Derecho a la vivienda
ERC exige que la Sareb no renueve el contrato con KKR después de una investigación de El Salto

Más de un centenar de artistas, muchos de ellos cabeza de lista, han renunciado a participar en los grandes festivales de música propiedad de KKR, un fondo de capital riesgo que combina negocios en el mundo del espectáculo con la oferta de pisos en territorios ocupados palestinos. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, llegó a decir que este tipo de fondos “no eran bienvenidos” en el país. 

Entre sus grandes contratos en España destaca la gestión del 55% del patrimonio de la Sareb, un banco bajo control público desde 2022 y avalado con fondos públicos. La investigación de El Salto publicada el pasado 24 de mayo profundizaba en las malas prácticas de Hipoges, la filial de KKR encargada junto con dos filiales de Blackstone —Aliseda y Anticipa— de vender, gestionar e, incluso, tramitar parte de los desahucios de unas viviendas que han sido pagadas varias veces con dinero publico.

Este 10 de junio, a iniciativa de Esquerra Republicana, este partido y EH Bildu presentan un moción en el Senado y una pregunta parlamentaria y una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso. El objetivo: que los contratos de la Sareb con KKR y Blackstone, que vencen este verano, no sean renovados. Según confirman en el texto de la moción, basan su argumentación en el texto publicado en El Salto.

Este grupo parlamentario critica en la exposición de motivos que la Sareb haya entregado la gestión inmobiliaria a fondos de capital riesgo extranjeros con un historia de “prácticas gravemente preocupantes: puesta a la venta de viviendas todavía habitadas, carencia de transparencia sobre su situación jurídica, y desatención a la vulnerabilidad de las personas residentes”. 

“El futuro de miles de viviendas públicas no puede continuar en manos de fondos que priorizan la rentabilidad económica por encima de los derechos fundamentales”, dicen desde ERC y EH Bildu

Todas estas actuaciones contradicen, según afirman, “la función social de la propiedad y la voluntad del Gobierno de reforzar el parque público de vivienda para alquiler social”. 

Los intereses del fondo de KKR en territorios ocupados palestinos son “contrarios al derecho internacional y vulneran las resoluciones de la ONU”, una entidad que recordó el pasado 29 de mayo que los asentamiento en la Cisjordania ocupada son ilegales. La finalización de los contratos con KKR y Blackstone, defienden desde estos partidos, abre una “oportunidad decisiva para el Gobierno español: la de no renovar estos contratos y recuperar para el sector público la gestión directa de los activos inmobiliarios”. 

Según defienden, se trata de “una decisión estratégica con profundas implicaciones sociales y políticas” ya que permitiría “poner fin a prácticas especulativas, garantizar la función social de los bienes públicos y construir una política de vivienda que responda a las necesidades de la población”.

Para ERC y EH Bildu, en las siguientes semanas se presenta “una ocasión única para enderezar el rumbo: el futuro de miles de viviendas públicas no puede continuar en manos de fondos que priorizan la rentabilidad económica por encima de los derechos fundamentales”.