Análisis
El Capitolio brasileño fracasó, Lula da Silva sale fortalecido

Es el momento más grave que atraviesa la democracia brasileña. En la tarde de este domingo 8 de enero de 2023, miles de seguidores ultras del ex presidente Jair Bolsonaro, vestidos con los colores de la bandera nacional, invadieron el corazón político de la capital federal: las sedes del Congreso Nacional, del Palacio del Planalto (sede de la presidencia del gobierno) y del Supremo Tribunal Federal. La extrema derecha brasileña emuló a su hermana gemela del norte, con un asalto al Capitolio a la brasileña, copiando directamente el aberrante método golpista usado por los trumpistas de EE.UU. hace dos años.

La irrupción violenta en los edificios de la Plaza de los Tres Poderes era algo en cierta medida previsible ante el clima desafiante que se venía gestando entre los grupos fascistas, y representa el mayor reto a las instituciones brasileñas desde la redemocratización en 1988. Las imágenes salidas a la luz hasta el momento son aterradoras y muestran que las intenciones de los seguidores del ex presidente eran las peores. Los invasores protagonizaron escenas degradantes de vandalismo y depredación en los edificios públicos. Por ahora, se sabe que además del mobiliario y documentación destruidos, han sido afectados los vitrales del Congreso y el mural “As Mulatas” de Di Cavalcanti, que tiene diversas perforaciones. No se respetó ni siquiera el hecho de que la ciudad de Brasilia sea patrimonio histórico y cultural de la Humanidad decretado por la Unesco. El asalto fue facilitado también porque los arquitectos Lúcio Costa y Oscar Niemeyer habían proyectado una capital accesible y abierta al pueblo. El desprecio al patrimonio cultural del país mostrado por los invasores ilustra bien el tipo de personas que acudieron a la Plaza de los Tres Poderes.

La connivencia del Gobierno del Distrito Federal (GDF)

Además de ser una ciudad patrimonio y la sede del gobierno federal, Brasilia es un área con un funcionamiento administrativo híbrido, que reúne elementos de un estado federado y otros de un municipio, con un estatuto especial de Distrito Federal (DF) que le permite tener un gobierno autónomo y una asamblea legislativa propia. Entre sus funciones está el control de su propia policía y la garantía de la seguridad publica, incluida la de los edificios estatales, aunque sea el Gobierno Federal quien remunera a la policía del DF, la que mejor cobra del país. Por lo tanto, la obligación de proteger la explanada de los ministerios era exclusiva del Gobierno del Distrito Federal. Ahora bien, el GDF es un nido de bolsonaristas radicales. Su aún gobernador Ibaneis Rocha Barros, fiel seguidor de Bolsonaro, acogió en su gobierno a diferentes políticos ultras tras la reciente derrota de su mentor en las urnas.

Hay pruebas sólidas de que la policía del Distrito Federal estuvo directamente involucrada con los golpistas. Los agentes del orden no dudaron en escoltar hasta la explanada de los ministerios a algunos ultras que se encontraban concentrados en el sector militar urbano

Ante las amenazas constantes de los extremistas al nuevo ejecutivo, y en vista de la llegada de miles de manifestantes bolsonaristas prevista para el 8 de enero, Rocha Barros prometió al Ministro de justicia Flavio Dino velar por la seguridad de la capital. Por el contrario, el sábado 7 el GDF cambió el protocolo acordado con el Ministerio de Justicia, y abrió la explanada de los ministerios a los extremistas. La subordinación del GDF al bolsonarismo es tal que el gobernador Rocha Barros había nombrado como consejero de Seguridad al ex ministro de Justicia, el ultraderechista Anderson Torres. Curiosamente, en el momento del asalto a los edificios de los tres poderes, Torres estaba en los EE.UU. al igual que el ex presidente de Brasil. En razón de la gravedad de los actos y ante la presunta implicación del consejero de Seguridad del GDF en la tentativa de golpe, la Abogacía General de la Unión (AGU) ha pedido al Tribunal Supremo la prisión de Anderson Torres, máximo responsable de los cuerpos de seguridad de la ciudad.

En efecto, hay pruebas sólidas de que la policía del DF estuvo directamente involucrada con los golpistas. Los agentes del orden no dudaron en escoltar hasta la explanada de los ministerios a algunos ultras que se encontraban concentrados en el sector militar urbano. Policías militares fueron vistos haciéndose selfies con los golpistas. Ante esta situación de inusitada complicidad de los policías con los invasores tuvo que actuar la guardia del Senado que, pese a ser un grupo reducido, consiguieron detener a más de 30 participantes de la invasión. Posteriormente, con el nombramiento de interventor federal Ricardo Cappelli y la toma del control de la seguridad por el Gobierno Federal, más de 1.500 personas han sido detenidas hasta el final de la invasión.

La participación de las Fuerzas Armadas

¿Por qué la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) no alertó del peligro que se cernía y, si lo hizo, por qué no se tomaron medidas? ¿Por qué la guardia presidencial no fue accionada? ¿Por qué la Policía Militar escoltó a los golpistas hasta la Plaza de los Tres Poderes? ¿Por qué los campamentos golpistas frente a los cuartes no fueron desmantelados cuando el nuevo gobierno asumió? ¿Por qué mas de 100 autobuses de fascistas llegaron a Brasilia sin ser revisados? ¿Qué papel ha desempeñado en el intento de golpe el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), comandado hasta hace una semana por el general fascista Augusto Heleno? Además de la responsabilidad clara del GDF, el ministro de Defensa Jose Múcio Monteiro queda comprometido directamente en los hechos, especialmente por permitir la continuidad de los campamentos golpistas en las puertas de los cuarteles de las Fuerzas Armadas hasta el día de la invasión. Los militares no permitieron al Ministerio de Defensa desmovilizar los campamentos ante los cuarteles, y, lo que es más grave aún, dejaron que los manifestantes que estaban concentrados a sus puertas fueran hasta la explanada a cometer actos contra las instituciones democráticas. Al contrario de lo sucedido en los eventos del Capitolio en EE.UU., en Brasil las Fuerzas Armadas han estado directamente involucradas en los actos violentos, y una parte importante de las personas que actuaron en la invasión golpista procedían de dichos campamentos, cuando no eran oficiales en activo.

El silencio cómplice de las Fuerzas Armadas en este episodio golpista era en realidad una participación activa en los eventos. Cuando el poder civil les pidió defender al Estado de Derecho, los militares, en clara insubordinación, protegieron a los golpistas

Una vez desalojados los edificios oficiales, a primera hora de la mañana del lunes 9 de enero, la Policía Militar se dirigió al campamento golpista en Brasilia, en una tentativa de cumplir el fallo judicial del magistrado del Supremo que requería desmontar dicho campamento, pero fue recibida por tanquetas blindadas, por lo que tuvo que retroceder y negociar con el cuartel para intentar cumplir la orden judicial. Quedó claro así que el aparente silencio cómplice de las Fuerzas Armadas en este episodio golpista era en realidad una participación activa en los eventos. Cuando el poder civil les pidió defender al Estado de Derecho, los militares, en clara insubordinación, protegieron a los golpistas.

Las Fuerzas Armadas brasileñas en los últimos años se han acercado con demasiada rapidez a la corrupción y el fascismo del gobierno Bolsonaro. Ya desde antes de tomar posesión de sus cargos, el gobierno entrante detectó un agujero de 300.000 millones de reales (cerca de 520.000 millones de euros) en las arcas públicas por parte del gobierno civil-militar saliente. Para mayor descontento de los cuarteles, desde el primer día el gobierno popular empezó a exonerar los nombramientos espurios que pueden afectar a más de 6.000 altos cargos de la administración federal civil, usurpados por militares a las expensas del gobierno anterior. El ministro de Presidencia Ruy Costa afirmó en el programa “Roda Viva” de la TV Cultura de São Paulo, que los miembros de las Fuerzas Armadas no tenían porque estar ejerciendo funciones civiles que estaban fuera de sus atribuciones. Sin duda esa aberración del gobierno anterior dejó una herencia maldita que le va a costar a la nueva administración más de un quebradero de cabeza sanear.

Lula da Silva sale fortalecido de la intentona golpista

En el momento de la invasión, Lula da Silva no estaba en su despacho en el Palacio del Planalto. El presidente se encontraba en la ciudad de Araraquara, interior del Estado de São Paulo, visitando las zonas inundadas por las fuertes lluvias. El Jefe del Estado fue rápido y certero, inmediatamente hizo público el Decreto de la Intervención Federal en la seguridad pública de Brasilia, nombrando interventor a Ricardo Cappelli, fiel asesor del ministro de Justicia Flavio Dino. Acto seguido cogió el avión de vuelta a Brasilia para hacerse cargo de la situación. El lunes convocó reuniones ministeriales y con los jefes de los otros poderes de la República para coordinar las respuestas conjuntas al desafío golpista.

El gobierno electo, con apenas ocho días en funciones, se estrena con un reto de gran magnitud. La invasión fue precedida de la llegada a la capital de cerca de un centenar de autobuses fletados por empresarios bolsonaristas, especialmente del agronegocio, que fueron recibidos en el campamento situado frente al área militar de Brasilia. Hasta ahora el gobierno ha parecido usar una estrategia de tolerancia hacia los campamentos bolsonaristas. Pero, ante estos hechos, el presidente tiene las manos libres para actuar con todos los elementos que le confiere el Estado de Derecho, contra los ataques a las instituciones democráticas, aunque vengan de las Fuerzas Armadas, que han demostrado ser grandes alentadoras del golpismo. Más aún, Lula tiene la obligación de usar todos los medios a su alcance para defender la constitución brasileña. Hasta la élite económica del país, incluida la poderosa Federación de la Industria de São Paulo (FIESP), enemiga declarada del gobierno popular, apoyó a las autoridades del país en la lucha contra el golpismo. Los medios de comunicaciones tradicionales, que antes de las elecciones igualaban a Lula da Silva con Bolsonaro, ahora piden al presidente mano dura contra los abusos de los asediadores a los poderes de la República. Empiezan a tener miedo de monstruo fascista que ellos mismos han ayudado a alimentar.

Los medios de comunicaciones tradicionales, que antes de las elecciones igualaban a Lula da Silva con Bolsonaro, ahora piden al presidente mano dura contra los abusos de los asediadores a los poderes de la República

El lunes mismo el magistrado del Supremo Alexandre de Moraes determinó que se debía apartar 90 días del cargo al gobernador del Distrito Federal y dejó claro que los responsables del golpe serán sancionados. Sin embargo, urge poner nombre a las fuentes de financiación del golpe; saber cuáles son los empresarios que dan soporte económico a los fascistas concentrados hasta hace poco en las puertas de cuarteles. El ejército proporcionó ayuda logística a la invasión, no condenó en ningún momento los actos antidemocráticos y hasta hizo la vista gorda cuando sus oficiales y soldados engrosaron el coro de la invasión. Sin embargo, el dinero para reclutar personas en todo el país para acudir a Brasilia viene de fuentes empresariales muy próximas a la extrema derecha. El Supremo ya estaba investigando el origen de la financiación de los actos antidemocráticos. Pronto llegará a las cuentas bancarias de donde sale el dinero para enviar a tantas personas a atentar contra la democracia. El nido del golpe está muy cerca de la cúpula militar y de círculos empresariales de ultraderecha en Brasil. Detener la financiación ilegal de los grupos fascistas es fundamental para acabar con el sabotaje al Estado Democrático en Brasil.

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La respuesta de las organizaciones civiles

Las organizaciones sociales, a través del colectivo Pueblo Sin Miedo, que reúne sindicatos y sociedad civil, se reunió la misma noche del golpe para decretar el estado de movilización permanente en defensa de las instituciones democráticas del país. Parece que los trágicos eventos del 8 de enero despertaron en Brasil la necesidad de decir un basta definitivo a los actos golpistas.

No se puede seguir contemporizando con la cúpula civil-militar golpista. Ni el gobierno de Lula da Silva, ni el Supremo Tribunal Federal tendrán paz mientras el actual generalato siga al mando y el agronegocio fascista continúe financiando actos contrarios al orden constitucional. Basta de tolerar a las fuerzas antidemocráticas; la política de pacificación hacia los cuarteles ha tenido resultados catastróficos para el país. Hace falta desmontar el nido del golpismo. Eso significa entrar directamente en conflicto con los militares insubordinados; exonerar del cargo al ministro de Defensa Múcio Montero, que dijo que los golpistas acampados frente a los cuarteles eran manifestantes demócratas, y poner en su lugar a un político fuerte que no tolere la insubordinación de la cúpula militar en contra su comandante en jefe (el Presidente de la República), como es propio en una democracia en pleno funcionamiento; y, por último, enviar a la reserva a todo el generalato fascista que se ha crecido en la era Bolsonaro.

Pero para conseguirlo hace falta fuerza popular en la calle. Los movimientos sociales, responsables de la victoria del Frente Amplio, están preparados para enfrentar a los fascistas. Tras la conmoción nacional provocada por la brutalidad de las invasiones, es el momento idóneo de convocar al pueblo para defender los espacios de tolerancia, ya que ninguna fuerza política democrática se atreverá a aceptar la normalización de semejante barbarie. Además, desde el primer momento Lula da Silva ha estado a la altura de las circunstancias. Si sigue conduciendo así el país, cosechará un consenso entre las fuerzas políticas y la sociedad mayor que el que tuvo en su victoria electoral. Pero para ello no le puede temblar la mano a la hora de exigir responsabilidad a quienes atentaron contra el Estado democrático. Vale la pena intentarlo