Derecho a la vivienda
Plan 18.000 o cómo 8.000 familias pueden perder sus casas en Madrid

En 1989 nacía el Plan 18.000. Con él, miles de vecinas y vecinos de Madrid optaron a viviendas sociales en régimen cooperativo. Hoy, unas 8.000 familias se enfrentan a un posible desalojo por no poder pagar el suelo donde se asientan sus casas, que el Ayuntamiento cedió a precio protegido por 30 años. Las viviendas empezaron a descalificarse en 2018 y se venderán a precios desorbitados en el mercado libre. 

El 26 de enero de 2023, el delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, aprobó el último pliego para la enajenación del suelo del Plan 18.000 en el que solo aparecían 21 parcelas, justo las que habían cumplido los 30 años para su descalificación, es decir, empiezan a valorarse a precio libre de mercado en lugar de a precio protegido. El Ayuntamiento alegaba que esto se debía a la firma de los Pactos de la Villa de 2020, promovidos por Más Madrid y que no son normativos.

Con la descalificación del suelo, el precio en el último pliego se había multiplicado, por ejemplo, un suelo que antes costaba 30.000 llegaba a subir a 150.000 euros

Con la descalificación del suelo, el precio en el último pliego se había multiplicado, por ejemplo, un suelo que antes costaba 30.000 llegaba a subir a 150.000 euros. El Ayuntamiento, al no tener estudios propios del mercado de la vivienda, se basa en las valoraciones de los portales inmobiliarios de Idealista y Fotocasa, lo que implica que no se tengan en cuenta las condiciones reales de la vivienda, ni del contexto. 

A los pocos días de salir el último pliego, las vecinas decidieron organizarse para crear la Plataforma de Afectados por el Plan 18.000, que ya cuenta con la participación de casi 3.000 personas y, estiman, cerca de 8.000 familias afectadas. “El Ayuntamiento había aprovechado esto para venderlas a precio libre de mercado y más de 90 parcelas que todavía tenemos la protección no salimos en ese pliego, no nos vendían el suelo hasta que se nos descalificara”, alega María Ángeles Toribio, miembro de la Plataforma y vecina de San Blas. 

El 17 de abril, el Ayuntamiento se reunió por primera vez en estos cuatro años de gobierno con las familias afectadas. Un mes antes de las elecciones, el equipo de Almeida ha decido anular el último pliego y crear una mesa de trabajo. La Plataforma califica positivamente esta decisión “a pesar de haber tenido que recurrir a un contencioso”, y sin olvidar que “ahora toca trabajar para conseguir un nuevo pliego para todas las parcelas y a un precio justo”.

Los principales problemas de las familias afectadas, que no empezaron ni con los Pactos de la Villa, ni con el último pliego, son la descalificación del suelo a los 30 años y la cesión de la vivienda al Ayuntamiento a los 75 años. En estos momentos se ha empezado a cumplir el plazo de la descalificación de las primeras viviendas, lo que ha generado la rabia y enfado de las vecinas. Hasta febrero de 2023 el suelo se había mantenido a precio protegido en los pliegos, pero varios factores impidieron la compra a muchas familias. “La venta del suelo ha sido una chapuza desde el principio”, denuncia Ángeles.

“Una chapuza desde el principio”

Madrid, 1989. El alcalde socialista Juan Barranco se enfrentó a una moción de censura que le tumbó, obligándole a entregar el bastón de mando a Agustín Rodríguez, del Centro Democrático y Social (CDS). Justo antes de que esto ocurriera, el PSOE sacó adelante el Plan 18.000, que consistió en la construcción de viviendas sociales en régimen cooperativo a partir de tres modalidades, según el nivel de ingresos. La modalidad uno estaba destinada a familias con sueldos inferiores a dos veces al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de entonces; la dos estaba dirigida a familias con sueldos inferiores a 2,5 veces el SMI; y la tres a aquellas con ingresos inferiores a cuatro veces el SMI.

Las personas que formaban parte de la modalidad dos pagaron la construcción de sus viviendas convirtiéndolas en propietarias del vuelo, legalmente denominadas “superficiarias”, siendo el Ayuntamiento el titular del suelo. Esta modalidad les permitía en un futuro comprarlo a un 15% del precio protegido de sus viviendas. 

Se levantaron casas por muchísimos distritos de la capital: Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas, Villaverde, Hortaleza, Fuencarral-El Pardo, Latina, Moratalaz, Usera, Arganzuela, Tetuán, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Vicálvaro, Puente de Vallecas y Barajas. En la escritura de todas estas casas aparecía como una fecha clave que a los 75 años finaliza la cesión del suelo para pasar a ser propiedad del Consistorio, salvo que las vecinas durante este tiempo lo compraran a través de los pliegos que el Ayuntamiento iba lanzando.

Ángeles tenía 21 años y estaba estudiando cuando su pareja de entonces se inscribió en el Plan 18.000, ella entraría más tarde una vez aprobadas las oposiciones y con una nómina en el bolsillo. “Desde que nos apuntamos en 1989 no nos dieron la vivienda hasta casi diez años después, nos dio tiempo a casarnos y todo”.

Ese año, y en San Blas también, José María Ortega entró en el Plan 18.000. Tenía 27 años y trabajaba de conserje en un instituto. “Esto era un descampado, hasta la calle Alcalá no había ni una tienda, tuvieron que expropiar a los que estaban aquí”, asegura José María, que decidió entrar en el Plan después de que su padre le insistiera mucho en la necesidad de tener una casa en propiedad para su futuro.

Según la Plataforma de Afectados, muchas de las viviendas construidas por el Plan 18.000 vienen de terrenos expropiados por el Ayuntamiento. Es el caso de Paulino Ortiz, que cuenta cómo expropiaron varios terrenos de su familia a finales de los años 70, entre ellos un solar que era herencia de sus abuelos que trabajaron toda su vida en una tienda de ultramarinos. “A mi madre y a mis tías les dieron 500.000 pesetas (3.000 euros) por un terreno de mis abuelos, te pagaban diez veces menos de lo que valía, y ahora veo el beneficio que le quieren sacar a todo el sacrificio que le costó a mis antepasados”.

Ese solar que perteneció a la familia de Paulino, que ahora tiene 65 años y está jubilado, es justo donde ahora vive, es otro vecino más afectado por el Plan 18.000. Su vivienda está precisamente en la zona que más se encareció en el último pliego, en la calle Derechos Humanos del distrito de Ciudad Lineal, que llegó a multiplicarse hasta ocho veces el precio. El suelo pasó de costar 29.537 a 241.000 euros.

En 1996 se lanzó el pliego donde aparecieron las primeras viviendas con opción a compra y que exigía la unanimidad del total de la parcela. “Para mí eso no fue una posibilidad real de compra. De las ciento y pico parcelas que éramos, solo pudieron comprar ocho porque el resto no nos pusimos de acuerdo”. Tras las protestas vecinales en 2009, en el highlight de la crisis del ladrillo, lanzaron el siguiente pliego en el que ya no se exigía la unanimidad. En este pliego la vivienda de Ángeles no apareció porque “tenía problemas con los coeficientes”, al igual que José María. 

Lo que Emilia no sabía cuándo decidió comprar era una cláusula que “ni siquiera el notario me la contó, en la que decía que a los 75 años me quedaba sin la casa”

Un caso diferente fue el de Emilia Gómez, vecina de Moratalaz, que entró en el Plan 18.000 en segunda promoción en el año 2000, a pesar de que “en principio no se podía, pero hubo una horquilla de venta que abrió Esperanza Aguirre, entonces presidenta, que permitió su venta”. La familia que le vendió la vivienda a Emilia le avisó que en algún momento tendría que comprar el suelo, pero igual que la mayoría de las afectadas nunca recibió ninguna notificación para la enajenación del suelo. Lo que Emilia no sabía cuándo decidió comprar era una cláusula que “ni siquiera el notario me la contó, en la que decía que a los 75 años me quedaba sin la casa, y esto le ha pasado a más personas que han comprado la casa también después, en segunda promoción”.

En 2013, el Ayuntamiento lanzó un nuevo pliego que finalizaba en 2018, cuando las primeras viviendas empezaban a descalificarse. “Mucha gente no compró antes porque seguía pagando la hipoteca de la vivienda, después llegó la crisis de 2008 y tampoco fue un buen momento”, cuenta José María. Sin embargo, hubo gente que nunca tuvo la opción de comprar el suelo de su casa hasta el último pliego, como Tomás que es el único vecino de Arganzuela con la vivienda descalificada.

Pensionista de 74 años, Tomás era profesor cuando en 1992 consiguió las llaves de su casa a través del Plan 18.000. Él y su familia vivieron rodeados de la Papelera Peninsular en el Paseo de Yeserías y otras dos fábricas, la de Mahou y RADISA S.A., de construcción de puertas. A 100 metros de su portal tropezaban con el estadio Vicente Calderón, “cuando fue su demolición los medios taparon que el hormigón del estadio tenía aluminosis, nos ha podido pasar de todo”, denuncia. Pese a este contexto, según el último pliego, tras la descalificación y la valoración a precio de libre mercado en esa zona madrileña, el suelo de su vivienda le costaría  ahora 191.000 euros. 

La vivienda de Tomás nunca había salido en los pliegos antes, “ha sido un proceso oscurantista desde la parte política y administrativa, por pura negligencia de la EMV nuestra casa no fue valorada”, asegura. En 2017, su parcela, junto a otras tres, que se habían quedado fuera del pliego de 2013 porque “no habían podido valorarla”, intentaron dialogar con la administración para solucionarlo pero “al final nos querían convencer para que esperáramos al acuerdo que se aprobaría por unanimidad en el Pleno, y nunca pudimos comprar el suelo”.

En mayo de 2015, Carmena y Ahora Madrid se mudan a Cibeles y José Manuel Calvo entra como delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. Durante ese periodo la mayoría de vecinas del Plan pudieron comprar el suelo de sus parcelas, pero con unas condiciones que no les convencían. Después de varias reuniones con representantes de urbanismo, Ángeles junto a otras afectadas consiguieron que Ahora Madrid y PSOE, en diciembre de 2017, un mes antes de que caducara el último pliego, llevaran “un acuerdo en el que se establecía que el precio no era ese, sino más bajo, y que se votó por unanimidad”. 

El acuerdo incumplido y los Pactos de la Villa

En el pleno de 2017 se acordó que en un plazo máximo de cinco meses se aprobaría otro pliego en el que se recogería la bajada del precio de las viviendas. Las nuevas condiciones del precio se habían estipulado en base a normativa con el asesoramiento de Antonio Fernández Gordillo, abogado del Gabinete Jurídico de la Universidad Carlos III y hasta 2015 diputado en la Asamblea de Madrid por el grupo socialista.

A pesar de la aprobación del acuerdo por unanimidad, el pliego nunca se llegó a lanzar. El subdirector de Patrimonio y el director general decidieron someterlo a la asesoría jurídica del Ayuntamiento, que lo rechazó. En ese momento, Ángeles y muchas vecinas cuentan que se sintieron “traicionadas porque el informe de la asesoría no era vinculante”. 

José Manuel Calvo considera que ese acuerdo era “papel mojado” y que “si se cree alguien de la Plataforma que voy a firmar un expediente desoyendo los criterios de la asesoría jurídica, o la de intervención, significa que no saben lo que es la gestión pública. Eso se haría en otros tiempos, como le pasó a Ana Botella”. Mientras tanto, el pliego de 2013 ya había caducado. Una vez más las vecinas se quedaron sin la posibilidad de comprar el suelo de sus viviendas y la primera parcela llegó a cumplir los 30 años.

En 2019, el gobierno de Almeida, en coalición con Ciudadanos, entra en Cibeles y Mariano Fuentes asume el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. En cuatro años de legislatura el Consistorio no respondió a las demandas de las afectadas, hasta el lanzamiento del último pliego en enero de 2023, después de solicitar miles de notas que nunca llegaban y un informe con la misma resolución desfavorable que el anterior de la asesoría jurídica. “Han esperado cinco años más. El objetivo era dilatar esto en el tiempo para que las parcelas se fueran descalificando”, critica Ángeles.

La novedad del nuevo pliego era que solo aparecían las viviendas descalificadas. Desde el Ayuntamiento lo justificaron como una consecuencia de los Pactos de la Villa, impulsados entonces por Más Madrid. Estos acuerdos no vinculantes establecen que “ningún suelo ni vivienda destinados a protección pública podrán ser enajenados en ningún caso por el Ayuntamiento de Madrid, quedando como patrimonio y titularidad de todos los madrileños y de la ciudad de Madrid”.

José Manuel Calvo considera que es “una tomadura de pelo porque cuando planteamos estos acuerdos eran una declaración de intenciones para que el Ayuntamiento se comprometiera a no vender suelo residencial. El espíritu era evitar el antecedente de Ana Botella”. Además, el ahora concejal del grupo mixto acusa a Mariano Fuentes de saltarse los Pactos de la Villa alegando que “sacó varias parcelas de suelo residencial a concurso después de haberlos firmado, así que es una excusa ridícula”.

“Han hecho trampas y han dilatado todo este proceso para especular con el terreno, han puesto el suelo más caro que un suelo libre”

Por otro lado, la Plataforma de Afectados acusa al Ayuntamiento de especular con el suelo de sus viviendas. “Han hecho trampas y han dilatado todo este proceso para especular con el terreno, han puesto el suelo más caro que un suelo libre; porque este suelo no está libre tiene una carga como son viviendas, y muchas ya tienen más de 30 años”, afirma Tomás.

La incertidumbre continúa en el inicio de la campaña electoral

El 14 de abril, la Plataforma presentó un recurso contencioso-administrativo contra el último pliego en el que denuncian que no se había notificado a ninguna de las viviendas que aparecían en él. A Tomás tampoco le llegó nunca una notificación, “ni siquiera cuando salió nuestro suelo descalificado por primera vez en el último pliego”. Otras de las demandas de la Plataforma son la anulación del actual pliego y el inicio de las negociaciones entre el Ayuntamiento y las afectadas. “Queremos que a los protegidos nos los vendan a precio protegido, pero no como obra nueva”, asegura Ángeles.

A las parcelas del Plan 18.000 les queda una media de 40 años antes de la cesión al Ayuntamiento. “Todo lo edificado, todo lo que yo he construido sobre ese suelo, pasa a ser propiedad del Ayuntamiento, sin indemnización alguna. No quiero que cuando mi hijo tenga 70 años le echen de su casa”, lamenta Ángeles. “No sé qué va a pasar el día de mañana. Llevo ya 26 años, he demostrado que quiero estar aquí, que no quiero especular”, insiste José María.

“Uno de los colectivos más numerosos en este Plan somos actualmente pensionistas y lo que me piden a mí es inasumible, ¿a dónde voy yo con 74 años a pedir una hipoteca?”

Emilia terminó de pagar la hipoteca de su casa recientemente y denuncia que “ahora que ya no estoy trabajando resulta que me tengo que pedir otra hipoteca casi por el mismo precio por el que pagué la casa”. También Tomás le recuerda al gobierno de Almeida que “uno de los colectivos más numerosos en este Plan somos actualmente pensionistas y lo que me piden a mí es inasumible, ¿a dónde voy yo con 74 años a pedir una hipoteca? Nos están amargando nuestros últimos años de vida”.

El 25 de abril se celebra el último Pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde se prevé una evaluación del gobierno del PP y Ciudadanos, por lo que las vecinas afectadas, que se concentrarán al mismo tiempo frente a Cibeles, todavía tendrán que esperar a la próxima legislatura y un nuevo pliego para saber si llegarán a ser propietarias de sus viviendas.