Derecho a la vivienda
El futuro de la regulación de los alquileres en Catalunya se juega el 12M

El decreto que regula los alquileres de temporada que lanzó el Govern era la pieza que faltaba para que funcionen los topes de los precios. Pero la norma debe ser revalidada con los votos socialistas y convergentes, que se han opuesto a la medida
Sindicat de Llogaters asamblea de afiliadas
Sexta asamblea de afiliadas. El Sindicat de Llogaters de Catalunya funciona de manera democrática y asamblearia, sin subvenciones. Barcelona, 22 de octubre de 2022 Ivan Giesen
@MartinCuneo78
@martincuneo.bsky.social
2 may 2024 06:00

El día que entró en vigor la regulación de los precios de los alquileres en Barcelona, hasta el 90% de la oferta de nuevos alquileres ya era de temporada. Este tipo de alquileres, que permite contratos de menos de un año sin límite de precio, no entraba en la Ley de Vivienda y los propietarios lo convirtieron rápidamente en la principal vía para sortear la regulación de los alquileres.

Un mes después, el 24 de abril, el Govern de Pere Aragonés (ERC) lanzaba un decreto ley por el que limitaba los alquileres de temporada y por habitaciones a unos pocos y justificados casos, toda una victoria “después de años de lucha”, según celebró el Sindicat de Llogaters (sindicato de inquilinos) de Catalunya. Con estas modificaciones, se daban las condiciones para que el precio de los alquileres pudieran comenzar a bajar, pero las elecciones del 12M pueden llevar la lucha contra la especulación del alquiler al punto de partida. 

ERC deberá contar con el apoyo de socialistas o convergentes para revalidar el decreto que regula los alquileres de temporada. Y hay un problema, ninguno de los dos grupos está por la labor, al menos de momento

Pese a la aprobación del decreto que regula los alquileres de temporada y de habitaciones, la norma tendrá que ser revalidada un mes después de su entrada en vigor, es decir en un escenario postelectoral con el Parlament disuelto. La ratificación se tendrá que realizar en la Diputación Permanente de la Cámara, donde ERC deberá contar con el apoyo de socialistas o convergentes para conseguir su revalidación. Y hay un problema, ninguno de los dos grupos está por la labor, al menos de momento.

La número dos del PSC, ​​Lluïsa Moret, ha criticado que el decreto se haya lanzado sin negociación previa con su grupo parlamentario, y ha señalado el carácter electoralista de la medida y que se adelante al grupo estatal que está estudiando medidas para regular el alquiler de temporada. Las críticas también han venido del partido de Carles Puigdemont, que acusó al Govern de “improvisación y electoralismo”. El número tres en la candidatura de Junts, Josep Rull, se alineó con los discursos de la patronal inmobiliaria al defender que una mayor regulación solo llevaría a “reducir y encarecer la oferta”. 

Las elecciones del 12M marcarán el futuro de esta norma. Según el portavoz del Sindicat de Llogaters Enric Aragonés Jové, “está en manos” del PSC y Junts “tumbar esta victoria”. Desde el Sindicat, instan a todos los partidos a “comprometerse públicamente, por escrito y antes de los comicios” con el apoyo a la regulación de los alquileres de temporada.

Desde el Sindicat de Llogaters, instan a todos los partidos a “comprometerse públicamente, por escrito y antes de los comicios” con el apoyo a la regulación de los alquileres de temporada

“Entendemos que todo ciudadano tiene derecho a saber, antes de ir a las urnas, qué partidos están a favor de defender el derecho a la vivienda y cuáles prefieren la vía libre al fraude en los alquileres temporales”, señalan desde el Sindicat de Llogaters. En los siguientes días convocarás a todos los grupos parlamentarios presentes en el Parlamento para firmar un documento de compromiso respecto a la votación del decreto. 

 “Los alquileres de temporada y habitaciones están destruyendo el país. Ahora hay un decreto que puede detenerlo, pero dependerá de si lo aprueban los partidos que se presentan a las elecciones”, decía Jaime Palomera, del instituto de investigación sobre vivienda y ciudad IDRA.

Qué dice el decreto ley

No es la primera vez que Catalunya se adelanta al Gobierno central en regular el derecho a la vivienda. Lo hizo en 2015 con la llamada Ley Antidesahucios, impulsada por un amplio movimiento social, que se fue mejorando con posteriores modificaciones. Lo volvió a hacer en 2019 con la regulación catalana de los alquileres, que fue derogada por el Constitucional dos años después y sirvió de modelo para la regulación estatal que recoge la Ley de Vivienda. 

Esta ley, que entró en vigor en mayo de 2023, según denunciaron entonces los sindicatos de inquilinos, no incluía tres modalidades de alquiler —el turístico, de temporada y por habitaciones— que iban a provocar un desplazamiento de los propietarios hacia estos tipos de contratos para sortear las posibles regulaciones de la Ley de Vivienda y de la ley estatal de alquileres, que garantiza  permanencias de cinco años para los pequeños propietarios y siete para los grandes. 

Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Desde la aprobación de la Ley de Vivienda la oferta de alquileres de temporada ha crecido un 40%, ha acaparado la nueva oferta de pisos en ciudades como Barcelona, y en algunas localidades costeras el alquiler turístico ya representa más del 20% del total de viviendas. 

La Ley de Vivienda contemplaba el compromiso de activar en seis meses un grupo para estudiar la regulación de este tipo de alquileres. Sin embargo, un año después no hay ninguna propuesta sobre la mesa y la composición del grupo, formado en su gran mayoría por representantes de la patronal inmobiliaria, no invita al optimismo, según denunciaron los sindicatos de inquilinos, que están presentes en estas reuniones.

El pasado 24 de abril, el Govern de ERC se adelantó y lanzó un decretó ley que “termina con la vía libre en el fraude contra la regulación de los alquileres”, según palabras del Sindicat de Llogaters.  

Con este decreto, casi toda la oferta de pisos con contratos temporales en los portales inmobiliarios quedarían fuera de la ley y tendría que aceptar las limitaciones temporales y de precio de la Ley de Vivienda

El decreto determina que las protecciones y derechos de los inquilinos se aplicarán en todos los alquileres temporales, dejando fuera de esta protección a los alquileres estacionales y los recreativos siempre que se justifiquen debidamente junto con una fianza en Instituto de Catalán de Suelo (Incasol). Con estas normas, casi la totalidad de la oferta de pisos con contratos temporales en los portales inmobiliarios quedarían fuera de la ley y tendría que aceptar las limitaciones temporales y de precio de la Ley de Vivienda y los derechos de los inquilinos de la ley de alquileres estatal. El decreto también afecta al alquiler por habitaciones y determina que la suma del alquiler de habitaciones no puede superar el precio que le corresponde a ese piso según los estipulado en la regulación de alquileres. El decreto incluye un régimen sancionador con multas de hasta 900.000 euros.

“Hemos terminado con la estafa de los alquileres de temporada y de habitaciones. Ahora, el Parlamento puede echarlo atrás”, resumía una campaña lanzada por el Sindicat de Llogaters de cara al 12M.

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