Acoso escolar
La Comunidad de Madrid evita pedir perdón a una víctima de acoso escolar reconocido en una sentencia

El Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid condenó al Colegio Concertado Retiro al pago de una indemnización de 10.000 euros por el acoso con tintes xenófobos que recibió una de sus alumnas, Camelia. La sentencia, de mayo de 2023, establece que durante cinco años, la estudiante, de origen vietnamita, recibió insultos como “china hija de puta” o “cerda”. Sin embargo, lejos de proteger a la menor, la actuación del centro fue insuficiente, tal y como refleja el auto.

Con la sentencia en la mano, Rosa Álvarez, madre de Camelia, emitió un escrito a la Dirección de Área Territorial (DAT) centro, dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno de la Comunidad de Madrid (Partido Popular), para que revisara el procedimiento y sus conclusiones, en las que afirmaban que no había evidencia de acoso, y que esta instancia presentara una disculpa pública. Nada de eso ha sucedido, se queja Álvarez.

La sentencia establece que durante cinco años, la alumna, de origen vietnamita, recibió insultos como “china hija de puta” o “cerda”. Lejos de proteger a la menor, la actuación del centro fue insuficiente

En la respuesta a su requerimiento, a la que ha tenido acceso El Salto, firmada por la directora de la DAT centro, Coral Báez Otermín, se expresa a Álvarez que, si bien respetan el pronunciamiento judicial, “bajo la constante supervisión del Servicio de Inspección Educativa”, este constató, de conformidad con la información aportada por el centro, “que no se pudo acreditar que la alumna hubiera sido objeto de acoso”. Báez añade además que “este centro directivo no ha recibido de dicho Juzgado, ni de ningún otro, requerimiento alguno u orden de actuar en ningún sentido”.

Álvarez afirma que leyó la respuesta a su carta con “estupor”. “Y digo respuesta aunque no es una respuesta a lo que yo he planteado”, se queja. “Por una parte, respetan la decisión judicial pero a la vez siguen defendiendo que lo han hecho bien, a pesar de que sus conclusiones son las contrarias a las de la sentencia”, relata esta madre.

La misiva acaba recordando, en negrita y subrayado, el “archivo definitivo” de la denuncia de Álvarez ante esta instancia que ya fue acordado “anteriormente por esta Administración educativa”. “Ella habla que han actuado escrupulosamente. ¿Han actuado escrupulosamente o sin escrúpulo alguno?”, se pregunta la madre de Camelia, para quien una respuesta así está “al milímetro de jactarse del sufrimiento causado”.

Poniendo números al acoso escolar

Mientras tanto, nuevos informes ponen datos al acoso escolar que se sufre en las aulas. El pasado lunes 7 de octubre se presentaba el análisis de la Fundación Cotec en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, titulado Hilando voces, que concluye que un 35% de los alumnos y alumnas han sido víctimas de acoso, de los cuales casi la mitad, un 44% ha llegado a sufrir violencia física.

Desde Suspenso al Racismo denuncian que la administración madrileña no actúa, cuando acumula ya dos sentencias por acoso escolar racista en cuatro años

Desde la plataforma Suspenso al Racismo se quejan de que mientras salen a la luz estos datos se conocen casos como el de Camelia y la administración madrileña no actúa, cuando acumula ya dos sentencias por acoso escolar racista en cuatro años. “Mientras la administración sigue faltando el respeto e ignorando, invisibilizando y revictimizando a las supervivientes, nosotras seguiremos luchando para que se nos vea y activar todos los mecanismos posibles para que las aulas sean espacios seguros”, sentencian.

“Me preocupa que sigan actuando así”, expresa Rosa Álvarez. “Se saben impunes, nuestra sentencia no va a tener ninguna consecuencias para ellos ni para el colegio, es una multa que pagará el seguro de responsabilidad civil. Y, mientras, esas personas siguen trabajando con niños”, sentencia.