Derecho a la vivienda
El movimiento por la vivienda acaba con la “legislatura de la vivienda”

La declaración institucional del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llega después de 12 días de movilización continuada por la vivienda, el gran tema de la legislatura, lo que la definió y lo que causó su fin anticipado.

También será el tema que marque la acelerada campaña electoral. Ya lo decía el 2 de octubre el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy: las elecciones adelantadas se convertirían en un “referéndum sobre la vivienda”. Un escenario mucho más favorable para el PSOE que un referéndum sobre Ceuta, sobre la migración, sobre los casos de corrupción o sobre el mismo Pedro Sánchez.  

Subido a la ola de movilización y de indignación, el Gobierno pretende contar con el apoyo de amplios sectores de la población que han salido de la pasividad y han pasado a la ofensiva

Una encuesta del Ateneo del Dato revelaba que la mitad de los votantes de estos partidos defienden la intervención del mercado de la vivienda para bajar los precios. “Si siguen en esta actitud, lo van a pagar muy caro”, añadía el ministro en referencia a PP, Vox y Junts. Hasta un 70% de la población, según este trabajo, se mostró favorable a prohibir los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, uno de los puntos menos amarrados en los dos decretos presentados por el Gobierno.

Subido a la ola de movilización y de indignación, el Gobierno pretende contar con el apoyo de amplios sectores de la población que han salido de la pasividad y han pasado a la ofensiva, arrinconando las tesis de la derecha y la ultraderecha, que culpan de los problemas de vivienda, de los servicios sociales, de la pérdida de seguridades y estabilidad, a la población migrante. 

Sin embargo, la movilización de vivienda tiene su propia hoja de ruta y no solo señala a los gobiernos autonómicos y locales —la mayoría en manos de la derecha y la ultraderecha—, sino también al Gobierno central por haber permitido, por acción y por omisión, el desahucio de Maricarmen y tantas decenas de miles de personas como ella. Los decretos de vivienda derogados por Junts el pasado 2 de octubre hubieran protegido durante dos años a unas cinco millones de personas de aumentos en el alquiler por la prórroga de los alquileres, pero la letra pequeña —según denunciaron desde el movimiento de vivienda— hacían que no sirvieran para sus dos principales objetivos: bajar los precios y prohibir los desahucios como el de Maricarmen. 

La intención del Gobierno de aprobar los decretos en el último Consejo de Ministros de este 6 de octubre permitiría alargar el debate sobre la vivienda buena parte de la campaña electoral: tendría que ser la Diputación Permanente, donde el voto de Junts no es relevante, quien decida sobre el futuro de estas medidas. Sin embargo, el corazón del Decreto Maricarmen, los alquileres indefinidos, no reúne suficientes apoyos, ni siquiera en la Diputación Permanente, para ser aprobado.

El día en el que Pedro Sánchez convocó elecciones, las movilizaciones por la vivienda no dan señales de debilitamiento. Según estimaciones del Sindicato de Inquilinos, cerca de un millón de personas se han manifestado en estos días en más de 30 ciudades. La acampada de Sol, que comenzó con unas decenas de tiendas de campaña, se convirtió en toda una ciudad de más de 1.300 tiendas. La iniciativa ya ha trascendido y desbordado a sus impulsores, el Sindicato de Inquilinos de Madrid. 

“Sol no nace de la nada, es una chispa que prende sobre años de organización y lucha colectiva. Esta fuerza tiene que llegar a los bloques, los centros de trabajo, las universidades y los barrios. Tiene que convertirse en organización”, apelaban desde el Sindicato, al mismo tiempo que convocaba una veintena de asambleas barriales en Madrid para “llevar el conflicto a cada barrio”, como adelantaba la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu. 

Tras un fin de semana de movilizaciones históricas, este lunes le toca el turno a Barcelona, donde nueve columnas confluirán a las 19h de la plaça d'Urquinaona

La acampada se extendió y llegó a otras ciudades, como Barcelona, Sevilla, Málaga, Santiago o Alicante. Tras un fin de semana de movilizaciones históricas, este lunes le toca el turno a Barcelona, donde nueve columnas procedentes de diferentes rincones de la provincia de Barcelona confluirán a las 19h de la plaça d'Urquinaona.

El Sindicat de Llogaters ha reaccionado con rapidez al anuncio de adelanto electoral y ha defendido la independencia del movimiento de vivienda frente a los intereses partidarios: “Gobierne quien gobierne, ¡hacia la huelga general!”. En las acampadas y en las manifestaciones aumenta la presión hacia los sindicatos para escalar el conflicto hacia una huelga general. 

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, no ha descartado la posibilidad de convocar un paro, pero ha matizado que la movilización tendría que estar vinculada también al aumento de los salarios: “Esa jornada de lucha tiene que incorporar elementos laborales, la subida de los salarios, y tiene que tener una dimensión laboral, tiene que llegar a las calles y a los centros de trabajo”. Este lunes, el sindicato tiene convocado su comité federal para tomar una decisión al respecto. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, apuntó que, en el caso de apoyar una huelga general, esta también contendría “aspectos laborales”. En un comunicado emitido este 5 de octubre CCOO no mencionaba la posibilidad de una “huelga general”. Se limitaba a un llamamiento a participar en los comicios y en las movilizaciones por el derecho a la vivienda. Hasta la celebración de las elecciones, indicó Sordo, “el sindicato va a mantener su itinerario de movilización y de tensión en la calle para seguir reclamando mejores salarios, medidas para facilitar el acceso a la vivienda y actuaciones para contener la subida de los precios”.

Recién salido de un congreso en el que la dirección ha sido revalidada, el sindicato anarcosindicalista CGT ha sido de los primeros en recoger la propuesta de una huelga general. “Teníamos claro que saliera quien saliera elegido de aquí lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a la mesa con los sindicatos de inquilinas y los movimientos sociales y fijar una fecha para la huelga general”, ha señalado Miguel Fadrique.

Para Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Catalunya, las grandes movilizaciones de las últimas semanas han hecho que el anuncio de Pedro Sánchez al inicio de su segundo mandato se convirtiera en realidad: “Esta semana ha comenzado la legislatura de la vivienda”, resume. La propuesta de aprobar parte de las medidas a través de la Diputación Permanente es una “buena noticia”, según declaró en rueda de prensa en la mañana de este lunes, pero no servirá para bajar los alquileres ni para frenar los desahucios. Para ello, hacen falta “medidas estructurales” para las que es necesario enfrentar a “los más grandes poderes de este país”. La convocatoria de elecciones, argumenta, “no va a cambiar que el alquiler esté por las nubes”, pero la manifestación en Barcelona y la convocatoria de una huelga general que aúne a todos los sectores perjudicados por los altos precios puede llevar a convertir el adelanto electoral en un “plebiscito por el derecho a la vivienda”. Gobierne quien gobierne, apunta Arcarazo, el movimiento inquilino y de vivienda seguirá presionando para que el precio de los alquileres “baje drásticamente”, se prohíba la compra especulativa con medidas efectivas y los alquileres se conviertan en indefinidos.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha defendido en rueda de prensa también esta mañana, el papel del “poder popular” en la defensa del derecho a la vivienda frente a unas cortes que “estaban secuestradas por el rentismo”. Ante la convocatoria de elecciones cabe una sola pregunta, añade Del Rio: “¿Van a introducir las medidas que exige el pueblo o van a seguir siendo esbirros del rentismo?”.