Derecho a la vivienda
PP, Vox y Junts rechazan la moratoria de desahucios y dejan en la incertidumbre a 60.000 familias vulnerables

La historia de esta segunda legislatura corre en espiral. Ya van dos años en los que el Consejo de Ministros aprueba en los últimos días del año un decreto para prorrogar el llamado “Escudo Social” y ya van dos años en los que Junts lo deja caer cuando toca convalidarlo en el Congreso.

Todo indica que la moratoria de los desahucios que ha evitado que 60.000 familias vulnerables se queden en la calle será rechazada con los votos de los nacionalistas catalanes, PP y Vox. Todos estos partidos han expresado su rechazo a un texto que, según denuncian, favorece la “inquiokupación”. Junts ha calificado de “chantaje” que el decreto incluya también la subida de las pensiones del 2,7% para este año y ha propuesto una ley alternativa para que se vote de forma separada. “Pensiones sí, okupaciones no”, fue el resumen de la portavoz del partido catalán, Míriam Nogueras, en el debate en el Congreso, momentos antes de la votación. Según confirmó, Junts votará a favor de la revalorización de las pensiones solo cuando se vote por separado.

En enero de 2025, el decreto ómnibus que unía moratoria de desahucios, subida de pensiones y ayudas al transporte público fue derogado también gracias a la alianza de la derecha parlamentaria. Dos semanas después, la negociación con Junts daba resultados y el megadecreto era aprobado con algunas modificaciones menores y más ayudas a los propietarios.

En esta ocasión, un año después, con los puentes de diálogo rotos entre el Gobierno y el partido de Carles Puigdemont, y un discurso más enervado contra la moratoria de los desahucios, se reducen las posibilidades de que se repita la historia. A diferencia de 2025, el megadecreto de este año no incluye las ayudas al transporte, que se votarán de forma separada. 

Al igual que el año previo, si el decreto es anulado por el Congreso, la revalorización de las pensiones quedará suspendida, aunque no por mucho tiempo. El PP y Junts han mostrado su predisposición de aprobarla a través de otra ley que se vote de forma separada. 

No es la revalorización de las pensiones sino la moratoria de desahucios la que está en peligro. Para Junts, esta medida que protege a las familias vulnerables sin alternativa habitacional de procesos de desahucio, “castiga [a] pequeños propietarios, muchos de ellos jubilados, que necesitan el alquiler de un piso para complementar una pensión a menudo insuficiente”.

Pese a las deficiencias de la moratoria, que solo ha conseguido evitar uno de cada cuatro desahucios de hogares vulnerables, el fin de la medida supondría una “ola de desahucios” para la que las instituciones no están preparadas

El PP, por su parte, dejó clara su oposición al decreto ómnibus y acusó a la moratoria de desahucios de hacer que “la gente que no paga la renta se mantenga en su casa a costa del propietario”, según palabras de Alberto Núñez Feijóo en la COPE.

El decreto votado este 27 de enero en el Congreso, además de la moratoria de los desahucios, incluye la prórroga de la prohibición de cortes de suministros básicos para familias vulnerables y los descuentos del bono eléctrico que se mantienen con prórrogas anuales desde la pandemia. El megadecreto también incluye mejoras fiscales para los afectados de la dana y para los afectados por los incendios del verano. La subida del Ingreso Mínimo Vital, ayudas al coche eléctrico o coeficientes reductores de jubilación para bomberos forestales son otras medidas que dejarían de tener vigor si decae el decreto.

Un tsunami de desahucios

La principal medida que decae por la no convalidación del decreto es la moratoria de los desahucios del “Escudo social”. Según el Observatori Desca, esta medida ha conseguido suspender hasta 60.000 desahucios de familias vulnerables, que se verían reactivados en el caso de que las negociaciones posteriores no consigan resucitarlo. Esta organización advierte que “el futuro de miles de familias está en juego”.

Pese a las deficiencias de la moratoria, que solo ha conseguido evitar uno de cada cuatro desahucios de hogares vulnerables entre 2020 y 2025, el fin de la medida supondría una “ola de desahucios” para la que las autoridades no están preparadas ni cuentan con los “planes de choque” necesarios ni un parque público suficiente para hacer frente a la situación de emergencia humanitaria que provocaría el fin de la prórroga.

Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogaters de Catalunya, desmonta algunos de los bulos creados en torno a esta moratoria: “Esta moratoria de desahucios solo se aplica en casos de ocupación cuando es anterior a 2020 y el propietario tiene más de diez viviendas y hay menores a cargo o en una situación de discapacidad o dependencia grave”, indica Aragonès.

Más de 100 entidades se han unido en la plataforma #NiUnDesahucioMás y lanzaron el 23 de enero “un grito de alerta”, un comunicado en el que advertían contra el “drama social” que produciría la anulación del “Escudo Social”. Estas organizaciones demandan medidas estructurales que defiendan el derecho a la vivienda, que no necesiten ser prorrogadas año tras año, con la “intolerable incertidumbre a la que están sometiendo a las familias” y que el Gobierno lance un plan de actuación urgente con la movilización de fondos del Plan Estatal de Vivienda, el despliegue del tanteo y retracto para comprar viviendas en manos de grandes tenedores “especialmente ante el anuncio de la venta inminente de grandes carteras” de viviendas por parte de los fondos de inversión.

“Estamos en una situación de colapso, límite, en todo el Estado”, declaraba la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, a las puertas del Congreso. “Que decaiga hoy este real decreto no implica solamente una oleada de 60.000 desahucios, también implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda”, añadió. Para Racu, PP, Vox y Junts se han convertido nuevamente en los “secuaces de la patronal inmobiliaria”. 

“Madres monoparentales, personas mayores y jubiladas, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género” son algunos de los perfiles más afectados por la caída de la moratoria, según enumera esta activista en un vídeo difundido por redes sociales. Son personas, continúa, “que si mañana las echan no tienen ninguna cabida en esta jungla en la que se ha convertido lo de tener una vivienda”. 

Sin embargo, Racu reconoce que “moratorias como esta son un parche, migajas”, cuando el principal problema es otro: “Lo que tendríamos que hacer es terminar con el negocio de la vivienda para acabar con todos los desahucios: con los desahucios invisibles, el millón y medio que puede haber por la ‘gran renovación’; y con los visibles, estos 60.000 que van a ocurrir si no se aprueba la moratoria”.

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Paco Morote incidía en la misma idea en la rueda de prensa del Congreso. También subrayaba la incertidumbre y la ansiedad de las familias que no saben si van a ser expulsadas de sus casas: “Son imprescindibles medidas de carácter estructural y permanente. No os podéis imaginar el sufrimiento de la gente que está en situación de vulnerabilidad cuando se acerca el 31 de diciembre y están pendientes de si se renueva o no. Esa gente que tuvo un alivio a finales de año, está otra vez entre la espada y la pared”. En su declaración a la prensa, Morote advirtió de “movilizaciones serias” si cae la moratoria de desahucios.