Alemania
El gobierno alemán plantea la “licencia para matar” para sus servicios secretos

El Gobierno de coalición alemán de Friedrich Merz asegura que quiere adaptar las herramientas del Estado a las nuevas amenazas, en especial a la supuesta amenaza rusa. Las medidas que quiere imponer pronostican un futuro en el que la censura, la represión y la falta de transparencia se convertirían en la norma. Para conseguir apoyos a sus propuestas, tanto de sus socios en el Parlamento como de la opinión pública, no escatima en medios para influir. El último caso al que se ha asistido es al atentado contra el desfile del Orgullo para acelerar una agenda de seguridad que convierte la excepción en norma.

Y es que las reformas propuestas han hecho saltar todas las alarmas. La más controvertidas es la dotación a los servicios secretos de lo que coloquialmente se ha denominado una “licencia para matar”. En este caso, afectaría a dos oficinas: el Servicio Federal de Inteligencia (Bundesnachrichtendienst), encargado de la inteligencia exterior y la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (Bundesamt für Verfassungsschutz), que actúa dentro de las fronteras germanas como agencia de inteligencia policial. 

Hasta ahora, los servicios secretos tenían la función de recabar información pero, con la reforma, podrían adoptar funciones propias de la policía cuando consideren que, mediante la aplicación de la fuerza, se pueda conseguir evitar peligros para el Estado. La formulación del borrador es, además, poco concreta, lo que deja lugar a una interpretación flexible en un aspecto muy delicado como es el de esa capacidad ejecutora.

El periodista del diario Süddeutsche Zeitung Ronen Steinke, que acaba de publicar un libro sobre la ya deteriorada situación de la libertad de prensa en el país, criticaba en un programa de la televisión pública ARD el 10 de agosto que el servicio secreto ahora pueda entrar en las casas sin orden judicial y arrogarse funciones de la policía de forma consciente. “La diferencia es que la policía está sujeta a un control democrático, mientras que el servicio secreto es una suerte de black box a la que no se pueden pedir responsabilidades tan fácilmente”.

En concreto, en 2024, el último dato disponible, 132 mujeres murieron asesinadas por violencia machista, mientras que el islamismo acabó con la vida de cuatro personas

Con la entrada en las casas se refería a otro de los puntos de la reforma, que prevé que aquel que sea catalogado como “extremista” podría ser vigilado más de cerca por el servicio secreto mediante la instalación de troyanos en los ordenadores cuando no están en casa.

Además el proyecto de reforma de la Ley de Libertad de Información que prepara el Gobierno y que, según informó la cadena pública MDR, contribuiría a una menor transparencia y rendimiento de cuentas contempla desmantelar la figura del comisionado encargado de velar por el derecho a la libertas de prensa. Hasta ahora, ciudadanos, periodistas y representantes políticos podían recurrir a este organismo para exigir el acceso a información pública.

La reforma se justifica oficialmente como una respuesta a nuevas amenazas en el contexto de la guerra de Ucrania, pero sus críticos advierten de que podría dificultar el control democrático de las instituciones y limitar el acceso a información de interés público. 

La ley contempla además la creación de perfiles mediante inteligencia artificial, análisis del comportamiento o reconocimiento biométrico, por lo que la libertad digital también puede verse en entredicho.

Die Linke ha criticado que el gobierno elimina la separación histórica entre la policía y los servicios de inteligencia, que es producto del miedo a repetir los errores del pasado. La temida Gestapo era una policía secreta creada por el régimen nazi de Adolf Hitler y famosa por su brutalidad: “El Gobierno federal abandona una enseñanza fundamental de los crímenes del nacionalsocialismo, solo para poder competir por fin con aquellos servicios de inteligencia que llevan décadas causando grandes daños en todo el mundo con métodos sucios”, asegura Bünger, abogada de profesión y portavoz de Política Interior de Die Linke.

Miedo irracional para imponer mano dura

Sucede una y otra vez, y en ocasiones incluso de forma deliberada: se perpetra un atentado y, con sorprendente rapidez, aparece una reforma legal que endurece las penas y promete más seguridad a cambio de menos libertades. Es el escenario que se repite en Alemania tras el atentado del pasado 25 de julio durante el desfile del Orgullo en Berlín, que se saldó con una mujer muerta y 31 personas heridas. El agresor arrolló con un vehículo a una multitud en el parque Tiergarten de la capital alemana y posteriormente atacó a varias personas con un machete.

Y es que como respuesta al ataque, el ministro de Interior, Alexander Dobrindt, de fama infame gracias a sus críticas a las ayudas a personas sin recursos, anunció una revisión de las medidas de seguridad y de los instrumentos legales disponibles para el control y seguimiento de personas consideradas peligrosas. Además de extender el uso de las tobilleras electrónicas, Dobrindt quiere ampliar la detención preventiva. En Berlín, dicha retención puede suponer en estos momentos un periodo máximo de diez días, mientras que en la conservadora y derechista Baviera, tras una reforma reciente, es de hasta dos meses.

El ministro pretende, además, endurecer la legislación para castigar con penas de al menos cinco años de prisión lo que se considere apoyo a una organización terrorista, una formulación cuya amplitud deja lugar a interpretaciones de jueces prosionistas. Desde octubre de 2023 se ha procedido al procesamiento de decenas de activistas propalestinos por el uso de consignas como “From the river to the sea, Palestina will be free”, que los jueces han interpretado como una muestra de apoyo a Hamás.

Clara Bünger ha rechazado esta reforma, así como más restricciones de derechos fundamentales, máxime cuando ni siquiera está claro si los mecanismos ya existentes se utilizaron en este caso concreto del atentado. Y es que en la atmósfera de miedo que rodea a los ciudadanos no solo aparecen los islamistas, también están los refugiados que supuestamente vienen a delinquir y a acabar con la cultura local, o bien los rusos que querrían llegar hasta la Puerta de Brandenburgo y colgar su bandera de nuevo en el Reichstag.

La amenaza islamista ocupa portadas y programas en directo y, sin embargo, el peligro para la seguridad, en especial de mujeres o de personas LGTBIQ+, como es el caso del desfile atacado, es mucho mayor por parte de hombres machistas que de islamistas u otros supuestos extremistas. Mientras más de un centenar de mujeres mueren cada año en Alemania a manos de sus parejas o exparejas, las víctimas mortales del terrorismo islamista se cuentan por lo general en unidades.

En concreto, en 2024, el último dato disponible, 132 mujeres murieron asesinadas por violencia machista, mientras que el islamismo acabó con la vida de cuatro personas. La atención que reciben ambos fenómenos es como la noche y el día, ya que, de hecho, en Alemania se informa muy poco sobre las violencias machistas.

De nuevo: islamista muerto y sus pertenencias en el coche

El principal sospechoso del atentado del Orgullo de Berlín, Abdul B., de 21 años, había sido identificado previamente por las autoridades como una persona potencialmente peligrosa y había sido condenado por sus intentos de vinculación con un grupo armado islamista. Sin embargo, no tuvo que entrar a prisión. Murió al día siguiente del ataque en un huerto propiedad de su padre durante una operación policial en la que los agentes dispararon contra él.

Los servicios de inteligencia seguían desde hacía años sus actividades dentro del entorno salafista y, según varias investigaciones de las televisiones públicas NDR, WDR y el diario Süddeutsche Zeitung, Abdul B. era considerado por la policía federal una persona de alto riesgo e incluso había sido vigilado y grabado poco antes del atentado.

Aún no hay una explicación concreta, pero este atentado recuerda demasiado al del mercadillo navideño de Breitscheidplatz, en diciembre de 2016, cuando Anis Amri irrumpió con un camión en la multitud y dejó trece muertos y decenas de heridos. También entonces el atacante murió después en un tiroteo con la policía, y también entonces dejó un objeto personal en el vehículo que permitió identificarlo, el primero su pasaporte y el segundo su teléfono. En los meses posteriores, el Gobierno alemán impulsó un endurecimiento de las medidas de seguridad y amplió las competencias de las autoridades, bajo el argumento de prevenir nuevos ataques.

Aunque el terrorista de dicho atentado era una persona nacida en Alemania, se han pedido más deportaciones estos días y Dobrindt quiere endurecer las condiciones de residencia por el atentado. Una idea de dudosa aplicación, porque no se puede expulsar a nacionales del país por cometer delitos.

Y es que el antiislamismo sirve para todo al gabinete de Merz y el Gobierno ha estado deportando en los últimos meses a ciudadanos afganos, muchos de los cuales trabajaron para el ejército alemán o para instituciones occidentales durante la guerra de Afganistán, cuando los actuales gobernantes talibanes eran considerados una organización terrorista. Bünger reprochó al canciller, Friedrich Merz, y a su gabinete no respetar el Estado de derecho, después de que en julio un tribunal fallara a favor de varios afganos afectados por estas decisiones. Es decir, se deportaba no a los afganos islamistas, sino a los demócratas.

“El más alto tribunal del país certifica oficialmente que el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, actuó de forma arbitraria en decisiones que afectan a la vida y la muerte de las personas”, afirmó la portavoz de Interior de Die Linke. Y añadió: “El Gobierno federal no puede cancelar de manera generalizada los compromisos de acogida, ya que quien promete protección a personas por su compromiso con la democracia, los derechos humanos y los derechos de las mujeres tiene la obligación de cumplir esa promesa”.

Estas declaraciones apenas tuvieron eco en la televisión pública. En su lugar, el 4 de agosto la ARD emitió un reportaje sobre cómo algunas personas residentes en Alemania viajan de vacaciones a Afganistán pese a que el país sigue bajo el control de los talibanes y las niñas se ven obligadas a abandonar la escuela a partir de los doce años.