Opinión
Frente a la especulación que nos violenta, defender el hogar es una lucha feminista

Me siento en los escalones fríos de la casa de María, esperando a que devuelva la llave del que fue su hogar durante más de veinte años. Pierde la vivienda al fondo de inversión que la obtuvo de Caixa Bank, tras la quiebra de su pequeño comercio, donde vendía telas y ropa en un barrio de Hospitalet. La casa que simbolizó su trabajo, su esfuerzo, sus aspiraciones, hoy se escapa entre procedimientos judiciales que desalojan con frialdad y violencia.

Avanzamos despacio por la escalera, al ritmo de su fibromialgia y el dolor en la cadera. Dolores acumulados tras años de llevar doble turnos laborales, limpiando, cuidando, sirviendo. Dolores por cargar con una deuda que en este día se materializa en forma de desahucio. 

Fuera, prohibida mi entrada por orden de las autoridades, repaso mis notas y sigo el hilo de violencias que atraviesa su vida. La antropóloga Cecilia Menjívar conceptualiza la violencia multiescalar como aquella que no es un episodio concreto, sino una condición crónica que se acumula a lo largo del tiempo. Es violencia que cruza cuerpos, instituciones, leyes, fronteras y paredes.

Recuerdo a su expareja, el hombre que compró la casa con el dinero de María, sin su consentimiento y sin otorgarle titularidad. Una forma de violencia económica y patrimonial que luego permitiría al sistema legal considerarla “ocupa”, incluso después de casi un cuarto de hipoteca paga, incluso luego de más de dos décadas viviendo allí. 

Luego de divorciarse, María continuo durante más de diez años compartiendo la vivienda con él. Para sobrevivir, organizó su vida cotidiana creando espacios de desencuentro: horarios desfasados, estancias delimitadas, silencios forzados. Continuó soportando durante todos estos años violencia simbólica y episodios continuados de violencia verbal. Permaneció en ese espacio no por elección convivencial, sino por falta de alternativas habitacionales. Su cuerpo absorbió la violencia que las políticas de vivienda ignoran.

Hoy existe un patrón evidente: mujeres migrantes, muchas madres, muchas supervivientes de violencias machistas, son el corazón de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Lo que parecía un caso excepcional, comprendí luego que es lo común. Es la norma entre muchas mujeres que acuden a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Desde 2009, la PAH se enfrenta a la ola de ejecuciones hipotecarias y desahucios en España. Hoy existe un patrón evidente: mujeres migrantes, muchas madres, muchas supervivientes de violencias machistas, son el corazón de la plataforma. Llegan porque las instituciones les fallan. Se quedan porque, en sus propias palabras, es el primer lugar donde no te tratan como delincuente por querer seguir en tu casa.

La llamada “crisis de vivienda” en ciudades como Barcelona suele narrarse a través de cifras: alquileres que interanualmente, suben más del 13,5% por ciento en, más de 27500 familias desplazadas este 2024, uno de los parques públicos más bajos de Europa. Pero la creciente especulación inmobiliaria no nos golpea a todas igual. La vivienda no es solo escasez material, es una disputa sobre quién puede habitar la ciudad y bajo qué condiciones. Es una política que convierte el derecho a vivienda en un privilegio sujeto al mercado.

Para las personas migrantes y racializadas, el racismo intensifica la exclusión. Aunque posean ingresos, documentación o referencias, las puertas se cierran. El sociólogo Matthew Desmond explica que muchas propietarias consideran a las mujeres migrantes como un “riesgo” para la propiedad. Varias entrevistadas cuentan que se las cataloga como “el perfil malo”, un eufemismo que las marca como poco fiables. Las madres solas son especialmente penalizadas, como si su maternidad fuera la causa del impago, y no la subida constante de los alquileres.

Frente a la falta de alternativa, y la necesidad de huir de una violencia, esta discriminación empuja a muchas hacia viviendas hacinadas, alquileres abusivos o directamente a ocupar inmuebles vacíos. Cuando la ocupación se considera ilegal, la criminalización de la pobreza se convierte en otra forma de violencia institucional. “¿Dónde más puedo ir?” no es una pregunta retórica, es una pregunta territorial que revela cómo la violencia habita los cuerpos y los espacios.

Desde una perspectiva feminista decolonial, la metodología cuerpo-territorio permite analizar cómo las mujeres migrantes atraviesan la precariedad habitacional, la violencia y la lucha por la pertenencia. Como recuerda Adrienne Rich, hay que empezar por el territorio más cercano: el cuerpo. Un cuerpo atravesado por maternidades, migraciones, fronteras, empleos precarios, deuda y desahucios. Mapear los cuerpos permite entender cómo la violencia se inscribe en ellos antes de expresarse en expedientes, contratos o sentencias.

Durante seis meses investigué los efectos de los desahucios en la vida de las mujeres que son parte de la PAH de Barcelona. Seis de las 14 mujeres entrevistadas identificaron la violencia machista intrafamiliar como raíz de su precariedad residencial. Varias convivieron durante años con parejas abusivas porque no tenían dónde ir. Dos de ellas utilizaron la ocupación como única vía de escape.

Cuando el acceso a un alquiler es rechazado una y otra vez por ser madre sola, migrante, sin contrato indefinido, muchas mujeres aceptan permanecer con el agresor o soportar intercambios abusivos por techo

Esto coincide con múltiples investigaciones internacionales que analizan la violencia de género dentro del hogar. Autoras como Dos-Santos muestran cómo las mujeres migrantes sufren intensificación de la violencia debido a su estatus legal, precariedad laboral y dependencia económica. En un contexto de crisis de vivienda, el miedo a la calle agrava la violencia. Como señalan Clough et al. (2014), disponer de vivienda segura y estable es uno de los factores más decisivos para abandonar una relación abusiva. Cuando el acceso a un alquiler es rechazado una y otra vez por ser madre sola, migrante, sin contrato indefinido, muchas mujeres aceptan permanecer con el agresor o soportar intercambios abusivos por techo. En medio de una crisis habitacional, el hogar puede ser refugio y arma, lugar de protección y lugar de daño.

El desahucio de María, su migración, la violencia ejercida por su expareja, no son hechos aislados. Revelan una continuidad colonial: las mujeres migran expulsadas por procesos históricos de despojo en el Sur global, y aquí encuentran nuevas formas de desposesión. El derecho a la vivienda está atravesado por el racismo estructural y el patriarcado. Como señalan autoras como Blomley o Roy, los regímenes de propiedad nunca han sido neutrales. Determinan quién tiene derecho a permanecer, quién es considerado legítimo y quién debe desaparecer.

Pero las mujeres migrantes no solo padecen violencia. A través de la organización colectiva, la ayuda mutua y la resistencia cotidiana, forman resistencia y crean nuevas formas de habitar la ciudad. En la PAH se comparten cuidados, se enseña a navegar instituciones, se construyen parentescos políticos. Lo que muchas describen como su “familia elegida”. Estas prácticas desafían las lógicas de la propiedad y abren territorios basados en el cuidado, la dignidad y la solidaridad.

Sentada en los escalones fríos de María comprendí que la lucha por la vivienda nunca trata solo de muros. Trata del cuerpo que cruza fronteras, de la violencia que se acumula y perpetua en silencio, y de la fuerza colectiva que emerge para enfrentarlo.

En este 25N, en las jornadas contra la violencia hacia las mujeres, denunciamos que la crisis habitacional prolonga y agrava la violencia de género dentro de los hogares. Muchas mujeres permanecen con sus agresores porque no tienen alternativa, muchas otras ocupan como respuesta a la falta de vivienda para madres solteras. Reclamamos que toda política pública, incluida la vivienda, incorpore una perspectiva feminista y antirracista.

Reivindicamos el derecho a un hogar como condición para vivir libres de violencia. Y destacamos la agencia de las mujeres que, cada vez que luchan por seguir en sus casas, amplían los límites de ciudadanía, cuestionan los privilegios del mercado inmobiliario y crean nuevos territorios de cuidado y resistencia.