Abusos a la infancia
La ONU da el sexto toque a España por la desprotección de la infancia víctima de abusos sexuales y violencia machista

Cuatro relatores de este organismo vuelven a expresar su “preocupación” por la utilización de estereotipos judiciales y la minusvaloración del testimonio de las madres cuando denuncian abusos sexuales sobre sus hijos e hijas, así como la utilización del supuesto Síndrome de Alienación Parental en su contra.
madres protectoras
En junio de 2019, un grupo de ciudadanas protagonizó una marcha de apoyo tras sucesivas detenciones de mujeres. Álvaro Minguito

La hija de Diana García refirió abusos sexuales por parte de su padre con apenas dos años. Fue diagnosticada con una infección de herpes bucal; tenía lesiones permanentes en la zona genital y en la boca. Hasta en tres ocasiones el colegio de la menor ha denunciado estos supuestos abusos. Al mismo tiempo, García denuncia haber sufrido violencia machista por parte de su expareja desde 2006. El 21 de marzo de 2019, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número tres de Madrid dictó una orden de alejamiento para proteger a esta madre, en trámites de divorcio. Sin embargo, el 23 de julio de 2021 se dictó la sentencia de divorcio, en la cual se otorgó la guardia y custodia de la niña al padre y se estableció un régimen de visitas para la madre.

Con estos datos sobre la mesa, recogidos por Naciones Unidas en una carta firmada por cuatro relatores, el pasado 21 de enero esta organización alertaba a España de la posible indefensión de esta menor y su madre. “Quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por la integridad física y mental de Diana García y y quisiéramos llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre los estándares y normas internacionales que protegen los derechos que se estarían vulnerando a las víctimas, tales como son el derecho fundamental a la integridad física y psicológica, el derecho absoluto a no ser torturado, el derecho a la salud, el interés superior de la niña o el derecho de la mujer a una vida libre de violencia”, avisan en la misiva.

Los hechos se enmarcan en tendencias más amplias en el sistema de justicia español “que indicarían, por parte de los operadores de justicia, una interpretación discriminatoria de la legislación nacional, basada en prejuicios y estereotipos de género”

Y no se quedan solo ahí. Tal y como ya expresaron en diciembre, en la quinta llamada de atención a España, los hechos se enmarcan en tendencias más amplias en el sistema de justicia español “que indicarían, por parte de los operadores de justicia, una interpretación discriminatoria de la legislación nacional, basada en prejuicios y estereotipos de género”.

Violencia machista
Violencia machista La ONU da un toque a España por no proteger a la infancia víctima de maltrato y abusos sexuales
Un grupo de expertos de Naciones Unidas alerta de que el Gobierno debe hacer más para proteger a los niños y niñas de la violencia machista y los abusos sexuales, y para garantizar que sus tribunales superen los prejuicios contra las mujeres, que acaban perdiendo la custodia de los menores en favor de sus supuestos abusadores.

Así, destacan que a los testimonios de las madres se les atribuye valor inferior, además de la falta de credibilidad de estas cuando denuncian abusos contra sus hijos e hijas.

Además, inciden en su preocupación por la utilización del supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP) en contra de las madres; una figura sin respaldo de la comunidad científica y desaconsejada por el propio Consejo General del Poder Judicial. Este supuesto síndrome describe una situación en la que un progenitor aliena a su hijo o hija contra el otro alegando con falsas acusaciones de agresión sexual o malos tratos.

No obstante, celebran la aprobación de la nueva ley de protección a la infancia y la adolescencia, que, destacan, estable en su artículo 11 el derecho de las víctimas a ser escuchadas y que se impedirá el uso de planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman manipulación adulta, como el mencionado SAP.

El sexto aviso

El primer toque a España vino de la mano del Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra Mujeres y Niñas que expresó su preocupación por la desprotección de la infancia tras su visita al país en el 2014. En su informe ya se elevaba la voz de alarma por otorgar custodias y no emitir órdenes de alejamiento contra padres acusados de violencia doméstica. Este grupo de trabajo avisaba de que habían sido informados de que “a menudo se interpreta que el interés superior del niño requiere una normalización de la relación con el padre, y que a los padres se les conceden con frecuencia derechos de visita y custodia, a pesar de las pruebas de que han cometido actos de violencia doméstica”. “Se estima que unos veinte niños fueron asesinados por sus padres durante reuniones de visita entre 2008 y 2014”, avisaban.

“Se estima que unos veinte niños fueron asesinados por sus padres durante reuniones de visita entre 2008 y 2014”, avisaba Naciones Unidas

Después de esto, entre 2019 y 2022, los relatores de la ONU han enviado hasta cinco comunicados al Gobierno de España para alertar de desprotección de las víctimas. Así, en octubre de 2019 denunciaban la situación de una madre uruguaya residente en Lleida a la que retiraron la custodia de su hija tras denunciar abusos sexuales por parte del padre y que este abriera tres procedimientos penales contra ella.

Después, en diciembre de 2019, se comunicaban con el Gobierno para alertarles de la situación de una madre y dos menores de Alicante, supuestamente abusados por su padre, quien llegó a tener una orden de alejamiento revocada por la Audiencia Provincial de la provincia.

Tras esto, el 25 de septiembre de 2020, denunciaron el caso de Irune Costumero, quien perdió la custodia de su hija en favor de su padre, pese a la apertura de tres protocolos de maltrato en el hospital de Cruces en Bizcaia por daños infligidos por su padre. Su caso dio lugar a la imputación de cuatro miembros del Servicio de Infancia, al haber actuado sin haber solicitado una autorización del juez, y por haber privado una niña de ver a su madre que gozaba de la custodia compartida de su hija. Costumero, a quien se le aplicó el SAP para separarla de su hija, lucha por la custodia compartida, recientemente denegada por la Audiencia de Bizkaia.

Más de un año después, el 9 de diciembre de 2021, la ONU volvía a tocar la puerta del Gobierno de España. Esta vez emitía un comunicado de prensa público para hacer una denuncia del funcionamiento estructural del sistema de justicia contra las madres que denuncian abusos sexuales contra sus hijos. Era el quinto toque de este organismo internacional que hoy vuelve a la carga con el caso de Diana García.

“Existe un gran número de criaturas que están desprotegidas y nosotras, sus madres, estamos siendo ignoradas y discriminadas por intentar protegerles de violencia sexual, física y psicológica.”

Madres protectoras

Tras esta última llamada de atención, desde la Plataforma de Madres Protectoras avisan: “existe un gran número de criaturas que están desprotegidas y nosotras, sus madres, estamos siendo ignoradas y discriminadas por intentar protegerles de violencia sexual, física y psicológica.” Niños y niñas “obligados a vivir con sus presuntos abusadores, impidiéndoles su derecho a una vida libre de violencia.”

Por otro lado, desde esta plataforma aseguran que están viendo denegado su acceso a la justicia para ser reparadas. Como los técnicos de la ONU, hablan de desprotección y de la aplicación de estereotipos de género en los juzgados. Y exigen al gobierno que tome cartas en el asunto.

Para ello, entre otras demandan, piden “que no se produzcan arrancamientos de niños y niñas de sus madres tras las denuncias de maltrato y/o abuso sexual” o la instauración de sanciones “para todos aquello agentes jurídicos y no jurídicos que apliquen el falso SAP, ya sea literalmente, o a partir del uso de estereotipos de género”. Además, proponen la creación de una comisión independiente “que investigue sobre la violencia sexual en el entorno familiar y la respuesta estatal en estos casos, mostrando los cientos de niños y niñas que denuncian y son arrancados de sus madres. Exigimos reparación y justicia para todos estos niños y niñas”, concluyen.

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