Violencia machista
Madres protectoras piden actuar contra el maltrato institucional cuando denuncian violencia machista y abusos

La condena de Juana Rivas incluye no solo dos años y medio de prisión sino también seis de retirada de la patria potestad. En la petición de indulto presentada por sus abogados el 3 de mayo, argumentan que existe un procedimiento penal de investigación criminal por maltrato del padre a los menores basado en informes clínicos emitidos por especialistas del Servicio de Salud de Granada que iniciaron el protocolo SIMIA, activado en casos de acoso, abuso y maltrato a menores. También hay abierto un procedimiento de familia en el que la unidad familiar está siendo valorada para proceder con la guardia y custodia de los menores, donde se están considerando los elementos de maltrato del procedimiento penal. Pero los hijos vivirán con él mientras se condena a la madre de Granada. 

En Extremadura, Sara no ve a sus hijas desde hace dos años. Tampoco ha podido hablar con ellas. Los abuelos maternos de los niños, que han conseguido que un juez autorice visitas semanales de una hora en un punto de encuentro, no pueden hablar sobre la madre con ellas, ni mostrarles fotos ni llevarles regalos, como solicitó la abogada de su expareja estableció un juzgado. Mientras, Sara ha sido condenada a cuatro años de prisión por un supuesto delito de sustracción (secuestro) denunciado por el progenitor de una de las niñas, pese a que cuando puso la denuncia las niñas seguían viviendo en la misma casa y la madre trabajando donde siempre. 

Son dos de los casos que la actualidad ha puesto recientemente en los titulares. Pero hay más. Los de Patricia González, María Ugarte, Ana María Bayo, María Sevilla, Silvia Aquiles, María Isabel Martínez, Verónica S., o Daria Sidorkevich son otros casos que ponen nombre y apellidos a una historia que se repite: la de mujeres que denuncian a sus parejas por malos tratos hacia ellas o por abusos sexuales hacia sus hijos y acaban como acusadas —y condenadas— en procesos penales.

Es lo que denuncian la Federación de Asociaciones Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de la Violencia de Género, que conoce hasta medio centenar de casos similares a estos y que este miércoles he hecho público un escrito dirigido a las autoridades para pedir “una reparación del daño inmediata para que las criaturas que han sido arrancadas sean devueltas a su único vínculo de seguridad, que son sus madres protectoras”. En el escrito, que dirigen al Ministerio de Justicia, al de Igualdad y al Gobierno de España, piden también que la violencia Vicaria y el maltrato institucional aparezcan reflejados en la ley de violencia de género y la ley de infancia y que la patria potestad sea retirada a los padres que ejercen la violencia vicaria, tal y como dice el artículo 3 del convenio de Estambul y la medida 139 del Pacto de Estado contra la violencia de género, indican.

La organización, que se ha ido gestando en los últimos dos años gracias al contacto entre diferentes organizaciones que trabajan sobre la violencia machista y supervivientes de la misma,  se formalizó como federación hace uno, como explica una de sus integrantes a El Salto. “Todo el mundo habla de nosotras como si no supiésemos hablar, queríamos recuperar nuestra propia voz”, explica.

La organización, explica esta integrante, surge con el objetivo de denunciar las violencias institucionales, presionar contra el Síndrome de Alienación Parental y visibilizar la violencia vicaria. “En las últimas semanas estamos siendo testigos de una situación histórica en lo que a la violencia vicaria se refiere y gracias a la valentía de Rocío Carrasco y el apoyo de los medios de comunicación, se está visibilizando la peor de las violencias que un hombre puede ejercer contra su expareja, maltratando de manera brutal a sus criaturas”, explican en el comunicado.

Pese a que llevan un tiempo organizadas para denunciar el maltrato institucional que sufren las madres que denuncian malos tratos hacia ellas o abusos sexuales hacia sus hijas, han decidido dar este paso ahora “porque en estos momentos se nos están acumulando las situaciones de compañeras”, dice en referencia a los casos de Juana Rivas, Sara B.B. o María Sevilla.

Además de lanzar este manifiesto para recabar apoyos, explican, la federación se han reunido en el último año con la Delegada para la Violencia de Género, Victoria Rosell, con el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, y con diferentes organismos autonómicos.

La organización cuenta con el apoyo del movimiento feminista, explican, y en concreto de algunas organizaciones como la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Mujeres separadas y divorciadas, Organización de Mujeres Intersindical, Plataforma 8M/25N de Granada, Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación de psicología y psicoterapeuta feminista.

Sobre si existe miedo entre las madres por el precedente de Infancia Libre, la asociación de mujeres que denunciaba casos como estos y que acabó acusada de constituir una organización criminal (una teoría policial rechazada por la Fiscalía), desde la federación responde que no tiene miedo: “Lo único que hacemos es manifestar nuestra ideas igual que hacen grupos políticos, solo estamos denunciando y expresando lo que pensamos”.

Según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, solo el 0,8% de los niños tienen la protección y sus padres retirada la patria potestad, argumentan, mientras que la Macroencuesta de Violencia sobre la mujer publicada en septiembre del año 2020 por la delegación de Gobierno destaca que, 840.000 niños no tienen medidas de protección.

La federación ha convocado concentraciones el día 17 de mayo a las 19h. frente al Ministerio de Justicia u organismos judiciales en varias ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Mallorca, Zaragoza y Granada.