo.

Para Alicia del Río, orientadora educativa y parte del Sindicato de Inquilinas de Madrid, cuando la vivienda no está asegurada, el alumno no está en condiciones de aprender. Desde los centros educativos se puede hacer adaptaciones, medidas de atención a la diversidad, refuerzos, etc. pero son meros parches cuando el origen del problema es tan devastador como la falta de un hogar estable. Y el sistema de vivienda actual, regulado para que las casas sean un bien de mercado, genera una inmensa inseguridad habitacional que no siempre se traduce en la expresión última del desahucio, sino que adquiere otros rostros.

Un desahucio afecta al derecho a la educación de otras formas, como forzando a la familia a desplazarse lejos del centro escolar

En su aula, Del Río los presencia en el día a día: “Vemos que por la subida de precios de alquiler hay una sobrecarga y vulnerabilidad económica brutal, que provoca el riesgo de caer en impago (ahora mismo se producen muchos más desahucios por impago de alquiler que de hipoteca)”, cuenta. También hay desahucios invisibles, situaciones de hacinamiento, familias migrantes o monomarentales a quienes se discrimina a la hora de alquilar, subarriendos o la terrible situación de verse obligado a okupar.

¿Cómo hace mella la crisis de vivienda el derecho a la educación?

Ruth, madre soltera de dos hijos, tuvo que desplazarse a un pueblo de Toledo en busca de un alquiler asequible. Cuando creía haber encontrado estabilidad en su casa, la empresa que la gestionaba quebró con la crisis del ladrillo y pasó a manos de la Sareb. Una mañana llegó la temida carta del juzgado: ella y otras familias del bloque debían abandonar su hogar en apenas once días.

“Mi mundo se quebró por completo. Ha sido una de las experiencias más duras de mi vida”, recuerda. “Lo peor es lo que esto significó para mis hijos. Sentí angustia, vergüenza. No se lo conté ni a mis padres. Esta situación te hace sentir fracasada como madre”. Ella y sus hijos sufrieron tres desahucios, “y con ellos las noches sin dormir. Me volví olvidadiza, llegamos tarde al cole, se me olvidaba el almuerzo, la excursión, se me olvidaba todo. A veces mis hijos me hablaban y no les contestaba con el tono que merecían. Esto les afectaba”. Su historia tiene un final esperanzador: después de contactar con el Sindicato de Inquilinas, y tras mucha lucha, el pasado mayo lograron firmar los contratos de todas las familias de su bloque.

“Todas estas situaciones de inseguridad [habitacional] impactan en el aprendizaje, desarrollo y escolarización. Evidentemente todo esto hace que niños, niñas y adolescentes no se puedan concentrar, tengan dificultades atencionales, son vivencias que vienen con miedo, culpa, sensación de fracaso, mucha confusión y ansiedad”, dice Del Río. “El clima que hay en casa es de inseguridad y los niños y niñas se contagian ese clima, de ahí surgen cosas que luego vemos en el aula: desde gente que se retrae y está solitaria hasta gente que se porta mal y está alterada. Cuando estos miedos se cronifican acaban en problemas de salud mental: diagnósticos de ansiedad, depresión, y esto tiene consecuencias en la educación”. Además, un desahucio afecta al derecho a la educación de otras formas, como forzando a la familia a desplazarse lejos del centro escolar.

Politizar el conflicto

De las movilizaciones en la calle por la vivienda del año pasado nació un debate entre los y las docentes: ¿qué podían hacer ellos? Después de que en Barcelona se presentara el protocolo “Sin vivienda no hay educación", en Madrid decidieron hacer lo propio. Así, el Sindicato de Inquilinas de Madrid, junto a sindicatos de enseñanza y asambleas de profesorado, elaboraron un protocolo de actuación en vivienda para centros educativos, que fue presentado el pasado 24 de noviembre.

“Este proyecto está hecho por docentes. Nace de la experiencia que todas tenemos de rabia, de sentir impotencia cuando estamos trabajando con el alumnado y nos encontramos que detrás hay una situación de vivienda gravísima que supera lo que nosotras podemos hacer”, explicó Del Río durante la presentación del informe.

Coincide con ella Cristina, también orientadora educativa: “La sensación del departamento de orientación y de todos los docentes es de inabarcabilidad, de frustración ante estas situaciones”, cuenta. Su departamento funciona como un enlace con los servicios sociales, pero “al final lo que se hace con las problemáticas de vivienda es entrar en esta lógica de la derivación. Tenemos una sensación constante de abandono hacia el alumnado y de perpetuar esa vulnerabilidad”, critica.

Por eso reivindica un cambio de enfoque: “Tenemos que politizar el conflicto”, dice. En la práctica, esto se logra generando alianzas entre los sindicatos de vivienda, los centros de salud pública, las asociaciones vecinales, los colegios, etc. De ese modo cree que se puede romper con la fragmentación de las luchas e involucrar a todos: “Que las familias entiendan este conflicto como una problemática social y un derecho. A partir del trabajo en tutorías, con la participación del alumnado, haciendo escuelas de familias (con las dificultades que eso tiene, como la falta de tiempo), logramos generar una sensación de agencia”.

Un protocolo contra el aislamiento y la vergüenza

El proyecto busca romper el aislamiento de las familias y promover el afrontamiento activo de la lucha por su vivienda, no en el momento de la orden de desahucio sino mucho antes. “Romper el aislamiento, tener una conversación con las familias en las que puedan expresar esos afectos y volverlos movilizadores”, dice Del Río. “Que sepan que, además de ir a servicios sociales, hay otra vía que es acudir a un sindicato de inquilinas, que hoy en día te garantiza una situación de mayor poder que si estás sola”.

Los y las docentes pueden ser una figura de acompañamiento y un enlace con el sindicato de inquilinas para transformar estas experiencias en procesos de empoderamiento y colectivización del problema.

El protocolo propone varios pasos, entre los que está su difusión en los centros escolares y la creación de “Puntos de Vivienda” en cada centro educativo. Los integrantes de estos Puntos de Vivienda serán los encargados de hablar con la familia en riesgo, y hacer un acompañamiento basado en la comprensión para mitigar la vergüenza y la culpa, señalando el problema de la vivienda como estructural. Finalmente, a ayudarles a afrontar la situación a través del sindicato de vivienda, con su posterior seguimiento; todo ello, con un objetivo: que los niños y niñas logren quedarse en sus casas y en sus centros escolares.