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Junts se inclina por rechazar los presupuestos de Sánchez y profundiza los contactos con el PP

“Ahora Junts y el PP no votan juntos. Pero ese día va a llegar. Todavía no, es muy pronto, pero ese día llegará”, avizoraba Gabriel Rufián, portavoz de ERC, en el atril del hemiciclo del Congreso en julio pasado. Era una alerta para que los progresistas espabilen y recuerden que hay que legislar para la mayoría que los votó antes que la derecha nacionalista española y la nacionalista catalana hagan las paces.

Pues ese día está cada vez más cerca. La relación de Junts per Catalunya y el Partido Socialista pasa por uno de sus peores momentos y los ecos de la rabia que se oye en el partido con sede en el Passatge de Bofill barcelonés apuntan no solo a diferencias ideológicas sino a una disrupción en los mínimos de confianza. No le creen a Pedro Sánchez ni en su voluntad de cumplir pactos.

Por otro lado, el vínculo con el Partido Popular sigue en tendencia ascendente, especialmente desde agosto del año pasado, cuando El Salto fue el primer medio que publicó en exclusiva los contactos entre emisarios de Alberto Núñez Feijóo con representantes de Carles Puigdemont. Esas conversaciones fueron negadas, luego parcialmente admitidas y este año no solo aceptadas sino que dada a conocer con lujo de detalles.

En Junts creen que la resolución a su favor vendrá no tanto por afecto a la amnistía sino por un duelo de poder entre el TC y el Supremo

“El diálogo con ellos nunca se acabó, siempre ha continuado y continúa”, han confirmado a El Salto fuentes del entorno de Puigdemont. Los enviados ya son varios: no solo el eurodiputado y asesor en asuntos internacionales de Feijóo, Esteban González Pons (quien fuera el negociador en 2023 previo a la investidura fallida de su jefe), sino que ya hay otros varios dirigentes que conversan con dirigentes de Junts. “La conversación es superficial por ahora, no hay acuerdos. Pero sí hay puntos de contacto, especialmente en temas de economía y migración”, añaden.

Presupuestos y moción de censura

¿Es la no aplicación de la amnistía al líder del partido y a otros dirigentes de peso el principal obstáculo por el que los siete diputados posconvergents se niegan a apoyar los presupuestos generales del Estado de Sánchez? La respuesta es un rotundo ‘no’, al menos cuando se les escucha sus explicaciones.

La cuestión jurídica para Junts ya ha pasado a otro nivel porque lo primordial está hecho, que es la aprobación de la ley (y la que ellos pidieron y consiguieron, tras rechazar en enero la primera votación junto a PP y Vox). El equipo jurídico cree que la amnistía llegará y que será a través del Tribunal Constitucional, “que deberá poner sensatez y ese fallo llegará seguramente entre octubre y noviembre”.

Esto es así porque en los próximos días el juez Pablo Llarena deberá resolver sobre el recurso presentado por la defensa de Puigdemont contra la no aplicación de la amnistía. Al negar el pedido (algo que se descuenta), se recurrirá en apelación en la sala Segunda del Supremo antes de elevar la cuestión al TC con un recurso de amparo. En Junts creen que la resolución a su favor vendrá no tanto por afecto a la amnistía sino por un duelo de poder entre el TC y el Supremo, es decir, entre un órgano dominado por los progresistas versus otro que está copado por jueces conservadores y considerados por muchos colegas juristas como activistas de la derecha españolista.

Igualmente el entorno de Puigdemont tampoco está satisfecho con la actitud del Gobierno con los jueces y su rebeldía para con una ley democrática aprobada por mayorías como es la amnistía. Si bien no dicen abiertamente que habría que presionar a los magistrados, los soberanistas catalanes creen que Moncloa podría activar cierta presión a través de los medios de comunicación.

En la cúpula de Junts creen que es “muy improbable” que acaben aprobando los PGE del PSOE y Sumar

“¿Para qué tiene Sánchez 400 millones de euros que usa con los medios?”, se preguntaba en voz alta un dirigente alineado con Junts que conoce la relación cruda y pragmática entre política y empresas periodísticas. Se refiere a los 440 millones de euros que el Consejo de Ministros de mayo de 2023 aprobó para “promoción institucional” mediante la compra de espacios en medios y soportes publicitarios. Los posconvergents creen que lo de la amnistía se puede resolver pronto a pulso de relato y narrativa, toda vez que la ley ya ha sido aprobada.

También creen que el poco activismo de los socialistas para la aplicación es para presionar a Junts y darles una motivación para alzar la mano a favor en sus escaños en el Congreso. “Es que el Gobierno no entiende que no somos ERC. Son una máquina de generar relatos pero no acaban de entendernos”, comentan.

La instauración de un gobierno del PSOE en la Generalitat de Catalunya, un hito tras una década y media de soberanistas en el Govern, ha puesto en modo batalla a Junts, que quiere liderar la oposición en el Parlament y mostrarse como la verdadera voz del nacionalismo catalán en Madrid, que negocia con más fiereza y que, si hace falta, deja sin presupuestos al Estado por segundo año consecutivo.

Illa supera el efecto Puigdemont y es investido como president de la Generalitat

Redacción El Salto

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Generalitat de Catalunya

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En la cúpula de Junts creen que es “muy improbable” que acaben aprobando los PGE del PSOE y Sumar. El ánimo por estos días, y no parece que vaya a pasar algo que lo cambie, es la confrontación total con los socialistas tanto en Catalunya como en las Cortes Generales. No descartan ponerse de acuerdo en otro tipo de leyes, como la ley Mordaza o de Secretos Oficiales, pero la negociación será coma a coma, punto por punto, ley a ley.

El fastidio con Sánchez, la amnistía aprobada y la insistencia de Feijóo, que a pesar de lo que dice en los medios mantiene los contactos fluidos con Junts, hacen que la idea de apoyar una moción de censura contra el presidente del Gobierno esté ganando más peso.

“La moción de censura no implica obligatoriamente apoyar a un candidato. Puede hacerse si es convocando de inmediato elecciones”, señalan las fuentes, de inobjetable cercanía con Puigdemont. Tienen razón: la Constitución sí obliga a que quienes presentan una moción también presenten un candidato pero en la práctica, ese candidato desde el minuto uno de su Gobierno puede disolver las Cortes y llamar a generales. Algo parecido propuso Sánchez, de hecho, cuando ganó la suya contra Mariano Rajoy en 2017.

“Un voto con el PP y Vox no significa a favor de nadie sino en contra de Sánchez”, machacan desde Junts. Pero advierten: no es el momento por ahora. Es un objetivo que deben calibrar y que avizoran para 2025, cuando el fuego por la amnistía ya se haya apagado, esté aplicada y Feijóo pueda tener más maniobra de narrativa.

¿Y Vox? No les preocupa. La centroderecha catalana cree que el partido radical españolista está perdiendo fuerza consumido por sus problemas internos y que el PP lo podrá “disciplinar sin problemas”. De hecho, ya lo ha demostrado: en las negociaciones después de las generales, Santiago Abascal renunció inmediatamente a formar parte del Consejo de Ministros para tentar al PNV a que votara a Feijóo.

El enigma de octubre

Quizá Sánchez solo tiene una esperanza con Junts y es que el liderazgo interno de Puigdemont flaquee. El partido que obtuvo el segundo lugar en las autonómicas catalanas ha anticipado su congreso para reorientar o ratificar el rumbo. Allí habrá discusión de ponencias ideológicas y se dirimirá el rol que tendrá (o seguirá teniendo) el expresident.

El cónclave será el 25 de octubre en Calella, al noreste de Barcelona, y será un test clave en el papel de Puigdemont y el esquema de poder del partido, que si bien no tiene al hombre de Waterloo en un cargo orgánico, su liderazgo por ahora es el que marca el rumbo, ejerciendo una especie de bicefalia de facto con el secretario general, Jordi Turull.

En la campaña por las autonómicas, el exalcalde de Girona había dicho que dejaría la política activa si no era elegido president, pero Puigdemont lo habría reconsiderado y todo apunta a que querrá liderar la oposición a Salvador Illa. Por ahora no hay dirigentes de peso que estén con voluntad de enfrentarlo (los que en su momento lo hicieron, los del PdeCAT, les fue muy mal), aunque no se descartan sorpresas.

Un fracaso en los anhelos de Puigdemont o una ruptura en ese partido con el sector más dialoguista con el PSOE (hoy minoritario pero existente) parece ser la única esperanza para la continuidad de Sánchez hasta 2027. Porque puede prorrogar todos los presupuestos, pero no rehuir a la aritmética fatal de una moción de censura de la unión de las derechas.