Acoso escolar
Obligan a ir a clase a una niña que denuncia acoso en un colegio concertado de Aranjuez

“Un conflicto entre iguales”. Esta fue la conclusión a la que llegó un colegio concertado de Aranjuez  tras abrir un protocolo por acoso a petición de la familia de Edurne —nombre ficticio— en octubre de 2023. La niña, de nueve años, llevaba desde Primero de Primaria denunciando acoso escolar por parte de una compañera. La cosa iba escalando según iban avanzando de curso hasta que en cuarto de Primaria el colegio—cuyo nombre se omite a petición de la familia— accedió a abrir el protocolo de acoso en octubre de 2023. Un protocolo que concluyó, tal y como se refleja en la documentación a la que ha tenido acceso El Salto, que no había indicios suficientes “por el momento o no son concluyentes” de acoso escolar, fijando una nueva reunión para el 13 de febrero de 2024. En marzo se dio por cerrado el caso con las mismas conclusiones, tal y como denuncia la familia.

Mientras tanto, la salud de Edurne ha ido empeorando, quien sufre además una enfermedad autoinmune y cuenta con un diagnóstico de covid persistente. Tal y como se lee en el parte médico realizado por el área de psicología del Hospital público del Tajo el pasado 14 de marzo de 2024, la menor insiste en que hay un conflicto con una compañera que la insulta con verbalizaciones tales como “mala, gorda, tonta”, le amenaza, le pone la zancadilla y le da empujones.

“Asocia cefaleas frecuentes, que relacionan con ansiedad por ir al colegio”, se lee en el parte médico. “Presenta insomnio de conciliación y en ocasiones tiene pesadillas”, añade. El acoso que denuncia “agudiza sintomatología ansioso-depresiva”, expresa el informe. “Se recomienda reposo de la actividad escolar hasta nueva indicación”, concluye.

“La rechazan todos los niños de la clase porque la acosadora va diciendo a los compañeros que no jueguen con ella y el acoso ya es grupal”, denuncia la familia, quienes añaden agresiones como puñetazos en la barriga y patadas.

Un colegio concertado, condenado a pagar 10.000 euros por el acoso xenófobo que recibió una alumna

Sara Plaza Casares

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El colegio madrileño Retiro deberá pagar 10.000 euros a Camelia, quien sufrió durante cuatro años insultos y vejaciones de connotación xenófoba, así como “indefensión” por parte de las instituciones, tal y como se refleja en la sentencia.

“Nosotros pedimos la impugnación del protocolo porque se interrogó a nuestra hija sin nuestra presencia“, expresa la familia que se apoya en una carta emitida por el director del centro, a la que ha tenido acceso este medio, en la que respalda las actuaciones llevadas a cabo e insiste en la idea de “conflicto entre iguales”. “Acudimos a la psicóloga de la pública, le hace un informe que refleja estrés y ansiedad. El informe se aporta al colegio, como se han aportado todos los informes de sus enfermedades”, explica la familia. El pasado 9 de abril la concejala de Educación de Aranjuez envió una carta en la que amenaza a la familia: “En el caso de no incorporarse la alumna en el plazo de una semana, se procederá a la apertura del expediente sancionador —podría conllevar la imposición de una sanción económica—, además de poner este hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos legales oportunos”, se lee en la misiva.

“Pedimos protección para nuestra hija y ellos amenazan con sancionarnos por absentismo y han llevado el caso hasta Servicios Sociales que ya nos han citado”, relata la familia de Edurne

“Pedimos protección para nuestra hija y ellos amenazan con sancionarnos por absentismo y han llevado el caso hasta Servicios Sociales que ya nos han citado”, relata la familia, que decidió escalar el caso hasta la Dirección de Área Territorial (DAT) Sur, organismo de la Consejería de Educación. “Tuvimos una entrevista con el inspector de la Comunidad de Madrid, su contestación fue que hablaría con el centro y que nos diría algo. Después nos comunicó que el colegio lo estaba haciendo bien y que él solo podía hacer de mediador, porque es un colegio privado. Le dijimos que no, que es un colegio concertado sostenido con fondos públicos”, expresa la familia de Edurne. 

También solicitaron ante la DAT Sur un seguimiento escolar mientras permanezca en casa hasta recibir el alta. Esta institución respondió a esta petición por carta cuatro meses después. En el documento, fechado el 27 de marzo de 2024, se recuerda que “es responsabilidad de las madres y los padres que los menores asistan regularmente a clase” y que “la omisión de dicha responsabilidad supondría una falta grave que puede ser sancionada”. En cuanto a los apoyos solicitados, “los centros educativos pueden articular alguna medida puntual”, pero “no procede exigir el carácter prolongado y continuado de dichas medidas”.

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Sara Plaza Casares

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“Ellos quieren que nosotros solicitemos el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED) pero nosotros lo rechazamos, pedimos solo que el colegio le envíe tareas y le tutorice de manera puntual. Consideramos que la niña debe de incorporarse, ir al colegio con sus compañeros y tener las mismas condiciones que ellos”, relata la familia de Edurne, que también ha denunciado el caso ante la Fiscalía de protección al menor.

No es un caso aislado

Desde la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, AMACAE, confirman a El Salto que el caso de Edurne no es un caso aislado. “El negacionismo del acoso escolar se está extendiendo, especialmente por la escuela concertada. Este año hay una avalancha de casos”, expresa María José Fernández Pérez, presidenta de AMACAE.

“El negacionismo del acoso escolar se está extendiendo, especialmente por la escuela concertada. Este año hay una avalancha de casos”, expresa María José Fernández Pérez, presidenta de AMACAE

Según las cifras oficiales referidas por AMACAE, en febrero había en la Comunidad de Madrid 4.200 protocolos de acoso abiertos. Fernández avisa: casi todos acabarán archivados por falta de indicios, que es la tónica general que siguen los casos que llegan a su asociación. De estos casos “a nosotros nos llega una cuarta parte, cuando vienen a nosotros vienen a la desesperada porque nadie les da una respuesta”. El año pasado atendieron a un centenar de familias, este año ya van por 80.

En todo el Estado, según los datos que recaba la Fundación ANAR a través de su teléfono de ayuda a la infancia, las llamadas cuyo motivo de consulta es el acoso escolar y ciberbullying siguen creciendo, pasando de 3.841 en 2022 a 5.755 en 2023, esto es casi un aumento de un 50%. El 84,5% de estas llamadas están relacionadas con acoso psicológico. 

La presidenta de AMACAE avisa: los protocolos no están funcionando. “El 20 de febrero intervine en la comisión de Educación de la Asamblea de Madrid para avisar de que estos protocolos les dan todo el poder a los directores y si quieren mentir pueden mentir. Nos dijeron que la inspección es un órgano asesor, ósea que no interfieren”.

Para la presidenta de AMACAE el problema es que a la inacción de estos centros se suma la inacción de las administraciones. “La Comunidad de Madrid se pone de perfil”, destaca. “Al final la víctima es la que se tiene que ir porque la situación se hace insostenible y esto se transforma en un problema de salud grave”, zanja.

Desde El Salto se ha intentado contactar con el colegio concertado de Edurne. Este ha respondido que “todos los casos de convivencia son estudiados conforme a nuestro Plan de Convivencia y tienen el seguimiento correspondiente a los protocolos establecidos por la normativa de la Comunidad de Madrid". Añaden además que, “desde el centro no podemos dar información de ningún alumno”.

“Todas las faltas de la niña están justificadas y ellos amenazan con sanciones. Ellos insisten en que la niña debe ir al colegio. Todo esto hace que se agrave su enfermedad autoinmune, se le puede inflamar cualquier órgano ante la situación de estrés”, denuncia la familia de Edurne mientras aseguran que ninguna institución está protegiendo el bienestar de la menor.