Derecho a la vivienda
El sueño de un alquiler asequible se aleja aún más después del acuerdo entre el PSOE y Sumar

Tras meses de negociación y algunos golpes sobre la mesa, los partidos de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ya tienen un pacto de Gobierno a la espera de que se cierre el acuerdo con los partidos soberanistas.

Lejos del pacto de investidura de 2019 entre Unidas Podemos y PSOE, que recogía muchas de las demandas de los sindicatos de inquilinos y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los puntos de este nuevo acuerdo en materia de vivienda se distancian de las exigencias de las principales organizaciones sociales, que llevan meses exigiendo compromisos concretos o medibles para que la Ley de Vivienda se pueda aplicar y sirva para bajar los alquileres y detener los desahucios.

La principal medida recogida en el pacto y de las pocas que ofrece un objetivo concreto es “elevar el peso” de la vivienda pública hasta el 20%, una cifra que actualmente apenas supera el 2% del total de vivienda. Para llegar a este objetivo, el texto no incluye compromisos de inversión o porcentajes del PIB —en el programa electoral de Sumar se hablaba del 1%— ni de plazos para conseguirlo.

A la hora de enumerar las vías para ampliar el parque público, se incluye una demanda histórica del movimiento de vivienda —la movilización de vivienda vacía—, pero no se concreta cómo se conseguirá, más allá de la creación de un registro de pisos deshabitados. Ambos partidos también han acordado “contar también con la vivienda que actualmente es propiedad de la Sareb”, una promesa que se aleja mucho de la propuesta original de Sumar recogida en su programa electoral.

El pacto no ofrece ningún compromiso para regular los alquileres temporales, la vía de escape favorita de los propietarios para burlas la Ley de Vivienda y la ley estatal de alquileres

Los obstáculos que se está encontrando la aplicación de la Ley de Vivienda tienen reflejo en los compromisos recogidos en el acuerdo, entre ellos la inexistencia de un índice de precios de referencia reconocido por el Gobierno central —Catalunya no ha podido comenzar a aplicar la ley porque el Gobierno central no reconoce el índice catalán— que permita identificar los municipios y distritos tensionados, paso previo para introducir topes en el precio de los alquileres. Para que la Ley se pueda aplicar, estos dos partidos se comprometen a “definir con carácter inmediato” estos índices de referencia.

Otros problemas de la Ley de Vivienda que impiden su aplicación siguen sin solventarse. El acuerdo no incluye ninguna ventana que permita aplicar la ley en comunidades autónomas, ciudades o barrios tensionados si el gobierno autonómico está en manos de la derecha. El pacto tampoco ofrece ningún compromiso para regular los alquileres temporales, la vía de escape favorita de los propietarios para sortear la aplicación de la Ley de Vivienda y la ley estatal de alquileres.

El acuerdo entre el PSOE y Sumar sí recoge el compromiso de tapar otros de los grandes agujeros de la Ley de Vivienda y revisar la regulación de los pisos turísticos en zonas tensionadas.

Las propuestas electorales más ambiciosas de Sumar para hacer efectiva la aplicación de la Ley de Vivienda y garantizar el derecho a la vivienda han desaparecido del texto del acuerdo

Las propuestas electorales más ambiciosas de Sumar para hacer efectiva la aplicación de la Ley de Vivienda y garantizar el derecho a la vivienda han desaparecido del texto del acuerdo. Ya no hay rastro de muchas de las propuestas electorales más cercanas a las demandas del movimiento de vivienda, entre ellas limitar los alquileres de temporada, aumentar la duración mínima de los contratos de alquiler, implementar el alquiler social obligatorio para grandes tenedores, la dación en pago, obligar a las administraciones a ofrecer alternativa habitacional frente a un desahucio de una familia vulnerable, una “regulación efectiva de los precios del alquiler” o el desarrollo de un régimen sancionador que impida que las inmobiliarias se salten la Ley de Vivienda y sigan cobrando los honorarios a los inquilinos, tal como denuncian los sindicatos de inquilinos.

También han caído en la negociación con el PSOE las propuestas para replicar a escala estatal algunas de las propuestas más innovadoras realizadas por gobiernos municipales y autonómicos, como pueden ser los juzgados especializados en conflictos vinculados con el derecho a la vivienda, el desarrollo del derecho de las administraciones al derecho de tanteo y retracto o la creación de unidades que vigilen el acoso inmobiliario y la discriminación en el acceso a la vivienda. En este sentido, el acuerdo sí recoge la iniciativa de crear un registro de viviendas vacías, una iniciativa que desplegaron en los últimos años muchos gobiernos locales de centro-izquierda.

La PAH ha mostrado su decepción con el acuerdo entre el PSOE y Sumar. Aunque el acuerdo de la anterior legislatura era más “concreto”, dicen en un comunicado, “su resultado, la Ley de Vivienda, supuso una enorme frustración tanto para las organizaciones en defensa de este derecho, como para las personas que han ido viendo cómo el crecimiento de los alquileres y las hipotecas les está impidiendo el acceso a una vivienda digna y adecuada”. 

Sobre hipotecas y Euribor

Mayor concreción ofrecen los acuerdos para ayudar a hogares que están sufriendo las subidas del Euribor con una propuesta lanzada por el responsable económico de Sumar, Carlos Martín Urriza, que consiste en forzar la competitividad en el mercado hipotecario entre entidades “eliminando los obstáculos a la portabilidad real de las hipotecas entre entidades, reforzando la supervisión tanto financiera como de competencia e impulsando la transparencia”.

Además, el texto del acuerdo se compromete a ampliar a la renta media, calculada en 37.800 euros, el umbral para acceder a las medidas de apoyo por la subida de tipo de interés, una medida que supone  una moratoria y una congelación de la cuota de un año, pero no un recorte de los beneficios extraordinarios que están recibiendo los bancos por la subidas del Euribor, tal como pedían desde las organizaciones de vivienda.

Otra medida que recoge el acuerdo para facilitar el acceso a la vivienda a los menores de 35 años es el compromiso de crear una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2.500 millones de euros para avalar el 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual. Una medida que ya recibió numerosas críticas del sector de Podemos dentro de Sumar y del movimiento de vivienda, quienes criticaban que la medida comprometía dinero público para un modelo que no terminaba con un modelo especulativo sino que lo impulsaba, y que copiaba esquemas previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando los bancos financiaban el 100% de las hipotecas. La PAH califica esta medida como “aberrantes”, ya que, según denuncian, “alcanzará a muy pocas personas, dada la situación actual de las hipotecas y el euríbor, incentiva el endeudamiento y distraerá fondos que deberían ir destinados a la generación de parque público”. La propuesta tampoco gustó en su momento al PP, que protestó porque le habían robado la idea.