Síndrome de alienación parental (SAP)
Una madre amenazada con cárcel tras intentar proteger a sus hijos

Cuenta Silvia Aquiles que su fatídica historia comienza cuando su hija, con apenas tres años, refirió abusos sexuales por parte de su padre. “El papa me ha tocado”, expresó la niña mientras la bañaba, según relata su madre, que remarca que estaba felizmente casada. Era 2015 y tenía que sacar adelante a su hija y a un bebé de meses. “Me enfrenté al padre y fue lo peor que pude hacer. Pasé dos meses y medio aterrorizada, acostándome en la cama temblando, sin saber si me despertaría viva. Quería conseguir pruebas para pillarle. Finalmente denuncié y me fui de mi casa”.

Tras la denuncia, como medidas provisionales, se estableció un punto de encuentro obligatorio para que el padre se encontrara con sus hijos y se denegó una orden de alejamiento. “En las visitas, mi hija entraba en ataques de ansiedad. Suspendieron las visitas pero me obligaban a que el pequeño las cumpliera”, relata esta madre, quien afirma que en esos encuentros también hubo abusos.

Tras denunciar abusos sexuales a los hijos por parte del padre, ha perdido la custodia de ambos, lleva más de 600 días sin ellos y se enfrenta a tres delitos.

Hoy, y tras una larga lucha judicial plagada de informes, incluso algunos que la culpan a ella de supuesto Síndrome de Alienación Parental (el controvertido SAP), a los que ha tenido acceso El Salto, ha perdido la custodia de ambos, lleva más de 600 días sin ellos y se enfrenta a tres delitos.

Uno por una supuesta desobediencia en el punto de encuentro. “Hay cuatro visitas en las que no pude llevar a mis hijos, justificadas médicamente. Se han convertido en cuatro requerimientos: tres se han archivado y uno de ellos lo quieren llevar para adelante”, explica. Por esto, la fiscal le pide seis meses de prisión. También le han reabierto un delito de sustracción de menores. Aseguran que tardó 14 días en entregar a sus hijos, “pero a mí me lo notificaron el 3 de marzo de 2020 y yo el 4 los había entregado”, señala. Además, se enfrenta a otro delito de revelación de secretos por colocar una grabadora en el menor durante una visita con su padre. Para Silvia, esta acumulación de causas no son más que una estrategia. “Quieren crear antecedentes para que yo entre en prisión. Son represalias por haberme querellado contra dos magistrados”, explica.

Su caso se parece al de otras madres que empiezan acudiendo a la justicia para denunciar abusos sexuales a sus hijos y acaban perdiendo la custodia, cuando no condenadas también por secuestro. Madres protectoras como María Sevilla, Patricia González o Daria Sidorkevich, que respaldadas por la Federación de Asociaciones del Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de la Violencia de Género, hacen hincapié en que no son creídas y denuncian la reiterada utilización del Síndrome de Alienación Parental (SAP), que la nueva ley de infancia ha prohibido utilizar, una figura sin respaldo de la comunidad científica y desaconsejada por el propio Consejo General del Poder Judicial. Este supuesto síndrome describe una situación en la que un progenitor aliena a su hijo o hija contra el otro alegando con falsas acusaciones de agresión sexual o malos tratos.

Madres protectoras piden actuar contra el maltrato institucional cuando denuncian violencia machista y abusos

Patricia Reguero Ríos

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Violencia machista

Madres protectoras piden actuar contra el maltrato institucional cuando denuncian violencia machista y abusos

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La Federación de Asociaciones Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de la Violencia de Género tiene constancia de medio centenar de casos de mujeres a quienes la justicia separó forzosamente de sus hijos tras denunciar malos tratos hacia ellas o los niños. Los casos de Sara en Extremadura o de Juana Rivas son algunos recientes.

Coordinación parental

Pero a su historia se suma un componente más: el papel del “coordinador parental”, una controvertida figura, sin regulación e inexistente en la ley, que algunos jueces utilizan para la resolución de conflictos entre progenitores. En su caso, y en palabras de esta madre, solo ha facilitado que le quiten a sus hijos.

“El papá me ha hecho muchas cosas malas. Empujarme, pegarme, tocarme la vulva…”. Así se expresa la hija de Silvia en una grabación en la Unidad Funcional de Abusos al Menor del Hospital Sant Joan Déu de Barcelona

“El papá me ha hecho muchas cosas malas. Empujarme, pegarme, tocarme la vulva…”. Así se expresa la hija de Silvia en una grabación, a la que ha tenido acceso El Salto, realizada en la Unidad Funcional de Abusos al Menor del Hospital Sant Joan Déu de Barcelona. Los profesionales de este punto concluyeron que su declaración no era creíble y que hay “signos de contagio del discurso de preocupación de la madre”. Una declaración que tuvo que realizar después de que se anularan las visitas en el punto de encuentro.

Con esta grabación, entre otras pruebas, Silvia Aquiles consiguió un auto protector, fechado el 5 de mayo de 2018, en el que se suspenden las visitas y la comunicación con el padre de los menores. El padre recurrió esta decisión ante la sección 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Sala que falla la reanudación de las visitas y la instauración de un coordinador parental en una sentencia firmada por los magistrados José Pascual Ortuño y Vicente Ballesta Bernal.

La hija, que ha manifestado en diversas ocasiones que no quiere ir con su padre, pasa a un centro de menores y el hijo pasa a estar bajo la custodia del padre

Tras esto, el padre demandó a Silvia Aquiles y solicitó que se le quitara la custodia de sus hijos. “Me acusaba de impedir la relación paterno filial y me dice que yo me puedo fugar de mi domicilio habitual, en el cual llevo cinco años, tengo trabajo y está la escolarización de mis hijos”. Tras esta demanda, y con tres informes de la coordinadora parental en contra de Silvia, el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Barcelona emite en febrero de 2020 un auto que supone el arrancamiento de sus hijos.

La hija, que ha manifestado en diversas ocasiones que no quiere ir con su padre, pasa a un centro de menores y el hijo pasa a estar bajo la custodia del padre. La hija deberá ser sometida a terapia “para restablecer la relación paternofilial”. Silvia solo podrá ver al menor cada 15 días en un punto de encuentro. A su hija no podrá volver a verla hasta que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) lo estime. Por su parte, la coordinadora de parentalidad asegura que “la madre no tiene ninguna empatía con los menores” y que “no los preserva del conflicto ni de su odio hacia el padre”.

“El sistema judicial falla a la hora de proteger a los niños y niñas: son obligadas a declarar hasta cuatro veces y algunos procesos se alargan hasta cinco años”, alerta Save the Children

Procesos largos y tortuosos

Aquiles denuncia un proceso largo en el que siente que no se han protegido los derechos de sus hijos. E insiste en que no es la única que se enfrenta a esta “desgastante” maquinaria judicial. En este sentido, el pasado jueves 18 de noviembre Save The Children presentaba el informe 'Los abusos sexuales hacia la Infancia en España' en el que se incide en el “calvario judicial” que sufren los niñas y niños que denuncian abusos sexuales tras la revisión de 394 sentencias.

“El sistema judicial falla a la hora de proteger a los niños y niñas: son obligadas a declarar hasta cuatro veces y algunos procesos se alargan hasta cinco años”, alerta esta organización que considera “urgente” la especialización de la justicia, incluidos jueces y fiscales. "Por incomprensible que parezca, la infancia y la adolescencia en nuestro país no están teniendo procesos judiciales justos; revertir esta anomalía ha de ser una prioridad”, señala Andrés Conde, director general de Save the Children.

“Envían a mi hija a un centro de menores porque no quiere ir con su padre y envían a mi hijo con un completo desconocido. Y las veces que se encontró con él en el punto de encuentro relataba conductas sexualizadas”

“Durante este tiempo me he estado moviendo legalmente y denuncié a la coordinadora parental, por delito de prevaricación, falso testimonio en juicio y coacción. También denuncié a los jueces que me la impusieron, ya que esta figura no está regulada y ha provocado un arrancamiento injustificado”, asegura Silvia Aquiles. Un “triple arrancamiento” en el que separan también a los menores entre ellos. “Envían a mi hija a un centro de menores porque no quiere ir con su padre y envían a mi hijo con un completo desconocido. Y las veces que se encontró con él en el punto de encuentro relataba conductas sexualizadas”, advierte Aquiles. Tras diez meses en el centro de menores, la hija de Silvia Aquiles fue enviada a la casa de su padre.

“Me acusan de secuestrar a mi hija pero yo solo la estoy protegiendo de abusos sexuales”

Sara Plaza Casares

Abusos a la infancia

Madres protectoras “Me acusan de secuestrar a mi hija pero yo solo la estoy protegiendo de abusos sexuales”

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Daria Sidorkevich acusa a su exmarido de abusar sexualmente de su hija Camila, mientras él la ha denunciado en comisaría y ante los medios por sustracción de menores. Sidorkevich ha sido inculpada de instrumentalizar a su hija por varias instituciones, mientras sobre su ex ha pendido una orden de alejamiento de la menor.

En la actualidad Aquiles solo ve a sus hijos una hora cada 15 días. “A mi hijo le veo desde mayo y a mi hija desde agosto”, especifica. Advierte,  además, del estado de los pequeños. El menor, que actualmente tiene seis años, “tiene varios trastornos desde el arrancamiento: retraso en el habla, distrofia muscular, aspavientos involuntarios con una de las manos, pérdida grave auditiva que ha derivado en llevar audífonos desde hace meses”. La niña, que tiene ya nueve años, “presenta un trastorno de conducta, ansiedad y come compulsivamente”.

“Me enfrenté al padre y fue lo peor que pude hacer”, repite Silvia. “Al final toda la situación se me ha vuelto en contra”, concluye.