Violencia machista
25 de noviembre: frente a las violencias de género, más derechos

Este 25 de noviembre de nuevo reflexionamos sobre las violencias machistas. Se cumplen 25 años del asesinato de Ana Orantes, a manos de su marido. A partir de ese momento, las instituciones y los medios de comunicación empezaron a hablar y a reconocer los asesinatos y la violencia de género, que hoy siguen negando los sectores más conservadores. Pero mucho antes, el movimiento feminista, allá por los años 80, venía denunciando y reivindicando medidas contra esta, como mostraron las jornadas feministas contra “La violencia machista”, celebradas en Santiago de Compostela del 3/6 de diciembre de 1988. Denuncias, reivindicaciones y movilizaciones que culminaron en las huelgas feministas del 2018 y 2019, justo antes de la pandemia.

La legislación aparecida a lo largo de todos estos años y muchas de las medidas que se han propuesto desde el feminismo institucional, pensamos que han venido mediatizadas por una perspectiva excesivamente punitiva y prohibicionista, reduciendo el problema a los individuos, a unos cuantos hombres, como únicos responsables de dicha violencia. Medidas que reducen la solución a la prohibición por ley y al castigo, por un lado, y victimizan a las mujeres cargándolas con un estigma de por vida, por otro. Durante todos estos años, los planteamientos no han variado significativamente, cuando la experiencia ha demostrado que no era esa la solución.

La reciente aprobación de la llamada Ley del “solo si es si”, respondiendo a las masivas movilizaciones feministas de los últimos años, supone el reconociendo de la violencia machista y del derecho a no ser violentadas, frente a los sectores más ultraconservadores. Y las presiones más progresistas, con planteamientos jurídicos y feministas menos punitivistas y prohibicionistas, lograron incluso que la ley fuese aprobada sin incluir la prohibición explicita del trabajo sexual y las penalizaciones al mismo, excepto su publicidad, dificultando con ello las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales. Todo un logro, no obstante, que queda oscurecido al volver a poner en el centro del debate la aplicación del Código Penal a la nueva ley y la paralización de la Ley Trans recortando la autodeterminación de género, reapareciendo los planteamientos punitivistas y prohibicionistas de siempre, en la Ley de Trata y Ley Abolicionista socialista, que podrían salir adelante con los votos del PP.

Lo peor de todo ello es que esas posturas punitivistas, prohibicionistas y de recorte de las libertades, están siendo aprovechadas por los sectores más conservadores de la sociedad produciéndose unas “extrañas alianzas” obviando la verdadera raíz del problema, que en ningún caso es “individual”, sino claramente social, cultural y económica, debiendo ser abordada de forma más amplia. La gravedad de estas violencias contra las mujeres nos indica no sólo que algo está fallando, sino que estas no ocupan un lugar prioritario en las agendas políticas.

Somos conscientes de que la violencia de género tiene muchas caras y muchas expresiones de dolor

El feminismo pro derechos que defiende la APDHA, desde una mirada interseccional e inclusiva de la diversidad sexual, quiere poner en el centro las reivindicaciones y demandas de las más desfavorecidas, marginadas, racializadas y estigmatizadas socialmente, surgidas de la reflexión y la escucha de las diferentes realidades y colectivos sociales, dentro de un sistema capitalista y patriarcal profundamente injusto. Por ello, somos conscientes de que la violencia de género tiene muchas caras y muchas expresiones de dolor. La más agresiva y salvaje es el asesinato de las mujeres. En lo que llevamos de año ya se han producido 37 asesinatos de mujeres y 2 de menores, aumentando la violencia vicaria, el acoso en redes o el uso de sustancias para la sumisión química.

Una violencia que es necesario visibilizar y abordar, relacionándolas con unas desiguales, subordinadas y precarias condiciones de trabajo, caldo de cultivo de todo tipo de abusos, como los que sufren las temporeras de la fresa en Huelva, las kellys, las trabajadoras de los hoteles, las empleadas del hogar con sueldos y horarios de trabajo rozando la esclavitud, las mujeres migrantes, con o sin papeles, a las que se les ignoran sus derechos empujándolas a la precariedad, a la pobreza y a unas condiciones de vida y de trabajo infrahumanas. 

De ahí que no se puede abordar esa violencia sin que la lucha contra la precariedad tenga un papel central en la agenda feminista o sin tocar la ley de extranjería, que tantas dificultades, dolor y tragedias humanas ocasiona. De la misma manera que no se acabará con la prostitución prohibiéndola por ley y penalizando su práctica, estigmatizando a las trabajadoras sexuales y precarizando su trabajo, despojándolas de derechos, prohibiéndoles que se sindiquen, invisibilizándolas, quitándoles autonomía y haciendo que su trabajo cada vez se haga más peligroso y clandestino. No es una respuesta aceptable tampoco para los colectivos trans, limitar y obstaculizar sus derechos por ley, excluyendo precisamente a menores, migrantes y refugiadas, complicándoles especialmente sus vidas. 

Proponemos una mirada crítica e integral, que visibilice a todas las mujeres y dé cabida a todos sus derechos y reivindicaciones. Una mirada que se base en la libertad sexual y en el disfrute de nuestros cuerpos, que se base en el placer y no en el peligro. Entendemos que las soluciones a las violencias deben pasar:

Por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todas las mujeres. La lucha contra la precariedad, la pobreza, la exclusión y la estigmatización debe estar en el centro de la agenda feminista por la igualdad, abordando la reforma de las leyes laborales, de la ley de extranjería y otras tantas leyes, desde una perspectiva de género y feminista.  

Por una educación que tenga como principios la igualdad, el reconocimiento y respeto de la diversidad y que rompa con los rígidos estereotipos femeninos y masculinos. Una educación sexual que, siendo obligatoria por ley en todos los niveles educativos, no se está aplicando, por lo que la exigencia de garantías al respecto debería estar igualmente en el centro de la agenda feminista por la igualdad.  

Por un cambio social más justo con unas relaciones de género más igualitarias, para lo cual, la agenda político/académica feminista, debería adoptar realmente y no desconsiderar, la perspectiva de género, tanto en los estudios, como en los proyectos de ley y otras tantas medidas, planes, programas y proyectos de intervención social, instando una mayor implicación de los hombres en la lucha por la igualdad.

Porque queremos todos los derechos, para todos, todes y todas las mujeres, todos los días y no solo el 25N.