Derecho a la vivienda
Llega al Congreso la ley que puede frenar el desborde de los alquileres temporales y por habitaciones

La proposición de ley sobre la regulación de los contratos de alquiler de vivienda por temporada y alquiler de habitaciones presentada por Sumar, Podemos, EH Bildu, ERC y BNG antes del verano ya tiene fecha para entrar en el Congreso. O para ser enterrada en caso de que no encuentre los suficientes apoyos.

La próxima semana, según informan los sindicatos de inquilinos, el Congreso votará la tramitación de esta proposición de ley propuesta por estas organizaciones de arrendatarios ante la inacción de un Gobierno. Según defienden, el ejecutivo de Pedro Sánchez no ha sabido dar respuesta al auge explosivo de contratos temporales y por habitaciones, dos de las fórmulas predilectas de los propietarios para sortear las limitaciones de precio, duración de contrato y otros derechos de los inquilinos recogidos en la ley de alquileres estatal reformada en 2019 y la Ley de Vivienda aprobaba en 2023. 

Ya en la negociación de la Ley de Vivienda, los sindicatos advirtieron que la norma estaba dejando un vacío legal que sería aprovechado por los propietarios para seguir especulando con la vivienda. Los contratos temporales y por habitaciones no se regulan por la ley de alquileres —la famosa Ley de Arrendamientos Urbanos— y la Ley de Vivienda no corrigió esta situación.

Ahora, con un crecimiento del 55% de los alquileres temporales y una explosión de los alquileres por habitaciones, decenas de miles de inquilinos se han visto afectados por continuos aumentos de precio, la inseguridad de tener que renovar cada año y la pérdida de derechos recogidos en las leyes que defienden al inquilino en las viviendas habituales. Entre esos derechos perdidos de los inquilinos  temporales o por habitaciones destaca la obligación de contratos de cinco años —siete para grandes propietarios—, la prohibición de repercutir al inquilinos los gastos de la inmobiliaria o los límites de precio en las zonas declaradas tensionadas, entre una larga lista.

El grupo de trabajo creado por el PSOE para hacer una propuesta para regular los alquileres temporales y por habitaciones “opera de forma inefectiva y pretende simular un falso consenso e implementar una reforma cosmética e ineficaz”, dicen los sindicatos de inquilinos

Además de la pérdida de derechos y el aumento de los precios, el desborde de estos tipos de contratos está produciendo, según los sindicatos de arrendatarios, la “expulsión masiva de inquilinas a quien se les termina el contrato de alquiler para desviarlo al mercado temporal o de habitaciones, con la consecuente reducción de oferta de alquiler residencial”.

El grupo de trabajo creado por el PSOE para hacer una propuesta de regulación de los alquileres temporales y por habitaciones “opera de forma inefectiva y pretende simular un falso consenso e implementar una reforma cosmética e ineficaz”, denuncian los sindicatos de inquilinos. Un año después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, estos sindicatos de inquilinos señalan que “la regulación de los alquileres temporales y de habitaciones se ha convertido en un vacío legal que desestabiliza el mercado y permite que los especuladores cometan fraudes de ley”.

La próxima semana, el Congreso tendrá que decidir si admite a trámite la proposición impulsada por los sindicatos “y se inicia el debate sobre cómo abordar el problema de los altos precios del alquiler y la inseguridad que genera el alquiler de habitaciones y los alquileres de temporada, a día de hoy, el centro de la polémica en la falta de acceso a la vivienda”.

Propuestas enfrentadas

La propuesta de los sindicatos de inquilinos asumida por los socios de izquierda del Gobierno se basa en equiparar los derechos de las personas que firman un alquiler, independientemente del tipo de contrato que tengan que firmar y aumentar los requisitos para el alquiler temporal. Para hacer un alquiler temporal, los propietarios deberán especificar “con precisión” la causa de la temporalidad, “las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista” y, en caso de no quedar debidamente acreditadas, “se presumirá que dicho contrato es de vivienda habitual” extendiendo la duración del contrato a cinco o siete años. 

La propuesta también prevé la “conversión automática” del alquiler temporal en uno habitual en el momento en que el propietario renueve el contrato temporal al mismo inquilino y la vinculación de los contratos de habitaciones a los derechos de los inquilinos que se aplican en los casos de alquiler de vivienda habitual. De esta forma, los derechos conquistados en las últimas reformas, incluidos los topes en las zonas tensionadas, se aplicarían en los contratos por habitaciones.

La próxima semana, el Congreso tendrá que decidir si admite a trámite la proposición impulsada por los sindicatos “y se inicia el debate sobre cómo abordar el problema de los altos precios del alquiler

La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para atajar estos tipologías de contratos se basan en el desarrollo del artículo 3 de la ley estatal de alquileres para intentar que los alquileres temporales tengan que estar asociados a una causa y que esta deba de estar “debidamente justificada”. Según explicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, los contratos temporales estarán limitados por la causa que los motiven y deberán estar justificados. Además, el Ministerio prevé lanzar un registro único de alquileres de corta duración que incluya los alquileres temporales, los turísticos y de habitaciones. Este registro, que no se espera que esté operativo hasta 2026.

El ministerio también anunció antes de verano una modificación “quirúrgica” de la Ley de Propiedad Horizontal para exigir una autorización previa de la comunidad de propietarios antes del inicio de la actividad de los pisos turísticos.

El PSOE no parece tener intenciones de ir más allá en la regulación de los alquileres estacionales y por habitaciones, como demostró en Catalunya al prestar sus votos para tumbar una regulación aprobada en abril por el Gobierno saliente de ERC similar a la que ahora se presenta en el Congreso.