Opinión
JNIM, colonialismo y abandono: por una solución política para el Sahel

La expansión del JNIM, liderado por Iyad Ag Ghaly, no puede entenderse sólo como un problema de seguridad sino como consecuencia de la competencia internacional por los recursos y el abandono estructural de amplias poblaciones.
JNIM Sahel
Convoy de la unidad de protección de la EUTM-Mali durante una patrulla entre las localidades de Bamako y Koulikoro (Mali). Foto: Ministerio de Defensa. CC BY-NC
16 mar 2026 08:57

Entre el norte del África subsahariana y el sur del desierto del Sáhara encontramos una región conocida como el Sahel. Se trata de una franja de tierra semidesértica que se extiende desde la costa atlántica hasta el Mar Rojo, donde viven más de 400 millones de personas —la población más joven del mundo— y donde la vida se hace cada vez más complicada.

La zona occidental de la franja está hoy muy afectada por sequías y hambrunas, la expansión de milicias yihadistas, golpes de Estado, y por la competencia extractivista global. Nuevos actores clave como Rusia, China, Emiratos Árabes o Turquía desplazan a las viejas potencias coloniales como Francia. Bajo esta realidad miles de personas huyen de la violencia y se unen a las rutas migratorias buscando mejores condiciones de vida; son las mismas que hoy duermen en las calles de nuestras ciudades.

En todo este contexto, organizaciones armadas como el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) se hacen cada vez más fuertes, llegando a poner a Bamako —capital de Mali— bajo asedio. Pero, ¿cómo se explica el auge de un grupo yihadista como el JNIM? Normalmente la respuesta se reduce a un problema de seguridad o fanatismo. Pero su crecimiento exponencial es, ante todo, el síntoma de un colapso estructural: la herencia del colonialismo que nunca terminó, la competencia internacional por los recursos y el abandono de poblaciones enteras. Este artículo analiza cómo el JNIM ha convertido esta crisis en su negocio, fusionando yihadismo, crimen organizado y administración local.

De insurgencia a corporación: contrabando, robo y oro

La expansión del JNIM, liderado por Iyad Ag Ghaly, no puede entenderse sólo como un problema de seguridad sino como consecuencia de la competencia —internacional— por los recursos y el abandono estructural de amplias poblaciones. Ésta filial de Al Qaeda fundada en Mali el 1 de marzo de 2017 tras la fusión de varios grupos armados ha logrado consolidarse como uno de los principales grupos armados de la región, especialmente en Mali y Burkina Faso, pero extendiendo también su presencia hacia los países del Golfo de Guinea. Más que de una insurgencia yihadista clásica, opera como una organización criminal transnacional. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Parte de ese crecimiento se remonta a la desestabilización regional provocada por la invasión occidental de Libia en 2011, que dejó al país colapsado y abrió las puertas a la circulación masiva de armas hacia el Sahel, alimentando el mercado negro que abastece a estos grupos. Las revueltas del norte de Mali de 2012 aceleraron el proceso: milicias rebeldes se apropiaron de arsenales estatales, controlaron rutas comerciales y disputaron enclaves mineros. Grupos nacionalistas como el Movimiento de Liberación del Azawad (MNLA) hicieron entender a la población que ante el abandono no quedaba más opción que la lucha armada. Este espacio sería tomado más adelante por el JNIM.

Se trata de un sistema combinado de violencia, negocio y control social de poblaciones

Desde su fundación el JNIM aseguró fuentes de ingresos estables y diversos para la organización: aunque el tráfico de cocaína ha perdido peso, los secuestros de extranjeros y empresarios llegaron a reportar hasta 30 millones de euros en 2017. A ello se suma el robo de ganado con el que ingresaron hasta 600 mil euros en 2021, y la imposición interesada del zakat —obligación religiosa por la que das una parte de tu riqueza a los necesitados—, convertido en impuesto obligatorio sobre comerciantes y ganaderos.

El contrabando, el cobro de peajes y el control de minas “artesanales” de oro también suponen ingentes ingresos para la organización. Solo en Burkina Faso operan hasta dos mil minas clandestinas de oro. Las rápidas emboscadas de convoyes en carretera mediante motos, lanzacohetes y armas ligeras no solo les aporta beneficios, sino que genera pérdidas económicas y políticas importantísimas para el gobierno. Además, su capacidad para insertarse en la economía financiera urbana mediante la complicidad de empresarios y redes bancarias financia la guerra y reordena las economías rurales bajo su tutela. Se trata de un sistema combinado de violencia, negocio y control social de poblaciones.

La complicidad internacional

La Confederación de Estados del Sahel (AES) ha acusado repetidamente a Francia de financiar indirectamente al grupo yihadista mediante rescates millonarios, armamento y apoyo logístico. Si bien no es un hecho fácil de demostrar, es cierto que aumentar las capacidades del grupo podría beneficiar a las corporaciones francesas ahora debilitadas.

Francia depende en gran medida de la energía nuclear para sostener su sistema eléctrico. Durante años extrajo de Níger entre el 10% y el 30% del uranio que alimenta sus centrales, pero las nuevas juntas militares la han expulsado de la región. En este contexto, la inestabilidad puede convertirse en una ventaja: abarata costes y facilita acuerdos informales entre empresas francesas y actores armados locales, al tiempo que debilita a gobiernos hostiles a sus intereses. No es la primera vez que una corporación francesa hace alianzas con grupos yihadistas: la empresa Lafarge estuvo transfiriendo millones de dólares al ISIS en Siria y se trataron como “aliados estratégicos”.

También países como Emiratos Árabes —envuelto en el comercio ilegal de diamantes y oro por toda África— ha pagado al JNIM rescates millonarios para salvar a jeques y empresarios del oro, lo que podría responder a su nueva estrategia exterior —junto a Israel— para constituir un “eje secesionista” bajo sus intereses estratégicos en lugares como Somalia, Sudán o Yemen.

El JNIM es un problema político, no (solo) militar

La expansión del JNIM no puede explicarse sólo por el uso de las armas, ni puede concebirse (únicamente) como un conflicto militar, sino como un problema profundamente político tras décadas de expolio y abandono. El JNIM está llenando ese vacío.

Tras sus independencias formales buena parte del Sahel mantuvo los marcos jurídicos y administrativos coloniales que siguieron desviando recursos hacia corporaciones externas. En Mali se aseguró la ausencia de soberanía económica y su consecuente dependencia de París, mientras la regulación restrictiva de tierras y el pastoreo favoreció a corporaciones agrícolas y mineras que hoy concentran los beneficios. El resultado persiste hoy: dependencia estructural hacia organismos humanitarios y ausencia casi total de servicios básicos en todo el país.

En este contexto se asienta la base de apoyo del JNIM. El reclutamiento se concentra en los tuareg, y sobre todo en los fulani, tradicionalmente dedicados al pastoreo y cada vez más excluidos de tierras degradadas y disputadas por las grandes explotaciones. El abandono estatal, un contexto cada vez más violento y competitivo por recursos escasos, y la intervención política de los agentes yihadistas en la región ha facilitado el reclutamiento. Por lo que su consolidación no descansa sólo en la coerción armada. La clave es política y material.

El JNIM ha sabido acoger demandas sociales urgentes y ofrecer respuestas allí donde el Estado ha desaparecido

En un contexto desolador como el descrito, el grupo ha sabido insertarse en esas redes locales con un discurso político multiétnico, logrando, al menos en parte, vincular algunas estructuras políticas, económicas y religiosas con su ideología y sus propias estructuras. Además el JNIM ha sabido acoger demandas sociales urgentes y ofrecer respuestas allí donde el Estado ha desaparecido: media en las disputas intracomunitarias, reparte tierras, regula los mercados e impone orden. En las zonas mineras, por ejemplo, desplaza a milicias privadas y actores estatales, redefine las reglas de acceso e integra la explotación del oro en su propia economía, incorporando a sectores antes excluidos y transformando su descontento en apoyo y lealtad. Se presenta como mediador y garante de estabilidad, aunque respalda esa autoridad con la amenaza permanente del castigo. Juega con el palo y después la zanahoria.

El resultado es una organización que desborda la etiqueta de grupo terrorista. Opera como una empresa político-criminal con capacidad de capitalizar la crisis crónica del Sahel para su propio beneficio. Su fortaleza no depende solo de las armas, sino de la incapacidad de los Estados para revertir décadas de abandono y exclusión. Mientras que los gobiernos del Sahel no construyan alternativas radicales que ofrezcan soberanía, justicia y dignidad, el JNIM seguirá creciendo y siendo capaz de imponer su sentido común, generar sus propias alternativas y mantener el control mediante la violencia armada.

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