Alquiler
El Gobierno se suma a la ofensiva del PP y el lobby inmobiliario contra la regulación catalana de los alquileres

La próxima batalla de la guerra fría entre PSOE y Unidas Podemos se libra en Catalunya. Una pregunta parlamentaria realizada este 9 de junio por la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, sobre el “rumor” de que el Gobierno pretende interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 11/2020 que regula los precios del alquiler en Catalunya, desveló que el rumor tenía fundamentos. “Esa impugnación, además de ser un error, es una amenaza para todas las personas que se ven sometidas a una situación en la que no pueden vivir dignamente”, añadió la diputada.

En su respuesta, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, no descartó que el Gobierno esté pensando en impugnar la ley: “Si yo llego al convencimiento o mis servicios jurídicos me convencen de ello, de que una ley autonómica vulnera el marco competencial yo tengo políticamente, moralmente y legalmente la obligación de plantear ese recurso. No puedo mirar hacia otro lado”.  

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El PP, convertido en “el bufete de abogados de la banca, de los fondos buitre, las socimis y los grandes propietarios”, tumba a través del Constitucional dos decretos que reducen el margen de beneficio de los intereses financieros e inmobiliarios. El TC admite a trámite el recurso del PP contra la ley catalana que limita el precio de los alquileres.

El PP ya interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida en enero de 2021, pero a diferencia de esa vía, que puede tardar años en resolverse, una impugnación realizada por el Gobierno ante el Constitucional supondría la suspensión inmediata de la ley. Según el Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) de Catalunya, uno de los impulsores de la ley y también quien trasladó la pregunta a la diputada de EH Bildu, la decisión se anunciará el 15 de junio en la próxima reunión del Consejo de Ministros.  

“Sería un ataque sin precedentes contra los derechos de la ciudadanía, y un fraude democrático”, señalan los sindicatos de inquilinos, en referencia a los sucesivos compromisos del PSOE y UP de regular el precio de los alquileres y proteger la regulación catalana

Para denunciar lo que consideran una “noticia preocupante para las miles de familias que en los últimos meses se han podido beneficiar de la regulación y, sobre todo, de las que están a la espera de firmar renovaciones”, los sindicatos de inquilinos han dado una rueda de prensa en la mañana de este 10 de junio frente al Congreso junto con cargos de Unidas Podemos, ERC, Bildu, Compromís y las CUP. “Sería un ataque sin precedentes contra los derechos de la ciudadanía, y un fraude democrático”, señalan, en referencia a los sucesivos compromisos del PSOE y UP de regular el precio de los alquileres y proteger la regulación catalana. 

Esta noticia llega en pleno debate y negociación de la que sería la primera ley estatal de vivienda, estancada en las últimas semanas precisamente por la negativa del PSOE a incluir la regulación de los precios de los alquileres. Según Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, “es bastante probable” que el Gobierno decida impugnar la ley catalana. “Es un estrategia que le viene muy bien al ministro [José Luis] Ábalos, porque está retrasando todo lo que puede esa Ley de Vivienda para no tener que incluir la regulación de los alquileres. Sus basas son que el Constitucional se pronuncie. Si el Gobierno impugna la ley, tiene mucha más legitimidad para no incluir la regulación en la Ley de Vivienda”, dice a El Salto.

En medio del debate y las críticas de la derecha política y mediática por los indultos a los presos independentistas, la posible impugnación de esta ley catalana, “le puede resultar útil al Gobierno”, añade Bardera.

No es casualidad el momento elegido por el Gobierno para sumarse a la iniciativa del PP y del lobby inmobiliario contra la ley que regula los alquileres en Catalunya. Y no solo por la recta final en la negociación de la Ley de Vivienda, sino porque los últimos datos oficiales confirman que esta ley “está funcionando”, dicen desde el Sindicat de Llogaters: los precios bajan más en los municipios regulados, donde el mercado sigue activo, “registrando cifras récord de nuevos contratos de alquiler”.

No es casualidad el momento elegido por el Gobierno. Y no solo por la recta final en la negociación de la Ley de Vivienda, sino porque los últimos datos oficiales confirman que la ley que limita los alquileres en Catalunya “está funcionando”, dicen desde el Sindicat de Llogaters

Según los datos de la Generalitat, la regulación, vigente desde septiembre, ha hecho que los precios bajen un 4,8% con respecto al primer trimestre de 2020 en las 60 localidades donde se aplica el control de precios. Y no se puede achacar este resultado únicamente a la pandemia: en aquellas localidades donde no se aplica la ley 11/2020, es decir, en aquellas que sufren menos la especulación inmobiliaria, los precios han subido un 1,2%. Una tendencia que se repite en el último trimestre de 2020 y en el primero de este año. Otro de los grandes problemas que auguraban los sectores opuestos a esta ley tampoco se ha producido: el número de contratos, es decir, la oferta, ha aumentado desde la aplicación de la ley. “De hecho, si lo miramos con datos interanuales, observamos que incluso el número de contratos aumenta más en los municipios con regulación”, analizan desde el Sindicat de Llogaters. 

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El informe trimestral del departamento de Vivienda catalán echa por tierra las tesis de los lobbies inmobiliarios, que alertaban de que la regulación del precio del alquiler hundiría el mercado.

La posible impugnación de la ley de alquileres catalana por parte del Gobierno llega cuatro meses después de que el Constitucional diera la razón a un recurso del PP sobre la inconstitucionalidad de dos decretos (17/2019 y 1/2020) que complementan la ley antidesahucios catalana de 2015 y que obligaban a los grandes tenedores a dar y renovar obligatoriamente alquileres sociales a familias vulnerables, incluso sin contrato habilitante. La tesis del Constitucional para anularlos era que estos decretos tendrían que haberse tramitado como leyes, ya que afectan a un derecho fundamental, el de la propiedad. Para salvar este contratiempo y recuperar los derechos perdidos, el Grupo Promotor de la ley antidesahucios presentó el 8 de junio una proposición de ley que recupera y amplía los derechos perdidos por la decisión del alto tribunal. Cuentan con apoyos suficientes en el nuevo Parlament para que esta ley sea aprobada.