Derecho a la vivienda
El movimiento de vivienda convoca protestas en una decena de ciudades para salvar la moratoria de desahucios

Aunque el resultado de la votación de este 27 de enero en el Congreso era más que previsible, especialmente porque PP, Vox y Junts ya habían anunciado su intención de rechazar el real decreto, la indignación de las organizaciones sociales no ha sido menor.

Buena parte de las medidas que contemplaba la norma —la primera de ellas, la revalorización de 13 millones de pensiones— encontrará otras vías para ser aprobada. Pero la moratoria de los desahucios lanzada en 2020 y prorrogada desde entonces todas las navidades no cuenta con el apoyo de la mayoría de los diputados del Congreso para que pueda prosperar, ya sea en formato ómnibus o por separado. Al menos por ahora.

Las más de cien organizaciones sociales que conforman la plataforma #NiUnDesahucioMás demandan al Gobierno que consensúe un nuevo decreto ley que “evite la inseguridad jurídica” para las más de 60.000 familias. Estos hogares vulnerables han dejado de estar protegidos por esta moratoria y podrían ser expulsados de sus viviendas en cualquier momento a un mercado de precios inflados, inalcanzables para miles y miles de familias que se han favorecido de esta ayuda.

“Aunque esta moratoria necesitaba mejoras notables para ampliar su cobertura, era la única medida que había demostrado su efectividad a la hora de detener los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional”, señalan desde la plataforma. 

Esta red señala la responsabilidad de Junts y de los otros partidos de la derecha parlamentaria que han dejado caer esta protección, pero también al Gobierno central por no “haber conseguido consensos para sacar adelante la norma y no haber propuesto ninguna medida estructural y permanente que garantice el derecho a la vivienda”.

La caída del real decreto y las dificultades de aprobar la moratoria de forma separada lleva a una crisis humanitaria para la que el Gobierno y las comunidades autónomas no están preparadas, advierte #NiUnDesahucioMás: “La Administración ahora mismo no tiene alternativas para afrontar el drama social que se avecina”.

“Es inaceptable y nos toca responder. Mientras los alquileres alcanzan máximos históricos, el Parlamento se pone al servicio del rentismo”, declaraba Valeria Racu

Por ello, desde esta plataforma demandan la aprobación de un nuevo decreto ley “que dé cobertura jurídica clara a todos los lanzamientos, ampliando la protección a las familias vulnerables”, y el despliegue de una batería de medidas para ampliar el parque de vivienda y prorrogar la renovación de los 600.000 contratos que vencen este año para que no empeorar una situación de por sí complicada.

Para presionar al Gobierno y para protestar contra los partidos que pretenden dejar en la calle a 60.000 familias, se han convocado concentraciones este 28 de enero a las 18:30h en Madrid frente al Congreso y frente a la sede de Junts en Barcelona (Passatge de Bofill, 11). También se han convocado concentraciones en Bilbao, Alicante, Murcia, Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Segovia, Vigo y Oviedo.

“Es inaceptable y nos toca responder. Mientras los alquileres alcanzan máximos históricos, el Parlamento se pone al servicio del rentismo”, declaraba Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid. “Han acabado incluso con la poca protección que existía para frenar los desahucios”, continúa esta activista. “Que nadie se esconda. PP, Vox y Junts se han posicionado como secuaces de la patronal”, acusa. 

Mientras se comenzaba a debatir en el Congreso el decreto ómnibus, el PSOE aprobaba en el Consejo de Ministros más ayudas para los caseros: otros 300 millones de euros para avales para propietarios ante posibles impagos del alquiler.