Derecho a la vivienda
La extrema derecha se cuela en los criterios para asignar vivienda pública y protegida

Cada vez son más los gobiernos locales de PP y Vox que apuestan por endurecer los criterios de acceso a la vivienda pública y protegida, marginando a los sectores de la población a los que acusan de ser responsables de la crisis: migrantes y personas obligadas a ocupar por la espiral de precios.

El 27 de enero, el mismo día que el Gobierno lanzaba la regularización de medio millón de personas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba nuevas medidas para garantizar el derecho a la vivienda en la región: cualquier persona que quiera hacerse con un piso protegido en la comunidad necesitará al menos diez años de empadronamiento.

Además, según el Reglamento de Vivienda Pública que prevé aprobar en julio, aquellas personas que han sido condenadas por allanamiento de morada o usurpación de vivienda no podrán acceder a una vivienda protegida en cinco años. 

Iniciativas y declaraciones similares se repiten en toda España. En el nuevo Plan de Vivienda de Andalucía, que entró en vigor el pasado 24 de enero, la Junta de Juanma Moreno Bonilla (PP) pretende “solucionar” el problema de la vivienda con más medidas punitivas contra la ocupación. Entre disposiciones para agilizar desahucios y más recursos para los propietarios, la norma establece que las personas que en los cinco años previos hayan sido condenadas en firme por estos delitos no podrán optar a una vivienda de promoción pública o social.

“Todo lo que Vox lleva diciendo desde hace mucho tiempo parece que ahora el PP empieza a aceptar”, dijo el portavoz de Vox en la Asamblea regional de Murcia, José Ángel Antelo, el 27 de enero

La nueva Ley de Vivienda Asequible de Murcia, hoy en fase de consultas, repite el mismo esquema. La región impedirá que las personas que hayan ocupado puedan aspirar a una “vivienda asequible” si han sido condenadas a través de una sentencia firme por allanamiento de morada o por el delito de usurpación en los últimos diez años. La ley también vetará a quienes hayan sido sancionados mediante resolución administrativa por estos delitos. “Todo lo que Vox lleva diciendo desde hace mucho tiempo parece que ahora el PP empieza a aceptar”, dijo el portavoz de Vox en la Asamblea regional, José Ángel Antelo, el 27 de enero.

La iniciativa contra personas migrantes o forzadas a ocupar también aterriza en las administraciones locales. En Valencia, el 30 de enero, la alcaldesa María José Catalá (PP) anunciaba que se pedirán siete años de empadronamiento mínimo para acceder a las viviendas de alquiler asequible. Para Paco Simón, portavoz de Valéncia Acull, se trata de una medida discriminatoria contra las personas migrantes, “las que más dificultades tienen para lograr el padrón porque se ven obligadas a vivir muchas veces en habitaciones o pisos sin contratos de alquiler”. 

En octubre de 2025, Junts lanzó una propuesta para endurecer los criterios de acceso a la vivienda pública en Catalunya estableciendo un mínimo de diez años de empadronamiento, una medida diseñada para “priorizar” a los residentes ante un bien definido por el partido como “escaso”. El Observatori Desca denunció que este partido estaba “haciéndole el juego a la extrema derecha que, de forma sistemática, culpa a la población migrada” de los altos precios. Según esta organización, clave en las luchas por la vivienda en territorio catalán, se trata de una medida que ya ha sido considerada ilegal en otros países europeos. “La disminución ficticia de la demanda de vivienda protegida y el principio de ‘primero los de casa’ no pueden resolver la crisis crónica de vivienda; solo sirven para distraer la atención y dividir las clases que sufren sus efectos”, advertían.

Populismo punitivo y política de titulares

En el caso de la Comunidad de Madrid (CAM), comenta a El Salto la abogada de CAES Alejandra Jacinto, no hay realmente grandes novedades y las declaraciones de Ayuso entran más bien en el terreno del “populismo punitivo”. En la actualidad, matiza, una persona que está ocupando en la Comunidad de Madrid no puede optar a ningún tipo de vivienda de promoción pública, tal como refleja el Decreto 52/2016, “algo que condena a una persona que está okupando a no poder dejar de hacerlo”. Y el mismo decreto ya dicta diez años de empadronamiento o trabajo en la región para acceder a la vivienda pública, eso sí, con algunas salvedades de corte humanitario. La novedad, dice Jacinto, es que ahora Ayuso añade una penalización para aquellas personas que hayan sido condenadas por los delitos de usurpación. Antes no podías acceder a una vivienda si estabas ocupando. Ayuso pretende ahora que no puedas acceder si has ocupado en los últimos cinco años. 

Todavía no se conocen los detalles del plan que prepara el Gobierno de Ayuso, pero si de lo que se trata es de ampliar las restricciones que contaba la vivienda pública —promovida por el Gobierno regional con precios bajos— a la vivienda protegida —muchas veces impulsada por empresas privadas a precios mucho más altos— tampoco va a haber una gran diferencia. Según cuenta a El Salto Diego Sanz, activista de PAH Vallekas y del Plan Sareb, los precios de la vivienda protegida “ahora son tan altos que la mayoría de las personas que ocupan no pueden optar a ellos” por lo que la medida anunciada no tendría grandes efectos más allá de criminalizar a la ocupación. 

Si de lo que se trata es también castigar a las personas que han ocupado en el pasado, esta norma tendría una aplicación discutible desde el punto de vista jurídico, explica la exresponsable de Vivienda de Podemos. Según argumenta Jacinto, el delito de usurpación —ocupar un piso vacío sin violencia— genera antecedentes penales, pero en los casos más leves estos desaparecen después de seis meses. Pasado ese periodo, con los antecedentes cancelados, sostiene Jacinto, al menos en teoría, podrían volver a aplicar a una vivienda de protección pública.

El abogado Diego Redondo califica la criminalización de las personas que ocupan como “contraproducente”: si se corta el acceso a la vivienda social, “quien se ve en la necesidad de ocupar va a seguir ocupando”

Diego Redondo, activista y abogado experto en derecho a la vivienda, comparte la misma crítica a estas medidas. Que una administración pública tenga en cuenta unos antecedentes penales prescritos y borrados para generar una “doble penalización” crearía nuevos interrogantes jurídicos, sostiene.

Más allá de las lecturas técnicas, Redondo califica la criminalización de las personas que ocupan como “contraproducente”: si se corta el acceso a la vivienda social, “quien se ve en la necesidad de ocupar va a seguir ocupando”. En la enorme mayoría de los casos, dice, la ocupación se trata de una “solución de subsistencia pura y dura”. Además, estas disposiciones incurren en una doble penalización: “Estás castigando a alguien que no tiene otro lugar donde vivir, quitándole la opción de acceder a una vivienda pública”. 

El gran problema, añade Redondo, es que en el tema de la vivienda “se gobierna a través del titular”. El ejemplo más claro es el inminente fin de la moratoria de los desahucios, que actualmente evita que 60.000 familias pierdan sus casas y se enfrenten a una realidad donde no hay viviendas a las que puedan acceder de forma legal, ni en el mercado ni entre las ofertas de vivienda social, insuficientes para la demanda. “Esta gente está fomentando la okupación”, sentencia.

De fondo, hay una “guerra” y la “primera batalla” es la ocupación, a la que la derecha y la extrema derecha pretenden situar como causa de la crisis de vivienda y no como una consecuencia

En un contexto de “alquileres totalmente desmedidos, de compraventa privativa de viviendas, de especulación con las hipotecas, de fondos de inversión que acumulan viviendas, todas estas medidas lo único que están haciendo es que la crisis de la vivienda se haga mucho más grande”.

De fondo, afirma Redondo, hay una “guerra” y la “primera batalla” es la ocupación, a la que la derecha y la extrema derecha pretenden situar como causa de la crisis de vivienda y no como una consecuencia de la espiral de precios y la falta de parque público. 

La doble discriminación contra la población migrante

El mismo círculo vicioso se reproduce con la población migrante, cuenta este activista del movimiento de la vivienda. Pone como ejemplo su ciudad, Collado Villalba, donde “hay directrices claras de no empadronar a quien está ocupando”. Y no es el único caso, son muchos los ayuntamientos que ponen trabas al empadronamiento de migrantes, denuncia, cuando hacerlo “es una obligación legal” de la administración al tratarse de la puerta de entrada a numerosos derechos, a las ayudas sociales, a los servicios públicos y a la propia vivienda de promoción pública.

A pesar de que la población migrante representa el 60,9% de las solicitudes, solo han recibido el 26,5% de las viviendas públicas adjudicadas desde 2008, según un informe de Provivienda

Las políticas discriminatorias contra la población migrante para acceder a vivienda pública vienen de lejos, tal como documenta un informe de Provivienda de 2022. Según este trabajo, en la Comunidad de Madrid la exigencia de diez años de empadronamiento hace que casi el 80% de las solicitudes rechazadas por este motivo correspondan a personas extranjeras. A pesar de que la población migrante representa el 60,9% de las solicitudes, solo han recibido el 26,5% de las viviendas adjudicadas desde 2008. Desde 2016, esta cifra ha caído hasta el 23%, lo que demuestra que la discriminación hacia la población migrante que quiere acceder a vivienda pública no ha hecho más que hacerse más grande.

En Canarias, el requisito de un empadronamiento de siete años —o 15 si ha habido interrupciones— es calificado por este informe como “desproporcionado” y “carente de justificación razonable”. En esta comunidad autónoma, las autoridades exigen no solo que los solicitantes estén regularizados —como ocurre en todas las comunidades—, también obliga a que todas las personas que conforman la unidad familiar cuenten con un NIE, incluidos los menores de edad, algo que no ocurre en el resto del Estado español.

En Catalunya, las últimas encuestas señalan que el partido Aliança Catalana de Silvia Orriols va camino de superar en intención de voto a Junts, formación que ha asumido muchas de sus ideas de ultraderecha sobre política migratoria. Entre ellas, dificultar el empadronamiento a las personas migrantes, una práctica que desplegó en Ripoll (Girona) y por la que se ganó varios requerimientos de la Generalitat catalana. 

Desde el Observatori Desca hacen un llamamiento a la movilización y a combatir por todos los medios, incluidos los tribunales, la “normalización de los discursos de odio de la extrema derecha, que lo único que buscan es dividir a la población para servir a los intereses privados y especulativos”.