Alemania
“Es imposible confiar en el Estado alemán y su policía en la lucha contra los neonazis”

“Después de 1945 no hubo desnazificación en algunas partes de Alemania. Los nazis pudieron permanecer en posiciones sociales importantes y seguir ejerciendo influencia”. El Grupo de Solidaridad con las Antifascistas de Budapest (BASC) muestra así su profunda desconfianza hacia el Estado alemán.

Y es que partidos neonazis alemanes como “Der Dritte Weg”, NPF, “Die Rechte” o miembros de Movimiento Identitario participan sin restricciones en el “Día del Honor” que se celebra en Budapest cada 11 de febrero desde 1997. Este encuentro organizado por el grupo neonazi Lègio Hungária agrupa durante varios días actividades donde, bajo la excusa de ser una recreación histórica, se exhibe todo tipo de simbología de las SS —prohibida en Alemania y parcialmente en Hungría—.

En este contexto, el año pasado varios enfrentamientos entre antifascistas y neonazis acabaron con la detención por parte de la policía húngara de seis personas, cuatro de las cuales fueron puestas en libertad, y otras dos, Ilaria S., de nacionalidad italiana, y Tobias E., de nacionalidad alemana, permanecen en prisión desde entonces.

Hungría: Ilaria Salis a juicio por antifascismo

Marco Santopadre

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Hungría

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Denuncian las inhumanas condiciones de detención en Hungría de Ilaria Salis —italiana acusada de agredir a dos neonazis—, la parcialidad del poder judicial húngaro y la negligencia de unas autoridades italianas próximas a la ultraderecha de ese país.

Mientras que Ilaria S. es acusada directamente de la participación en dos ataques contra neonazis, Tobias E. ha sido sentenciado provisionalmente por pertenencia a grupo criminal internacional tras su confesión. Aunque en el contexto de las malas condiciones penitenciarias, por las que Hungría ya ha sido criticada en varias ocasiones en el Parlamento Europeo, cabe cuestionar el carácter voluntario de ésta.

Así lo ilustraba Ilaria S. en una carta de 18 páginas en la que describía la situación en prisión. Debido al aislamiento impuesto por las autoridades penitenciarias, denunciaba que “durante más de seis meses no pude comunicarme con mi familia”. En la carta también detallaba la precariedad e insalubridad de las instalaciones: “los tres primeros meses estuve plagada de picaduras de chinches, que me crearon una reacción alérgica, (...) no recibí ni antihistamínicos ni crema durante todo el período”.

Asimismo, Hungría ha emitido 14 Órdenes de Detención Europeas (ODE) contra personas de diferentes nacionalidades. Hasta la fecha, solo algunas han sido arrestadas Gabriele M., de nacionalidad italiana, Hanna y Maja, de nacionalidad alemana que permanecen en prisión en Alemania a la espera de una posible extradición. En cambio en Italia, el fiscal Giulio Benedetti rechazó la extradición de Gabriele M., y declaró ante el tribunal que “Hungría no ha ofrecido garantías suficientes para el respeto de los derechos humanos en prisión”.

Juliane Nagel, diputada por el partido de izquierdas Die Linke del Parlamento de Sajonia, opina que “se puede y se debe ejercer más presión contra las extradiciones y las condiciones carcelarias húngaras, especialmente a nivel de la Unión Europea”.

10 antifascistas alemanas se han visto obligadas a pasar a la clandestinidad ante el temor de las condiciones carcelarias en Hungría y la posibilidad de penas de hasta 24 años

Colaboración con las autoridades húngaras

Mientras tanto, 10 antifascistas alemanas se han visto obligadas a pasar a la clandestinidad. Como explica el grupo BASC, “la clandestinidad no solo ha sido condicionada por las condiciones carcelarias en Hungría, sino a la posibilidad de penas de prisión de hasta 24 años, e incluso de hasta 40 años en caso de ser acusados de intento de asesinato“.

Por su parte Alexander Hoffmann, abogado de una de las personas en clandestinidad, muestra su crítica al afirmar que “las violaciones del Estado de Derecho por parte de Hungría no han provocado restricciones en la cooperación con Alemania”.

El 15 de febrero se producían los primeros registros domiciliarios en Berlín, que después se extenderían a Leipizg y Jena. Aunque desde el inicio las autoridades alemanas no negaron su cooperación con Hungría, fue en marzo cuando la hicieron pública. Meses más tarde Maja, persona no-binaria de 23 años, fue detenida violentamente frente a un hotel de Berlín por un equipo especial de la policía. Desde el momento de la detención, Maja se encuentra en la cárcel masculina de Dresde.

El desasosiego del grupo BASC es evidente, ya que “es probable que se enfrente a la hostilidad anti-queer en cualquier prisión de hombres, como ya ha pasado en Alemania. En Hungría este sentimiento está arraigado en la política y el ambiente social e incluso es alentado por el Estado”.

Pero esto parece no importarle al Fiscal Federal, encargado del proceso jurídico en Alemania, al comunicar al Tribunal Superior de Justicia de Berlín, responsable de la extradición, que el procedimiento en Hungría tiene prioridad sobre la investigación alemana. Además, hace unos meses también quiso sumar, aunque sin éxito, la “tentativa de asesinato” a la primera acusación por su supuesta participación en los ataques contra neonazis.

Piden la absolución de los jóvenes que irán a prisión, detenidos tras manifestarse contra Vox en Zaragoza

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Una concentración ante el Congreso denuncia la “barbaridad” que supone la condena a cuatro años y nueve meses a cuatro jóvenes antifascistas detenidos tras una manifestación contra Vox.

“Se trata de la exigencia de una confesión forzada, que se pone como condición para la no extradición a un país autocrático. Este procedimiento no puede calificarse de legal”, explican los familiares de las personas en clandestinidad.

La opinión de Alexander Hoffman es que “esto representa una clara escalada, sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora ha habido un claro consenso, incluso entre las autoridades húngaras, en que no hubo intención de asesinar”. Y continua: “La fiscalía está politizando el proceso exagerando la importancia de los ataques y de la supuesta organización criminal para crear una clara imagen de enemigo”.

A principios de mayo, también Hanna, de 29 años, fue arrestada en Nuremberg, mediante un amplio dispositivo dirigido por la Oficina Estatal de Policía Criminal de Sajonia. Hanna fue llevada ante el juez instructor del Tribunal Federal de Justicia de Karlsruhe donde se decretó una orden de detención contra ella, ya que los investigadores alemanes dicen haberla identificado recientemente a través de unas fotos de los enfrentamientos en Budapest.

“Una clara señal de propaganda contra la izquierda”

“La fiscalía húngara afirma que la supuesta organización, que habría cometido infracciones penales en Hungría, es la misma que en el proceso Antifa-Ost, —prosigue el grupo de solidaridad BASC—, algunos de los acusados en el proceso de Budapest también están siendo procesados en el contexto del proceso anterior”.

En el juicio Antifa-Ost se acusó a varias personas de atacar a neonazis en distintos lugares de Sajonia y Turingia. Aunque el veredicto aún no es jurídicamente vinculante, cuatro acusados fueron condenados a varios años de prisión en el Tribunal Superior de Dresde.

“Se está utilizando de manera similar el daño corporal grave como un delito contra el Estado y se está instrumentalizando una asociación criminal, supuestamente existente, como una organización extremadamente peligrosa”, explica Alexander Hoffmann.

Juliane Nagel no puede ocultar su indignación al expresar que “las acusaciones contra los antifascistas son especialmente elevadas y meticulosamente perseguidas”. Y prosigue: “esto es una clara señal de propaganda contra la izquierda, una genuflexión ante la extremaderecha”.

En los dos casos parte de la acusación es la formación de una organización criminal o la pertenencia a ella mediante el uso del art. 129 del Código Penal. Aunque el delito de fundación de una organización delictiva es poco utilizado, sigue considerándose parte de los códigos penales específicos para permitir medidas de investigación especiales como la interceptación de conversaciones y la vigilancia de movimientos.

Esto no afecta solo a los acusados, sino también a sus entornos más próximos. Los familiares explican como están expuestos a repetidos registros domiciliarios y aproximaciones para intentar extraer información, “a esto se le añade la presión que se genera y la sensación de estar bajo constante observación”. Y denuncian que en varias ocasiones “las cartas por correo llegan abiertas o llegan todas de golpe, lo que parece extraño”.

Las medidas represivas por parte de las autoridades alemanas son más intensas en los últimos años: “Un intento de desacreditar y deslegitimar públicamente el activismo antifascista”

Alexander Hoffmann añade que las medidas represivas por parte de las autoridades alemanas son más intensas en los últimos años. Esto para él también no es otra cosa que “un intento de desacreditar y deslegitimar públicamente el activismo antifascista”.

Nancy Fraeser, Ministra Federal del Interior por el Partido Socialista Alemán (SPD), declaraba al conocerse la sentencia contra AntifaOst en mayo del año pasado: “Nuestras autoridades de seguridad vigilan muy de cerca la escena violenta de extrema izquierda y seguirán actuando con coherencia”.

Así es que el discurso del estado alemán alimenta la criminalización de los grupos antifascistas al acusarlos de promover la violencia y desestabilizar el orden público, llegando a ofrecer una imagen drástica al dibujarlos como la “nueva RAF”.

En unas declaraciones, el Ministro del Interior de Sajonia, Armin Schuster del partido Unión Democráica Cristiana (CDU), llegó a comparar a las personas en clandestinidad con esta organización armada activa entre principios de los 70 y finales de los 90. Para el grupo BASC “con estas comparaciones también se pretende romper la solidaridad con los afectados y aislarlos socialmente.”

En medio de todo este ambiente de tensión, el 26 de febrero la policía alemana ponía todos sus esfuerzos en arrestar a la exmiembro de la RAF, Daniela Klette de 65 años, acusada de ataques con explosivos entre 1990 y 1993. Después de 30 años viviendo en la clandestinidad, Daniela vivía en el céntrico barrio de Kreuzberg en Berlín donde hacia una vida normal.

El auge de la extremaderecha

Con todo, parece ser que las autoridades con un pie en la campaña electoral están tratando de inmunizarse contra las críticas y así intentar ganar votos a la derecha en septiembre. En cambio para Juliane Nagel, “estar en contra del giro a la derecha debe significar también tomar medidas institucionales para proteger a las personas amenazadas por los fascistas”.

Pero sus esfuerzos por desechar al partido de extremaderecha Alternativa para Alemania (AfD) parecen tener el efecto contrario. En las últimas encuestas se sitúa en el segundo puesto según la intención de voto, y se prevé que obtengan el poder en los Länder de Sajonia, Turingia y Brandenburgo.

Esta posible victoria electoral inquieta a la izquierda alemana que advierte de los enormes peligros. Como explica Alexander Hofmann, “es de esperar que los partidarios de el AfD se movilicen masivamente en las calles tanto en caso de una victoria electoral, como en caso de una derrota o una prohibición del AfD”.

Aún así, el partido conservador CDU, liderado por Friedrich Merz, no desestimaba pactar con ellos en una entrevista el verano pasado. Juliane Nagel explica: “casi todos los partidos han normalizado las actitudes de extrema derecha, y se ha erosionado masivamente la distinción con las posturas que atentan contra la dignidad humana”.

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En la operación han sido detenidos militantes del grupo de extrema derecha Reichsbürger y una exparlamentaria del partido AfD.

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“El actual giro a la derecha es muy aterrador y amenazador. Hay indicios de cómo el AfD puede influir e influirá en el poder judicial”, temen los familiares.

Asimismo, el aumento de la extremaderecha en las instituciones también trae consigo otros malos recuerdos. En los últimos años algunos escándalos públicos han sacado a la luz la colaboración entre miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y redes extremaderecha. Uno de los más destacados es el caso de Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), grupo armado neonazi, que asesinó entre 2000 y 2007 a nueve personas por motivos racistas.

También en el caso AntifaOst seis policías de Turingia habrían transmitido secretos oficiales a miembros del grupo neonazi ”Knockout 51“. Para el grupo de solidaridad BASC ”no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural. En este contexto, es imposible confiar en el Estado alemán y su policía en la lucha contra los nazis”. Una opinión que está muy extendida en los círculos antifascistas y de izquierdas.