Airbnb
París reclama a Airbnb 12,5 millones de euros por irregularidades en las viviendas que anuncia

Los mensajes alarmistas sobre la posible regulación municipal de los pisos de alquiler turístico no tienen el mismo eco en las capitales de otros países vecinos. Otros países y ciudades europeas han regulado la oferta de pisos que utilizan plataformas digitales, como la conocida Airbnb. Las sanciones que llevan aparejadas el que no se respeten dichas legislaciones también empiezan a resonar.

Un medio francés, Le Journal du Dimanche, ha publicado que el Ayuntamiento de París reclama a la plataforma de pisos de alquiler la suma de 12,5 millones de euros por no respetar la ley francesa. Según relata la noticia, el Gobierno local presentó el pasado viernes día 8 una citación ante el Tribunal de Gran Instancia de París en la que se reclama dicha cantidad a Airbnb. “No podemos aceptar que Airbnb y otros no respeten la ley”, ha declarado la alcaldesa de la capital francesa, Anna Hidalgo, a dicho medio francés. “Nuestros agentes de control han contado un millar de anuncios ilegales, cada uno objeto de una multa de 12.500 euros”, ha explicado Hidalgo en cuanto a la cifra demandada. 

La legislación francesa prohíbe que se alquile un piso entero más de 120 días y, además, debe estar registrado, prueba de que pagan impuestos

La ley a la que se refiere la alcaldesa es la ley de vivienda aprobada por el Gobierno francés hace tan solo dos meses. Dicha ley, conocida como la ley Elan, marca las sanciones y multas que recibirán las plataformas que publiquen anuncios que no cumplan con la normativa. Multas que pueden ascender hasta los 50.000 euros si son anuncios de propiedades que se alquilan enteras más de 120 días al año, que es el máximo que marca la ley, o de 12.500 euros para los anuncios que no contengan el número de registro, prueba de que el propietario está declarando los ingresos que recibe por el alquiler. 

Airbnb no ha tardado en reaccionar. Según la multinacional, han enviado más de 120.000 correos electrónicos a los propietarios para informarles de las obligaciones que tienen ante la ley, pero defienden que dicha regulación es contraria a una normativa europea que entiende que la empresa no puede vigilar de manera continuada todos los anuncios de los clientes que usan su plataforma.

¿Qué pasaría en una ciudad como Madrid?

La legislación en España todavía no ha llegado ni a un punto similar al que se encuentra la francesa. Aquí varios municipios han intentado poner limitaciones a la oferta de pisos turísticos en alquiler, pero sin mucha suerte por el momento.

La Comunidad de Madrid ha intentado poner algún tipo de limitación, pero, según explica el investigador de la UNED Javier Gil, las medidas que se han tomado aquí no ejercen un control efectivo. “Aquí te descargas un pdf, lo rellenas diciendo que cumples todo y nadie comprueba nada”, lamenta Gil en referencia al proceso burocrático, carente de verdadero control, que se hace a los propietarios.

Si Madrid impusiera las mismas sanciones que París, Airbnb tendría que pagar 100 millones de euros en multas

Gil se encuentra en la fase final de su investigación sobre los efectos de Airbnb. Según sus cifras, de los más de 11.100 pisos que se encuentran en la oferta de la plataforma para la ciudad de Madrid, 8.000 incumplirían la normativa francesa. Si la sanción fuera la misma, 12.500 euros por piso, los propietarios tendrían que pagar unos 100 millones de euros en multas.

La alcaldesa de París ha sido clara en cuanto al objetivo de dicha ley: “Es provocar un impacto para terminar con estos alquileres salvajes que desnaturalizan algunos barrios de París”. En la ciudad de Madrid y otros municipios españoles parece que todavía falta mucho para tomar esas medidas con la misma determinación.