Derecho a la vivienda
La ley de vivienda se enquista en la defensa del PSOE al pequeño propietario

La Constitución Española data de 1978. Recoge el derecho a la vivienda en su artículo 47. Regular dicho derecho lleva 44 años de retraso. El borrador de la Ley por el Derecho a la Vivienda entró en el Congreso de los Diputados en febrero, ya que España se comprometió con la Unión Europea a aprobar la norma el 30 de septiembre, requisito para recibir fondos Next Generation. El proyecto va con retraso, se encuentra enquistado: el PSOE sigue empeñado en defender al pequeño propietario, mientras que los partidos de izquierda no tienen intención de ceder en las peticiones expresadas por el movimiento en defensa de la vivienda. La derecha sigue rechazando el proyecto y pide boicotearlo. Queda la duda de si el PSOE dejará de defender a los fondos de inversión.

“EH Bildu está dispuesto a trabajar para una ley que responda a las necesidades de la gente, pero no para cumplir un trámite, y de ahí no nos vamos a mover”, resume el diputado Oskar Matute para El Salto. En esta legislatura, la coalición soberanista ha expresado su intención de voto con claridad. Tanto el voto afirmativo para aprobar presupuestos, como el negativo para rechazar la reforma laboral al considerarla insuficiente. El PSOE debe valorar si quiere arriesgarse a una votación salvada por la campana —el diputado del PP Alberto Casero— o llevar un texto consensuado que satisfaga a los partidos que propiciaron la investidura de Pedro Sánchez.

“EH Bildu está dispuesto a trabajar para una ley que responda a las necesidades de la gente, pero no para cumplir un trámite, y de ahí no nos vamos a mover”, Oskar Matute (EH Bildu)

“La solución del problema pasa por desbloquear la ley y que esta contenga medidas efectivas para el control de los precios abusivos de los alquileres, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional, como nos han mandatado desde el ámbito internacional, y seguir construyendo parque público de viviendas de alquiler”, indica la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido. La clave de sus declaraciones es el adjetivo que añade cada vez que nombra la palabra medidas: que sean efectivas.

“El PSOE considera que el control de los alquileres debe aplicarse solo a grandes propietarios y personas jurídicas, pero nosotras creemos que debe aplicarse sobre todos los propietarios en las zonas tensionadas. Los grandes tenedores marcan el ritmo y suben los precios rápidamente, pero los pequeños propietarios sostienen la dinámica”, advierte. 

Matute señala que delimitar la figura del tenedor tejería una ley que afectaría escasamente al País Vasco, donde el 95% de los propietarios tienen menos de diez viviendas. 

“Los grandes tenedores marcan el ritmo y suben los precios rápidamente, pero los pequeños propietarios sostienen la dinámica”, Pilar Garrido (Unidas Podemos)

Desahucios exprés

Los propietarios de varios inmuebles —tanto por inversiones inmobiliarias con el objetivo de ser rentistas como por herencias— son parte del electorado del PSOE, al que defiende en las negociaciones que se han retomado tras el verano. Supuestamente para contentarles, aunque a quien beneficia es a los fondos de inversión, el PSOE ha presentado dos enmiendas en las leyes de Enjuiciamiento Criminal y Eficiencia Organizativa para permitir desalojos exprés en 48 horas independientemente del delito —allanamiento de morada o usurpación, este último solo aplicable a propiedades que son bienes jurídicos y no un hogar, es decir, a grandes propietarios—. Se trata de “defender también el derecho de la gente a tener una vivienda”, expresó el portavoz socialista Patxi López en el Congreso.

Con sus palabras, López, ingeniero industrial, equiparó la usurpación al allanamiento de morada. “Creo que lo que quieren es generar una respuesta protocolaria inmediata a un delito de usurpación”, advierte el abogado de Red Jurídica Daniel Amelang. Si alguien entra en una casa, “la policía puede entrar, detener a esas personas y echarlas”. Pero si entra a una propiedad que no es casa, sino bien jurídico, como las viviendas de fondos de inversión o bancos, la policía necesita una autorización judicial que puede demorarse.

A partir del 1 de noviembre se espera una cascada de desahucios en España, ya que el 31 de octubre finaliza la moratoria activada en la pandemia en la que se suspenden los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables.  El 31 de diciembre también decaerá la medida de topar la subida del precio del alquiler un 2%, aprobada en marzo como medida contra la inflación.

Pilar Garrido califica las enmiendas de “barbaridad” —ella es jurista— y remarca que hacen “un flaco favor al cuento de que viene el lobo y que la ocupación es un problema, cuando el problema es el acceso a la vivienda”. La asimilación del PSOE del discurso de la derecha y de la extrema derecha en materia de vivienda fue criticada duramente por Rafa Mayoral, diputado de Podemos y también abogado.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, lanzó la pasada semana un mensaje invitando a la ciudadanía a secundar las protestas en la calle promovidas por el movimiento en defensa de la vivienda para empujar la postura del PSOE hacia una ley que realmente regule el derecho a la vivienda.

“El PSOE representa tanto a los lobbys inmobiliarios como las amplias capas de propietarios particulares que han adquirido posiciones rentistas, por lo que ni siquiera posiciones moderadas de regulación de precios de alquiler son válidas para ellos”, Pablo Carmona (PAH Vallekas)

Desde la PAH de Vallekas, Pablo Carmona advierte del doble papel que representa el PSOE en materia de vivienda: “Representa tanto a los lobbys inmobiliarios como las amplias capas de propietarios particulares que han adquirido posiciones rentistas, por lo que ni siquiera posiciones moderadas de regulación de precios de alquiler son válidas para ellos”. La PAH defiende fijar los precios de alquiler de acuerdo con la renta real de los inquilinos, a través de un índice público de obligado cumplimiento fijado a partir de las rentas reales, y no por los precios de mercado actual, así como un parque 100% público de vivienda en alquiler de renta 0.

Alquiler obligatorio, Sareb pagada

El Tribunal Constitucional tumbó la ley catalana de alquileres que defendía la obligatoriedad de los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social. Este punto es otro de los escollos en el que se encuentra el proyecto de ley, sobre el que ERC está empujando. El parque público de vivienda social de España es el más bajo de los países europeos de la OCDE, con 290.000 inmuebles —el 1,1% de todas las viviendas del país—, según el estudio realizado por el profesor Josep Oliver, catedrático emérito de la Universitat Autónoma de Barcelona. En Holanda las viviendas sociales representan el 38% del parque de alquiler; el 17% en Reino Unido y el 14% en Francia.

“El parque es ínfimo, hay que establecer obligaciones y pedimos que las viviendas de la Sareb pasen a formar parte de los parques públicos de las comunidades autónomas, una medida que sería significativa en el País Valencià y Catalunya”, indica Pilar Garrido, quien añade que a la Sareb “ya le hemos pagado con creces” y que las viviendas de nueva construcción tardarán demasiados años.

Competencias autonómicas

Uno de los primeros escollos de esta ley fue las competencias autonómicas. Vivienda es materia exclusiva de las comunidades, sin embargo el TC tumbó la ley catalana al considerar que sobrepasaba la regulación de la vivienda y entraba en otros aspectos sobre los que Catalunya no tiene competencias. Licenciado en Derecho y Políticas, Albert Noguera es el director de la cátedra de Vivienda de la Universidad de València, valora que la visión “restringida” del TC no radica en la competencia en sí, sino en las desavenencias ideológicas de los propios magistrados con la propia ley. “La regulación de los alquileres no es un camino fácil”, agrega antes de recordar que el precio del alquiler pasó a representar el 56% del sueldo medio neto en 2008 al 94% en 2019.

Noguera espera que una Ley por el Derecho a la Vivienda fije “criterios generales” que sirvan para “dar instrumentos jurídicos que la gente puede utilizar” y que, finalmente, “produzca cambios culturales sobre la vivienda vacía, sobre la que se han normalizado comportamientos fruto de más 50 años de especulación”.

El artículo 47 de la Constitución Española dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Casi todos los diputados del Congreso son propietarios, según sus propias declaraciones de bienes patrimoniales tras firmar su acta. Algunos, también tienen arrendado algún inmueble. Estadísticamente y teniendo en cuenta su media de edad y salario, no podría ser de otra manera, ya que España es un país de propietarios: el 75% de los hogares en 2020, concretamente y según Eurostat, pero cinco puntos menos que en 2010 —80%—.