Derecho a la vivienda
¿Quién está detrás de la asociación de propietarios Asval?

En los últimos días, la agenda mediática está atendiendo al problema de la vivienda invitando a una supuesta asociación de pequeños propietarios conocida como Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (ASVAL) pero ¿cuál es el contexto de esta asociación?

Asval se funda en febrero de 2019 en base a una idea originaria de tres empresas, las inmobiliarias La llave de oro y Tectum apoyadas por el fondo de inversión Ares Management. A estas se sumaron posteriormente Testa Homes y Albirana, controladas por el fondo de inversión Blackstone. Según la propia asociación, cuentan con mas de 30.000 viviendas y cuentan con unos 5.000 asociados. Haciendo un cálculo simple salen a 6 viviendas por asociado, pero es que, según datos de El Economista, solo Testa, Albirana y Fidere, todas ellas controladas por Blackstone, ya suman más de 30.000 viviendas. De hecho, el propio fondo Blackstone ya supone un lobby en sí mismo al ser el principal arrendador del país con más de 20.000 viviendas en alquiler. Entonces ¿por qué la presentan los medios como asociación de pequeños propietarios? La estrategia es clara, utilizar a los pequeños propietarios como señuelo para poder justificar que no se trata de un lobby de presión creado, compuesto y dirigido por los principales fondos e inmobiliarias del país.

Asval, además, está dirigida por el socialista Joan Clos, exalcalde de Barcelona, que actualmente dirige las dos patronales de propietarios en España, Asval y Fiabci, una pieza clave para los intereses privados que actúa como conexión entre el poder político y los grandes propietarios para evitar las regulaciones del mercado inmobiliario que puedan afectar a sus intereses. Una puerta giratoria en toda regla.

España en la actualidad es el país europeo con mayor número de sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria, un regalo a los intereses extranjeros y a los fondos de inversión que entregó el gobierno de Rajoy

Y es que España en la actualidad es el país europeo con mayor número de sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria, un regalo a los intereses extranjeros y a los fondos de inversión que entregó el gobierno de Rajoy a través de la Ley de arrendamientos urbanos de 2013, que, entre otras cosas, redujo la limitación temporal de los contratos de alquiler de cinco a tres años, el mismo plazo obligatorio que estas sociedades deben cumplir al arrendar sus inmuebles y de esta manera ahorrarse el impuesto de sociedades, o redujo la cantidad de inmuebles necesarios para constituir la sociedad a uno.

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El Plan de Vivienda 2018-2021 es el último episodio de una serie de modificaciones que han beneficiado a los grandes propietarios, bancos y fondos para que una nueva burbuja especulativa tire de la economía.

Es así como el gobierno del Partido Popular construyó un modelo de especulación a coste cero para los fondos de inversión que arrasaron con el mercado de la vivienda en España y que actualmente van a ser los principales beneficiarios de las ayudas de los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas y la eficiencia energética. Lo que lejos de solucionar el problema de la vivienda provocó dos nuevos efectos negativos:

En primer lugar, una baja tasa de natalidad situada por debajo de la tasa de reemplazo. Ni siquiera con la inmigración crece la población española y los motivos, según coinciden organizaciones como Save the Children o expertos como el catedrático de sociología de la Universidad de A Coruña Antonio Izquierdo, son la precariedad laboral y el alto coste de la vivienda.

En segundo lugar, que el 65% de los jóvenes españoles entre 25 y 29 años no se hayan emancipado, y los que lo hacen, lo hacen tres años después que la media europea, la tercera peor cifra de la UE, un resultado determinado por unas condiciones materiales de precariedad y alto coste de la vivienda.

Es destacable que a día de hoy, y teniendo en cuenta las diferentes intervenciones de supuestos expertos aparecidos en medios, no se haya tenido en cuenta que el parque de vivienda pública español, a pesar de requerir 1,8 millones de viviendas, solo supone el 0,5% del total de la oferta, según fuentes de Eurostat, una cifra que convierte a España en el quinto país con menos vivienda pública de Europa, a falta de seis puntos para alcanzar la media y en uno de los países donde los ciudadanos destinan más porcentaje de su sueldo a vivienda de la UE. Y es que, teniendo en cuenta que el salario más frecuente entre los colectivos que viven de alquiler —17% de los españoles que logran emanciparse— no alcanza los 18.000 euros brutos anuales, esta carga supone de media más de la mitad de su sueldo.

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Decenas de organizaciones ciudadanas nacen por todo el Estado para hacer frente a la subida de los alquileres, un negocio especulativo impulsado por fondos de inversión y el auge de los arrendamientos turísticos.