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Análisis
El independentismo en la Cataluña posprocés
Mucho se ha escrito estos días que la llegada del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a la Generalitat supone o, mejor dicho, certifica un cambio de ciclo en Cataluña. En realidad, es la culminación del proceso de retorno al autonomismo, iniciado con el reflujo del proceso soberanista el 27 de octubre de 2017, en el que se libraba una sorda batalla por la hegemonía electoral entre las dos principales expresiones políticas del nacionalismo catalán —entonces el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) y luego Junts per Catalunya (JxCat), por un lado, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por el otro—, a las que solo la presión del movimiento cívico y la cerrazón del gobierno de M. Rajoy les impelió a iniciativas unilaterales, cuya máxima expresión fue el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y las confusas declaraciones del 10 y el 27 del mismo mes.
El proceso de retorno al autonomismo se vio facilitado por las medidas adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez a fin de paliar la represión promovida por el de su antecesor, M. Rajoy. Además, los indultos parciales a los condenados a penas de prisión en la causa especial del Tribunal Supremo (TS) 20907/2017, la derogación del delito de sedición del Código Penal y, más recientemente, la aprobación de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, han tenido como consecuencia un ascenso sostenido del PSC.
Simultáneamente, el desencanto entre sectores del independentismo por la frustración de las expectativas de una independencia exprés e indolora creadas en los momentos álgidos del Procés y las crecientes tensiones entre Junts y ERC, con la aparición de nuevas candidaturas independentistas —los neoliberales de Alhora y los ultraderechistas de Aliança Catalana (AC)—, han tenido como consecuencia el aumento del abstencionismo crítico y la dispersión del voto. La conjunción de todos estos factores condujo a la pérdida de la mayoría parlamentaria de las fuerzas independentistas en las elecciones del pasado 12 de mayo.
El entierro del procés ha tenido muy pocas plañideras y sí unas cuantas ménades en frenesí despedazando, extasiadas, su cadáver. Al menos, mientras desconocían el contenido del acuerdo de investidura entre el PSC y ERC, que tantas ampollas ha levantado, sobre todo en lo tocante a la financiación, también entre la menguada izquierda de referencia estatal.
La victoria del PSC obliga a los tres partidos independentistas a replantearse su futuro este otoño e invierno, aunque la “unidad estratégica” del independentismo parece a todas luces perdida
Puede que, tras la larga agonía posterior al 27 de octubre de 2017, el procés haya muerto, pero el independentismo —en diversos grados y matices, como siempre—, suma 59 diputados: los 35 de Junts, los 20 de ERC y los cuatro de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Asimismo, AC ha entrado en el Parlament con dos diputados, si bien las fuerzas democráticas, tanto independentistas como unionistas, se han comprometido a no suscribir acuerdos con ella. Por lo demás, el independentismo de AC ha sido cuestionado por las recientes declaraciones y actuaciones de algunos de sus cargos electos a nivel municipal, centrados exclusivamente en la cuestión migratoria, con su previsible discurso islamófobo y xenófobo, en general.
La victoria del PSC obliga a los tres partidos independentistas a replantearse su futuro este otoño e invierno, aunque la “unidad estratégica” del independentismo parece a todas luces perdida para los próximos años, en particular por la encarnizada lucha entre Junts y ERC por liderar este espacio político. Si algo evidenciará la próxima Diada será el fantasma de la división, la fragmentación y las peleas internas dentro del independentismo.
Junts y el papel de Puigdemont
Las elecciones de mayo devolvieron a Junts el liderazgo del espacio independentista en número de votos y diputados, pero a costa de ERC, quien se supone que sería su socio de coalición en un eventual gobierno, y, de rebote, de la mayoría parlamentaria que le habría permitido volver al Palau de la Generalitat. Tras la investidura de Salvador Illa y la formación de gobierno, Junts arranca el curso político liderando también la oposición en el Parlament de Catalunya, aunque por momentos parezca que haga más oposición a ERC que al ejecutivo al que pretendidamente se opone, y con el que, en el fondo, ha compartido y comparte no pocos puntos de su programa económico.
El 8 de agosto Carles Puigdemont reapareció fugazmente en Cataluña y, tras pronunciar un breve discurso, volvió a Waterloo, sorteando el dispositivo de los Mossos d’Esquadra para detenerlo, luego de que el magistrado instructor de la causa especial del TS 20907/2017, Pablo Llarena, se negara a retirar la orden interior de detención e ingreso en prisión, incumpliendo la Ley de amnistía. Muchos comentaristas y políticos —como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o el exconsejero de Economía de Junts Xavier Giró— lo calificaron como un gesto político sobre el que poco o nada se puede construir, a pesar de los intentos de algunos destacados cargos de Junts de justificarlo a partir de un “relato” que, en propiedad, tampoco sigue la mayoría de la población.
Parece poco probable que Puigdemont abandone el escenario político; antes bien, se espera que retome la presidencia del partido, en detrimento de Laura Borràs, actual presidenta
Junts celebrará su congreso el próximo mes de noviembre, en el que planteará una nueva estrategia y una nueva dirección. Se intuye que una parte de los posconvergentes, y aún más de sus patrocinadores, quiere desentenderse del llamado puigdemontismo y quizá hasta del propio Puigdemont —para quien se trataría de encontrar una salida decorosa— para recuperar su papel histórico de representante político de los intereses empresariales de Cataluña. La pasada campaña electoral ya daba a entender esta voluntad, con la recuperación de auténticos cadáveres políticos como Artur Mas y, sobre todo, Jordi Pujol.
Igualmente, la difuminación del mensaje independentista de Junts en beneficio del mensaje securitario y “de orden” se vio con toda claridad en las pasadas elecciones municipales, con la presentación como candidato a la alcaldía de Barcelona de otro autonomista de larga tradición como Xavier Trias, consejero de Presidencia de Pujol entre 1996 y 2000. Hasta Quim Torra, más alejado de este sector, pidió a Puigdemont “una reflexión” sobre su continuidad, en declaraciones a la prensa antes de pronunciar una conferencia en la Universitat Catalana d’Estiu, en Prada de Conflent. A juicio del expresidente, “no podemos, con las mismas caras que nos habían dicho una cosa y que ahora dicen otras, pretender que volveremos a traer la esperanza que el movimiento independentista ha tenido siempre en sí mismo”.
Sin embargo, parece poco probable que Puigdemont abandone el escenario político; antes bien, se espera que retome la presidencia del partido, en detrimento de Laura Borràs, actual presidenta y condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por delitos de prevaricación administrativa, falsificación de documental oficial e inducción a la falsificación de documento mercantil, cometidos durante su gestión como directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Entre el 25 y el 27 de octubre se celebrará el Congreso del partido, que se ha marcado como objetivo convertir a Junts en una “fuerza política transversal” capaz de ser el “espacio independentista de referencia”.
Por lo pronto, Puigdemont ya ha movido ficha y, tal y como hizo Illa con la creación de su “gobierno alternativo” la pasada legislatura, el expresidente planea crear un “gobierno a la sombra” con el que hacer oposición a Illa y que sirva de carta de presentación para las próximas elecciones, que Junts intentará adelantar todo lo posible cuando las condiciones les sean favorables. Del resultado de ese equilibrio dependerá también la estabilidad parlamentaria en Madrid, puesto que el gobierno de Pedro Sánchez depende de los votos de los diputados de Junts para la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Partidos políticos
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ERC: entre Junqueras y lo nuevo
Que el acuerdo del PSC no ha sido del gusto de todos los republicanos lo refleja el ajustado resultado de la consulta hecha a la militancia —con 53,5% a favor, 44,8% en contra y un 1,7% en blanco— antes de su firma. ERC ha convocado un congreso, también para noviembre, para renovar su dirección y su estrategia.
La formación arrastra los malos resultados del último ciclo electoral, lastrados por el escándalo de una red de comunicación que actuaba sin el conocimiento de la dirección con acciones de falsa bandera, llamada “la B”. La caída en votos y diputados en las últimas elecciones al Parlament de Catalunya —de segunda fuerza pasaron a tercera, lo que le ha supuesto perder la presidencia de la Generalitat— ha hecho saltar por los aires la imagen de unidad que había logrado transmitir hasta ahora, evidenciando una división entre el sector continuista, encabezado por Oriol Junqueras, que dimitió como presidente del partido tras el batacazo electoral y pretende ser reelegido en el congreso que debe celebrarse en otoño, y el renovador que cuenta con el apoyo de la secretaria general que ejerce interinamente las funciones de presidenta, Marta Rovira. A este congreso concurrirá una tercera lista, la del colectivo Primer d’Octubre, que no tiene visos de imponerse a ninguna de las dos anteriores.
Junqueras, un dirigente en general bien valorado por la ciudadanía y bajo cuya presidencia se produjo el sorpasso de ERC a Junts, en las elecciones al Parlament del 14 de febrero de 2021, presentará su lista el próximo 21 de septiembre en el Teatre de la Passió d’Olesa de Montserrat, acompañado del exconsejero de Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia Raül Romeva, la eurodiputada Diana Riba y la diputada en el Parlament Ana Balsera, entre otros. La lista cuenta también con el apoyo del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián.
El creciente proceso de derechización que padecen las sociedad occidentales, y que también ha afectado al electorado independentista, ha tenido una expresión clara en los resultados de la CUP
La otra lista, que lleva por nombre Nova Esquerra Nacional, considera que la estrategia de Junqueras ha tocado techo, ya no da resultados tangibles y que el partido necesita una renovación profunda y una apuesta por una línea política decididamente de izquierdas. El 29 de agosto presentó una dirección “coral”, de la que forman parte la exconsejera de la Presidencia Laura Vilagrà, el portavoz de ERC en el Parlament de Catalunya, Josep Maria Jové, la exsecretaria general del Departamento de Igualdad y Feminismos Georgina Oliva y la exdiputada en el Parlament Alba Camps, entre otros. El sector más cercano a Junqueras ya ha pedido adelantar el congreso para intentar cerrar el paso a la consolidación de una alternativa viable a su lista. Si las partes acatan el dictamen de la comisión de garantías, el congreso se celebrará el 30 de noviembre.
De los resultados de este congreso dependerán las relaciones con Junts y con el gobierno de Illa. Teóricamente, con Junqueras al frente de ERC el partido priorizaría otra vez formar un gobierno de coalición con Junts, mientras que, con la dirección coral de la que formarían parte Vilagrà y Jové, los republicanos optarían por lo que se ha dado en llamar “geometría variable” y se abrirían a pactar con el PSC y Comuns Sumar, aunque por ahora sin formalizar un tripartito, el espantajo favorito de los posconvergentes. El Govern, por su parte, ya ha anunciado que su objetivo prioritario es aprobar los presupuestos de 2025 con ERC y los comunes como “socios preferentes”.
La CUP vuelve a los márgenes
En primer lugar, cumple recordar que la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (CUP-CC) fue un actor trascendental en la aceleración del procés durante la XI legislatura (2015-2017): forzó la renuncia a la presidencia de la Generalitat del autonomista Mas ―que solo por oportunismo político había asumido el objetivo de la independencia―, y la convocatoria del referéndum de autodeterminación como condición para apoyar la cuestión de confianza planteada por Puigdemont al Parlament en 2016. No obstante, tras el referéndum del 1 de octubre la organización entró en una dinámica en la que no es fácil apreciar una estrategia política clara, tal y como confirmó a El Salto uno de los diputados durante la XII legislatura (2018-2020) que rehusó repetir como candidato. En este contexto, no sorprende que el adelanto electoral cogiera a la CUP con el pie cambiado.
Junto a ello, el creciente proceso de derechización que padecen las sociedad occidentales, y que también ha afectado al electorado independentista, ha tenido una expresión clara en los resultados de la CUP, con una caída de nueve a cuatro diputados. Ello le impedía formar grupo parlamentario propio y le obligaba a compartir el Grupo Mixto con AC. La cesión de un diputado de ERC le ha permitido no tener que compartir el tiempo de las intervenciones y los recursos con los ultraderechistas, pero se queda con la asignatura pendiente de salir de una marginalidad que podría resultarle fatal. Este retorno a los márgenes no es un retorno a los orígenes, pues actualmente la CUP cuenta a su favor con la experiencia parlamentaria acumulada de cuatro legislaturas consecutivas.
El documento de trabajo resultante del llamado “procés de Garbí” —todavía abierto y que se votará el 21 de septiembre—, titulado ‘Impulsar, articular y vencer’, no parece ofrecer nada nuevo al núcleo del discurso de la izquierda independentista: la vinculación entre lucha nacional y luchas sociales para alcanzar una “ruptura democrática” con el Estado español, que culmine con la independencia de Cataluña, primero, y los Països Catalans, después. Aunque no descarta “alianzas tácticas puntuales” (¿algún partido las puede descartar?), sigue remarcando los límites institucionales y apostando por “el establecimiento y ampliación del conflicto con el Estado” para “generar el momento de ruptura, sostenerlo y ganar”. Pero ¿cómo se traducen estos postulados a la acción real? ¿Con qué fuerzas políticas y sociales? La respuesta teórica es clara: con la acción de las clases populares bajo la dirección política de la izquierda independentista. Ahora bien: ¿son capaces actualmente las organizaciones políticas y sindicales de esta de dirigir a las clases populares? ¿Se ha calibrado bien la correlación de fuerzas de la situación actual?
Los alcaldes de Berga y Girona —dos de los reductos institucionales de la CUP tras las últimas elecciones municipales—, Ivan Sànchez y Lluc Salellas, escribieron a finales de agosto un artículo en que hacían un llamamiento a “leer bien el momento, entender dónde se encuentra la mayoría de la población y, a partir de nuestros principios políticos, ser atrevidos, confiar en nosotros mismos y salir a ganar”. La lectura en clave interna del texto no pasa desapercibida a nadie. La tentación de volver a un discurso de máximos e “hipermilitante”, acentuada por la escisión de la Organización Juvenil Socialista (OJS), cada vez más alejada del independentismo, es importante entre algunos militantes y quizá también en algunos electos, más centrados en la vida interna del partido que en la situación política general. No obstante, ese giro no haría más que ahondar en la deriva hacia la marginalidad de la organización. Por otra parte, una línea más posibilista, mal desplegada y gestionada, podría desdibujar su perfil político.
Hace unos años, el independentismo recuperó la figura del Ave Fénix como símbolo de su capacidad para renacer. Pero para que algo renazca, en buena lógica primero ha de morir, y no es ése el caso del independentismo —nunca lo ha sido— y quizá ni siquiera del procés, que se resiste con uñas y dientes, como demuestran los casos de Puigdemont y Junqueras, a ser desplazados por caras nuevas. El independentismo ha sido noqueado —nadie puede llamarse a engaño— y está tendido en la lona. La pregunta es si podrá levantarse o alguien arrojará la toalla por él. Tenemos todo un otoño y todo un invierno para verlo.