Análisis
Mozambique: la democracia que Occidente prefiere olvidar

Como era de esperar, en las recientes elecciones presidenciales de Mozambique, el candidato del Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), Daniel Chapo, ha sido declarado vencedor. Desde la celebración de las primeras elecciones democráticas en el país, en 1994, el Frelimo ha ganado ininterrumpidamente todos los comicios, lo que plantea una pregunta crucial: ¿Cuál es la clave de su éxito? ¿Acaso una gestión excelente que ha logrado resultados tangibles para impulsar el bienestar de la población? Nada más lejos de la realidad.

A pesar de su riqueza en recursos naturales de gran valor, como gas natural, grafito, titanio y diamantes, Mozambique ocupa actualmente el puesto 183 de 193 países en el Índice de Desarrollo Humano. Sus niveles de desigualdad, pobreza y corrupción figuran entre los más elevados a nivel global, con prácticamente la mitad de sus 33 millones de habitantes viviendo por debajo del umbral de pobreza. El descontento popular es palpable, algo que se observa rápidamente cuando se visita el país. Entonces, ¿cómo es posible que, elección tras elección, los candidatos del Frelimo obtengan la victoria?

El Centro de Integridade Pública ha documentado las numerosas irregularidades que han tenido lugar antes de las elecciones, diseñadas para asegurar una nueva victoria del Frelimo

Joseph Hanlon, reconocido experto en la política mozambiqueña, ha respondido minuciosamente a esta pregunta mediante el informe “25 Years of Mozambique Electoral Fraud”, donde se describe un fraude electoral sistemático a lo largo del último cuarto de siglo, caracterizado por prácticas como el relleno de urnas, la exclusión de estaciones de votación sin justificación, la tabulación secreta de los resultados por parte de la Comisión Nacional Electoral, y el uso partidista de esta. Todo ello ha ocurrido sin ningún tipo de sanción para los responsables, lo que ha perpetuado el fraude electoral ante la complicidad de la comunidad internacional.

Las recientes elecciones del 9 de octubre no han sido una excepción. El Centro de Integridade Pública, una reconocida ONG local, ha documentado las numerosas irregularidades que han tenido lugar en los meses previos, diseñadas para asegurar una nueva victoria del Frelimo. Entre ellas, el falseamiento del censo electoral con la inclusión de votantes ficticios y la coacción e intimidación tanto de observadores como de votantes.

Durante el tenso recuento de votos, que tardó en realizarse dos semanas, se produjo una escalada con el asesinato a tiros en plena calle de dos figuras clave vinculadas a Podemos, principal partido opositor, en lo que el profesor Adriano Nuvunga, director del Centro para a Democracia e Desenvolvimento, calificó como un crimen de Estado. El ataque, que acabó con la vida del principal asesor legal de Venancio Mondlane, líder de Podemos, tenía un doble objetivo: dificultar la impugnación de los resultados de los comicios ante el Consejo Constitucional y sembrar el miedo ante las movilizaciones sociales convocadas para denunciar el fraude electoral.

Si bien en elecciones anteriores ya se habían registrado asesinatos de líderes de la sociedad civil y figuras políticas locales, este ataque a líderes políticos nacionales de primer nivel representa un salto cualitativo. A esto se suma la violenta represión de las masivas protestas postelectorales, que ya ha causado al menos once muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos, como ha denunciado Human Rights Watch.

Aunque la Unión Europea ha enviado misiones de observación electoral a Mozambique en todos los comicios celebrados desde 1994, sus informes apenas han tenido la más mínima repercusión. Esto recuerda la famosa ironía de Clemenceau: “Si se quiere enterrar un problema, lo mejor es crear una comisión”. Ni la UE ni Estados Unidos han impuesto nunca sanciones económicas o diplomáticas contra las autoridades mozambiqueñas, a pesar de las constantes denuncias de fraude electoral y de la creciente represión sufrida por los opositores al Frelimo. En contraste, sorprende la contundencia de las medidas aplicadas contra Venezuela. Desde 2018, tanto EE UU como la UE no han reconocido los resultados electorales del país sudamericano, han impuesto sanciones económicas a funcionarios y entidades vinculadas a su gobierno, y han apoyado activamente a la oposición, ejerciendo una potente presión diplomática para aislar al régimen de Maduro a nivel global.

Resulta llamativo que lo que se ha criticado con razón en Venezuela —la falta de transparencia en el proceso de tabulación de los resultados, el acceso a los registros de votación y la presentación de las actas, así como la represión de las fuerzas opositoras— y que ha llevado a la imposición de sanciones concretas por parte de los países occidentales, apenas haya provocado, en comparación, más que comunicados de prensa e informes con recomendaciones, de tono muy mesurado, en el caso de Mozambique.

En Mozambique, la explotación de gas natural, su recurso más preciado, se lleva a cabo principalmente por grandes empresas norteamericanas y europeas

Para comprender este doble rasero conviene considerar algunos datos clave. En 2023, aproximadamente el 65% del petróleo venezolano se exportó a China, mientras que EE UU adquirió el 19% del crudo venezolano y los países europeos recibieron apenas el 4%. Sin embargo, en Mozambique, la explotación de gas natural, su recurso más preciado, se lleva a cabo principalmente por grandes empresas norteamericanas y europeas.

Las principales concesiones de gas están en la cuenca de Rovuma, donde se han descubierto más de 180 billones de pies cúbicos de reservas. En esta área, la compañía francesa Total Energies, la italiana Eni y la estadounidense ExxonMobil​ desempeñan un papel preponderante, con el apoyo financiero del Eximbank y de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Estos compromisos financieros representan una de las mayores inversiones del Gobierno de EE.UU. en el continente africano​.

Nuevamente nos encontramos ante un caso muy evidente de realismo político, en el que los beneficios económicos y empresariales de los países occidentales, son los que mandan frente a cualquier otra consideración. La ética, la democracia y los derechos humanos palidecen ante las necesidades de valorización del capital. Cuando los intereses están mejor asegurados con un gobierno corrupto, las críticas al fraude electoral se limitan a una retórica superficial que no va más allá de gestos simbólicos. Sin embargo, en situaciones como la de Venezuela, donde un cambio de régimen podría propiciar pingües ganancias para las empresas occidentales, se movilizan todos los recursos en defensa de la democracia y la libertad.

La existencia de estos dobles estándares no hace sino profundizar en la pérdida de legitimidad y credibilidad del mundo occidental ante el Sur Global. La hipocresía de quien se presenta como principal adalid de la democracia y los derechos humanos en el mundo cuando claramente prioriza sus intereses económicos, empresariales y geoestratégicos, alcanza límites insostenibles. El contraste entre las apelaciones abstractas y huecas a los principios de la Ilustración que profieren habitualmente los líderes occidentales y la realidad de un (des)orden mundial auténticamente injusto y violento es cada vez más clamoroso. Así, la pregunta que surge es: ¿cuánto tiempo más podrá el mundo occidental sostener esta farsa sin que, por el peso de sus propias contradicciones, acabe quedándose solo y desnudo frente al resto del planeta?