Análisis
Diario de la crisis 2. Apuntes para una crítica del derecho que viene

El sistema de las normas, de los derechos y de las obligaciones se halla, en el actual marco capitalista, sujeto a fluctuaciones diarias como si se tratara de una cotización bursátil: el mercado se ha apoderado de la legislación, haciéndola fluctuar y demoliendo toda certidumbre.
Rave Toscana
Rave en la frontera entre Lazio y Toscana, agosto de 2021.
23 ene 2023 15:38

En esta segunda entrega del «Diario de la crisis» –columna nacida de la colaboración entre Effimera, Machina-DeriveApprodi y El Salto– Gianni Giovannelli analiza la crisis del derecho. El autor argumenta que no se trata de una intensificación represiva genérica limitada al derecho penal, sino de una transformación más global del conjunto del ordenamiento jurídico, esto es, de las normas civiles, administrativas, laborales, marítimas, militares o interestatales. Especialmente en una situación de crisis cada vez más profunda, se evidencia cómo diferentes formas de disidencia se convierten inmediatamente en criminales. Analizar, pues, las transformaciones del derecho aporta una perspectiva analítica realmente crucial a través de la cual repensar las armas de la crítica.

Análisis
Diario de la crisis. ¿Quién paga la inflación de los beneficios?
En este final de 2022, las preguntas de los analistas son las siguientes: ¿ha tocado realmente techo la inflación? ¿Cuánto más pueden subir los tipos de interés? ¿Está a punto de estallar la recesión (Estados Unidos), cuánto durará (Europa) o ya estamos en ella (como en el Reino Unido)?


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«Era un lenguaje del despotismo y de la tiranía decir que la única norma legislativa es la voluntad del legislador».
Gaetano Filangieri, La scienza della legislazione, I, III, Nápoles, Raimondi, 1780.

Es un hecho objetivo e incuestionable que se están produciendo profundos cambios en la legislación italiana y que estos cambios también se verifican puntualmente en otros territorios del planeta con independencia de las diferentes estructuras político-institucionales realmente existentes en los mismos. No se trata de una genérica intensificación represiva limitada al derecho penal, como un examen meramente superficial podría hacer creer; la transformación, porque de eso se trata, como resulta cada día más evidente, se extiende al conjunto del ordenamiento jurídico, esto es, a las normas civiles, administrativas, laborales, marítimas, militares o interestatales.

El cambio

La referencia tradicional a los códigos e incluso a las constituciones, es decir, a un marco estable de normas destinado a regular las relaciones contractuales y sociales en un horizonte temporal que permita cierta planificación existencial, cruje y se tambalea. Ciertamente, las guerras, las catástrofes naturales o las epidemias podrían imponer medidas excepcionales, pero en el entendimiento de que luego se volvería a la normalidad. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial logró borrar esta concepción de los pactos de convivencia, nacida durante el terremoto napoleónico y articulada en la práctica en mil versiones diferentes. El capitalismo actual, renovado y financiarizado, procede, por el contrario, con determinación en pos de esta mutación radical, considerada ahora necesaria para el proceso de valorización, y no tiene ninguna intención de frenar este proceso y mucho menos de detenerse ante el mismo.

El medio de imponer una tiranía sustancial del más fuerte (económica y militarmente) consiste en una legislación caracterizada fundamentalmente por la sola voluntad del legislador instalado en los salones del poder

La pandemia, la guerra —ya endémica y generalizada, no limitada al extremo ucraniano— y la crisis, también de carácter permanente, son un factor de aceleración, que es utilizado con creciente profesionalidad en situaciones individuales por quienes ocupan la cabina de control y los puestos de mando. La pandemia ha generado ansiedad, miedo y, sobre todo, un sentimiento de resignación servil, de aceptación de la subordinación como única forma posible de supervivencia. La guerra ha añadido una preocupante inseguridad (sobre las fuentes de energía y los riesgos atómicos) respecto a la cual se cultiva hábilmente el odio en lugar de la solidaridad. Por último, la crisis ha ampliado la brecha existente entre ricos y pobres, ha desgastado el antiguo Estado del bienestar y ha permitido, a través de la inflación, la erosión de los ahorros, debilitando así la resistencia de las familias trabajadoras, que se ven obligadas a aceptar unas condiciones de trabajo y unos salarios que empeoran constante; los sindicatos contemplan impotentes —o, en ocasiones, siendo cómplices— este desastre, pero en cualquier caso sin reaccionar.

La elección del capital

La elección del capital —y de los distintos poderes ejecutivos encargados de mantener el orden, si bien variando el método para conseguirlo— parece ser la de optar por un despotismo moderno, adaptado al territorio en el que debe intervenir. Se trata de una forma institucional adoptada, de modo objetivamente concluyente, por la teocracia iraní, los laboristas australianos, los nacionalistas indios, los comunistas chinos y, ahora, al hilo del gobierno de Draghi, por los neofascistas italianos. Estamos ante un concepto actualizado de lo que se denomina constitución material.

Como nuestro Filangieri, jurista genial, había intuido hace casi doscientos cincuenta años, el medio de imponer una tiranía sustancial del más fuerte (económica y militarmente) consiste en una legislación caracterizada fundamentalmente por la sola voluntad del legislador instalado en los salones del poder. Al mismo tiempo, un mecanismo de extracción de valor (con expropiación de los frutos de la cooperación social) basado en la conquista de la existencia y de los cuerpos no puede sobrevivir sin la opresión que asegura el control; el ciudadano de la burguesía fordista es sustituido por el súbdito, dividido en segmentos separados (religión, ideología, etnia, género, nación, censo).

Recomposición y represión

El enemigo del capital es la recomposición que acecha en el seno de la resistencia, en el seno de la protesta; la mezcla de reivindicaciones, derechos ciertos, solidaridad, unidad y emancipación siempre corre el riesgo de convertirse en revuelta y debe desactivarse antes de que estalle, no después. La represión de la disidencia responde así, en la actual fase de transición, al doble propósito de garantizar el control y aumentar la producción social global. Al mismo tiempo, el ataque al Estado del bienestar, el saqueo del ahorro y la expropiación de la riqueza colectiva permiten recuperar recursos con los que hacer frente a los costes de las crisis específicas.

La planificación del socialismo real y del liberalismo fordista, fundada en ambos casos en el consenso, el contrato y la seguridad jurídica, es sustituida en la totalidad de los regímenes actuales sin exclusión alguna por un horizonte normativo efímero, móvil, modificable, plegado a las necesidades impuestas por la crisis y por el beneficio. Un comportamiento lícito puede, a instancias del legislador de turno, convertirse en ilícito; las penas pueden ser anuladas, aliviadas o agravadas por decreto del gobierno en función de las fluctuaciones de la moneda o la escasez de materias primas; un pacto o un contrato, incluso estipulado entre particulares, puede ser suprimido, anulado o modificado por la autoridad.

Variaciones del derecho

El sistema de las normas, de los derechos y de las obligaciones se halla, en el actual marco capitalista, sujeto a fluctuaciones diarias como si se tratara de una cotización bursátil: el mercado se ha apoderado de la legislación, haciéndola fluctuar y demoliendo toda certidumbre.

Tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado italiano [Legge di Bilancio 2023, Legge 29 dicembre de 2022, n. 197], incluso contaminar se vuelve una cuestión opinable: en la producción de acero, lo que está prohibido como veneno en Catania o Florencia está permitido (e impuesto a los habitantes) en Taranto y Priolo. El legislador, en la época del despotismo, llega así a arrogarse el poder de golpear la salud pública o de favorecer los tumores, estableciendo incluso un escudo penal (denominación de la impunidad acuñada por los medios de comunicación del régimen) para proteger a los funcionarios encargados del crimen legalizado en nombre de la producción de interés nacional. Los contaminadores serán absueltos y quienes intenten oponerse a su envenenamiento serán presumiblemente condenados; en este caso, el severísimo aparato sancionador preconizado en forma de decreto punitivo por la segunda magistratura del Estado, el presidente del Senado, abogado Ignazio La Russa, contra los jóvenes barnizadores de Ultima Generazione podría pasar por bueno.

En el país de los “Acchiappacitrulli” [la ciudad en la que es engañado Pinocho por el gato y le zorro, literalmente atrapatontos], después de todo, es exactamente así como funcionan las cosas: Maya Bossier, una joven rebelde del movimiento No Tav del Piamonte, que se opone a la construcción del tren de alta velocidad Turín-Lyon, tras denunciar ante la justicia al policía que le había propinado un puñetazo en la cara durante su detención, experimentó en carne propia esta pauta de comportamiento. De hecho, el Tribunal de Turín (presidido por la jueza Dra. Costanza Goria) absolvió al agresor e impuso una pena de cuatro meses a la agredida.

Otro caso: los padres de Giuliano De Seta, el estudiante de 18 años que murió aplastado el pasado 16 de septiembre en la fábrica Bc Service, (Noventa di Piave, Venecia) en la que hacía su periodo de prácticas mientras estudiaba no recibieron indemnización alguna por parte del Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, porque trabajaba sin haber sido promocionado aún como trabajador mediante la certificación adecuada. Al mismo tiempo, sin embargo, los cuatro jóvenes rebeldes que se manifestaron contra la peligrosa inseguridad de la ley de alternancia escuela-trabajo sin respeto por las jerarquías han recibido una buena ración de prisión preventiva.

Violencia policial
Vox en Vallecas Policías absueltos de agresiones y periodistas investigados por el mitin de Vox en Vallecas
La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid amenaza al periodista Guillermo Martínez y a tres fotoperiodistas por falso testimonio por denunciar las agresiones de un agente antidisturbios en el mitin de Vox en Vallecas.

La ley del capital

Estos episodios son significativos, pero forman parte a la postre de la orientación tradicional de la mala justicia italiana, siempre pronta a castigar a los débiles y a salvar a los poderosos, en ocasiones a cambio de una compensación, pero más a menudo por pura convicción. Lo que está ocurriendo en esta fase de la crisis, sin embargo, es diferente de lo que ocurría en el pasado: la violación de las reglas está siendo sustituida por la cancelación de ciertas normas jurídicas, dejando a la voluntad del poder ejecutivo decidir la frontera entre lo lícito y lo ilícito para así optar por absolver o castigar, según las conveniencias contingentes de la gobernanza y la producción.

Se trata de un proceso articulado, que no es unívoco y que se aplica por segmentos: ya sea mediante decisiones judiciales, disposiciones reglamentarias o incluso intervenciones de carácter administrativo. Hay método en esta confusa estrategia vinculada a objetivos contingentes a muy corto plazo, pero al mismo tiempo la misma se halla dirigida a aniquilar la disidencia antes de que se convierta en un hecho, criminalizando como antisocial cualquier intento de oponerse al régimen.

Criminalización continua

Esta es la elección del capital en el cuadro de la crisis y de la transición en curso: transformar cualquier experimento de recomposición, de solidaridad y de unidad efectuado sobre el terreno en un caso de asociación para delinquir. El instrumento técnico jurídico para tal plan del capital es en Italia el artículo 416 del viejo Código Penal fascista (Regio Decreto 19.10.1930 n. 1398), interpretado con la necesaria desenvoltura en su aplicación concreta hasta el punto de innovarlo y transformarlo profundamente. El esquema del artículo 416 indicado es sencillo: prevé, para los promotores y organizadores y sólo por ello, una sanción de tres a siete años (y permite, por lo tanto, las interceptaciones telefónicas o ambientales) cuando tres o más personas se asocien para cometer varios delitos. Para los meros participantes en la asociación (por el mero hecho de participar), la pena oscila entre uno y cinco años de prisión. Esta es la ganzúa con la que, aquí y ahora, el despotismo fuerza el contenedor de los derechos residuales para eliminarlos y afirmar su pleno dominio.

Durante casi siete años los cuadros sindicales fueron constantemente seguidos, interceptados y mantenidos bajo vigilancia encubierta precisamente por la hipótesis penal de carácter asociativo

Un precedente importante de este filón jurídico es la Sentencia número 607/21 del Tribunal de Locri (presidido por el Dr. Fulvio Accursio), contra Mimmo Lucano, antiguo alcalde de Riace, y otros muchos acusados; se reconoció la subsistencia del delito de asociación en una hipótesis de gestión de fondos para el conglomerado migrante en Calabria por parte de organizaciones sin ánimo de lucro, lo que dio lugar a duras condenas que ahora están siendo recurridas (trece años y seis meses al alcalde de Riace, de acuerdo con la sentencia en primera instancia emitida en septiembre de 2021). Sobre todo, incluso dejando a un lado el caso concreto, fue una oportunidad política para criminalizar a toda la red de voluntariado, que incluye desde el rescate de migrantes en el mar hasta el apoyo técnico prestado a los solicitantes de asilo, pasando por la asistencia sindical durante el desempeño de trabajos necesariamente precarios por parte de esos mismos migrantes. Esta operación, nacida y consolidada cuando el gobierno de la Lega y el Movimento 5 Stelle disfrutaba de una holgada mayoría, continúa aún más violenta y rencorosa con el gobierno de Meloni (considérese el recentísimo decreto de Matteo Piantedosi, actual ministro del Interior italiano, para oponerse a los barcos de las ONG, que salvan vidas migrantes en el Mediterráneo).

Piacenza, sector de la logística

Muy significativo es, sucesivamente, el auto de la juez de Instrucción [Giudice per le Indagini Preliminari] de Piacenza, Dra. Sonia Caravelli, en el procedimiento penal incoado por la Fiscalía [Pubblico Ministero] ya en 2016 (R.G. 1827/2016), contra los dirigentes de los sindicatos de base del sector logístico (Usb y Si Cobas) a instancia de las grandes empresas del mismo (de Amazon a GLS).

Durante casi siete años los cuadros sindicales fueron constantemente seguidos, interceptados y mantenidos bajo vigilancia encubierta precisamente por la hipótesis penal de carácter asociativo; el número de rol asignado por la Gip (2023/2021 y 2019/2022) certifica el carácter secreto de la investigación durante al menos cinco años, entre 2016 y 2021, a la espera de la oportunidad histórica de utilizar tal fascículo, que a fecha de hoy todavía ha sido sustraído en su totalidad a la defensa de los indagados. La Dra. Caravelli no tiene reparos en expresar su opinión sobre los militantes sindicales: alimentaban en torno a sus personas redes clientelares de trabajadores interesados en la estabilización y luego pretendían apoyarlos con la fuerza chantajista del sindicato al que pertenecían (la cursiva es una cita textual de la medida).

La organización de las luchas salariales se convierte, pues, en una asociación para delinquir, destinada a cometer los delitos típicos del conflicto existente entre el capital y el trabajo: el piquete (artículo 610 del Código Penal italiano, violencia privada), la ocupación de zonas de carga y descarga y la invasión de pabellones (artículo 508 del Código Penal), la no disolución de una concentración pública (artículo 650 del Código Penal), la interrupción del servicio de reparto (artículo 340 del Código Penal), la resistencia a la fuerza pública (artículo 337 del Código Penal), la perturbación de los servicios (artículo 337 del Código Penal), la perturbación en las líneas de producción o comercialización (artículo 513 Código Penal), el ultraje a un funcionario público (artículo 341 Código Penal), el bloqueo de carreteras (Ley Togliatti de 1948 modificada por el D.L. 113/2018 de Gentiloni) y el daño al servicio público en general (artículo 331 del Código Penal).

Ni siquiera el ministro del Interior más anticomunista de la Primera República, el abogado Mario Scelba, en su largo mandato (1947-1953), había llegado a concebir semejante marco acusatorio en detrimento de los huelguistas; a lo sumo utilizaba las míticas Celere, las unidades móviles de la policía italiana, o, para los más rebeldes, el batallón Padova, que intervenía según las necesidades un poco en todas partes. Ahora, en esta nueva y actualizada versión, la asociación para delinquir es la que reúne a los trabajadores interesados en la estabilización (¡entendida como redes clientelares!) y los delitos que constituyen el objetivo de la estructura criminal son los de la huelga y el piquete, mientras que las luchas salariales se convierten en la construcción de una fuerza chantajista.

El capitalismo contemporáneo (de las plataformas y del sector financiero) se aparta ahora de la separación social entre tiempo de trabajo y tiempo libre; la totalidad de la existencia de los cuerpos precarios puede, por lo tanto, debe, ser productiva, debe volver a introducirse en el proceso global de valorización. Por ello, especialmente en el contexto de la crisis (o de las crisis), todas las formas de disidencia se convierten inmediatamente en enemigas del capital y por ende devienen criminales.

Italia
Terrorismo laboral La cruzada patronal contra los trabajadores de la logística en Italia
La muerte del sindicalista Adil Belakhdim tras ser atropellado por un camión durante una huelga es solo el último episodio de una batalla entre la patronal italiana de la logística y los trabajadores de uno de los sectores en los que la explotación laboral se ha agudizado más en los últimos tiempos.

Ocupación de viviendas en Milán

La sección cuarta del Tribunal de Milán (presidente Dr. Giuseppe Fazio) aceptó la tesis acusatoria del Ministerio Fiscal [Pubblico Ministero] Dr. Leonardo Lesti y calificó la actividad de Solidarietá Popolare, radicada en el distrito de Giambellino, como asociación para delinquir.

En la práctica, esta estructura territorial prestaba apoyo a los ocupantes de viviendas sociales públicas, mantenidas vacías y abandonadas por el Istituto Autonomo Case Popolari, ahora denominado Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale y propietarias de las mismas, al tiempo que ponía en marcha actividades culturales gratuitas en la zona. Según el periódico Internazionale, de las 2.667 viviendas existentes, aproximadamente 900 estaban vacías; pero apoyar la ocupación de las no utilizadas constituye una asociación para delinquir, lo cual implica nueve condenas que van de 1 año y 7 meses a 5 años y 4 meses.

Y el Tav

No podían faltar en este elenco, por supuesto, los militantes opuestos al Tav de Val di Susa: fracasado ya el intento de la fiscalía piamontesa de golpear a la más noble asociación subversiva, la fiscal Dra. Manuela Pedrotta utilizó el artículo 416 del Código Penal consiguiendo, tras casi tres años de interceptaciones y seguimientos, algunas detenciones durante la investigación denominada “Sovrano”. Los grafiteros de Ultima Generazione, que protestan contra el cambio climático, se han puesto, llenos de confianza, en la lista de espera, sabiendo que la intervención de algún parlamentario en busca de notoriedad o de algún magistrado diligente en las tareas que le asignan los tiempos no se hará esperar.

Decreto Rave

En línea con el diseño general, a finales del año pasado, en el último día del mismo, se ha planteado la conversión en ley, tras la introducción de las correspondientes enmiendas, del Decreto-Legge 31.10 2022 (el llamado Decreto Rave), con la confianza otorgada y la ayuda prestada por el procedimiento parlamentario italiano denominado de la guillotina (el nombre da una buena idea de este mecanismo parlamentario destinado a logar la convalidación y conversión en norma con rango de ley de una propuesta legislativa del gobierno con la exclusión del pertinente debate parlamentario, mecanismo útil para aprobar cualquier cosa a toda prisa sin saber necesariamente de qué se trata). Se mantiene la pena de uno a seis años, que permite las escuchas, tanto telefónicas como ambientales; también se mantiene cierta vaguedad en la delimitación del ámbito cubierto por el decreto, la «reunión musical» se presta a múltiples lecturas.

Italia
Italia El gobierno de Meloni usa las raves como excusa para limitar la protesta
El primer decreto de la era de los Hermanos de Italia en el Gobierno es una modificación del artículo 434 del Código Penal añadida al calor de una polémica rave y que amenaza con limitar el derecho a la desobediencia no violenta.


Además de la ocupación arbitraria de terrenos o edificios, podría bastar la violación (inevitable para los grupos espontáneos no empresariales) de la normativa (¡incluso de un apartado insignificante del correspondiente artículo!) sobre seguridad e higiene (¡interminable!) para desencadenar la trampa acusatoria; incluso los locales comerciales (en primer lugar las discotecas) incurren a menudo en la infracción de la normativa sobre higiene y seguridad (una jungla de disposiciones, a menudo contradictorias, no fáciles de leer), pero con consecuencias muy distintas (son faltas y prescriben pronto) ¡y recaudaciones mucho más sostenidas! En cualquier caso, es relevante la premisa asociativa del artículo 5 del Decreto (promueve, organiza), que constituye una autopista que sin demasiado esfuerzo permite llegar al artículo 416 del Código Penal con sólo añadir algún otro delito a la ya criminalizada reunión musical (estos Torquemadas del siglo XVI habrían encarcelado de buena gana los festivales de Woodstock o de la Isla de Wight). Del fraude fiscal por vender productos de la marca Genuino Clandestino a la receptación de guitarras solo media la incomodidad de la elección. Lo importante es dominar.

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