Análisis
Starmer vs. Corbyn: de los usos políticos del antisemitismo

Desde que se convirtió en líder del Partido Laborista británico en abril de 2020, Keir Starmer ha marginado de forma exhaustiva la tendencia de izquierda asociada con su predecesor Jeremy Corbyn. En todo momento, Starmer ha descrito sus iniciativas contra la izquierda laborista como un ejercicio de higiene moral para limpiar el partido de antisemitismo. Este fue el argumento que utilizó para justificar el despido del gabinete en la sombra del Partido Laborista de Rebecca Long-Bailey, su principal rival en las elecciones celebradas en 2020 para optar a la dirección del partido. Esta sigue siendo la justificación para privar a Corbyn de su pertenencia al grupo parlamentario laborista en la Cámara de los Comunes.

En la víspera de la conferencia del partido de 2021, Starmer negó categóricamente que estuviera involucrado en una campaña de facciones contra la izquierda laborista: “Las batallas que hemos librado en el Partido Laborista durante los últimos dieciocho meses han versado prácticamente todas sobre el antisemitismo [...] no se puede tener un Partido Laborista unido si hay antisemitismo en su seno”. En enero de 2022, su ministra de Economía y Finanzas en la sombra, Rachel Reeves, declaró al Financial Times que estaba encantada de saber que al menos ciento cincuenta mil personas habían roto sus carnés de afiliación al Partido Laborista desde que Starmer se había convertido en su líder. En opinión de Reeves, era el precio que merecía la pena pagar para borrar la “mancha” del antisemitismo.

Al efectuar estas afirmaciones, Starmer, Reeves y sus aliados se basan en una escabrosa narrativa de los medios de comunicación sobre el periodo durante el cual de Corbyn estuvo al frente del Partido Laborista, que no puede resistir el más mínimo examen crítico. Los puntos clave de la misma son los siguientes: después de que Corbyn se convirtiera en el líder del Partido Laborista, se produjo una repentina y espantosa escalada en los niveles de antisemitismo detectados entre los miembros del mismo, hasta el punto de que tales prejuicios se hicieron omnipresentes. En lugar de intentar combatir esta alarmante tendencia, Corbyn y sus colaboradores la fomentaron deliberadamente, presumiblemente motivados por su propio fanatismo antijudío.

No hay pruebas de que las actitudes antisemitas hayan estado más extendidas durante el mandato de Corbyn que durante el de los anteriores líderes del Partido Laborista

Se convirtió en un lugar común describir a Corbyn como un peligroso agitador antisemita sin parangón en Europa desde 1945. Durante la campaña electoral de 2019, quienes se enfrentaban a él en el partido afirmaron que un gobierno laborista precipitaría la salida en masa de los judíos británicos del país. Al recordar las elecciones un año después, el columnista de The Guardian Rafael Behr sugirió que cualquiera que hiciera campaña por el Partido Laborista en 2019 probablemente habría entregado a sus vecinos judíos a la Gestapo bajo el Tercer Reich. Esa retórica ha sido la norma entre los comentaristas liberales británicos en su intento de racionalizar su hostilidad hacia el proyecto de Corbyn.

En realidad, no hay pruebas de que las actitudes antisemitas hayan estado más extendidas durante el mandato de Corbyn que durante el de los anteriores líderes del Partido Laborista. Tampoco, por lo demás, había pruebas de que tales actitudes estuvieran más extendidas en este partido que en los restantes principales partidos británicos. Lo que cambió después de 2015 fue el grado de escrutinio, con casos marginales y poco representativos presentados en los medios de comunicación nacionales como si fueran típicos de los miembros del Partido Laborista. Como veremos, la narrativa también se basó en la elisión de la simpatía por los palestinos para transmutarla en hostilidad contra los judíos de una manera que políticas estadounidenses como Ilhan Omar y Rashida Tlaib encontrarían agotadoramente familiar.

Antisemitismo de ida y vuelta

Pablo Elorduy

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Racismo

Antisemitismo de ida y vuelta

Pablo Elorduy

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El auge de los discursos de odio en todo el mundo y dos atentados contra sinagogas en 2018 y 2019 han dado la voz de alarma ante el crecimiento del antisemitismo. Pero también se produce un fenómeno contrario: la acusación de antisemitismo y la identificación de las críticas al Estado israelí como críticas al pueblo judío están siendo utilizadas para desacreditar protestas legítimas.

En julio de este año el abogado Martin Forde entregó finalmente el informe sobre la cultura organizativa del Partido Laborista, que Starmer había encargado dos años antes. En él se echaba por tierra uno de los pilares centrales de la acusación lanzada contra Corbyn. Forde abordó las afirmaciones realizadas de forma más destacada en un documental de la BBC emitido en 2019 y presentado por John Ware, “Is Labour Antisemitic?”, en el que se acusaba a la dirección de Corbyn de frustrar sistemáticamente los esfuerzos en pro de la unidad disciplinaria del partido para expulsar a los miembros que tuvieran opiniones antisemitas. Su informe confirmó que esta versión de los hechos era “totalmente engañosa” y, de hecho, contraria a la verdad.

El gabinete de Corbyn sólo intervino en un pequeño número de casos tras una “entusiasta invitación” de los funcionarios del comité disciplinario, que “se negaron a proceder” sin su asesoramiento. De acuerdo con lo declarado por Forde, los villanos del documental de John Ware “respondieron a las peticiones de forma razonable y de buena fe en la mayoría de los casos”. Los críticos de Corbyn presentaron “Is Labour Antisemitic?” como una versión moderna del reportaje de Bob Woodward y Carl Bernstein sobre el escándalo del Watergate. A juzgar por el contenido del informe de Forde, deberíamos imaginarnos a The Washington Post, por el contrario, publicando en su portada una versión no expurgada de la lista de enemigos de Richard Nixon, como si se tratara del trabajo de un valiente denunciante situado en los más altos escalones del gobierno.

Sin embargo, los comentaristas británicos han enterrado las conclusiones del informe, al igual que enterraron todas y cada una de las refutaciones anteriores de una campaña de propaganda que ha establecido nuevos estándares de mendacidad en la vida pública británica, lo cual es consecuencia principalmente del desequilibrio de poder que conforma el campo discursivo en este caso: el Partido Conservador, la derecha del Partido Laborista y sus respectivos aliados mediáticos están decididos a mantener estas ficciones sobre lo que ocurrió durante el liderazgo de Corbyn y el megáfono que poseen colectivamente puede ahogar las voces disidentes. Sin embargo, hay un factor subjetivo que también debemos tener en cuenta, dado que una parte importante de los cuadros dirigentes de la izquierda del Partido Laborista tomó la decisión consciente de no desafiar la falsa narrativa que se construyó gradualmente a partir de 2015.

En lugar de que tal actitud les permitiera desactivar la controversia y pasar a otros temas, como esperaban, este planteamiento no hizo más que animar a sus oponentes a lanzar una oleada tras otra de ataques. El mejor punto de partida para efectuar una evaluación retrospectiva es el verano de 2018, cuando Corbyn y sus aliados se vieron sometidos a intensas críticas por su reticencia a adoptar la definición de antisemitismo acuñada por la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), que incluye una lista de ejemplos, que también debía ser aceptada en su totalidad y sin modificaciones.

Dos de los análisis realizados desde el seno del Partido Laborista y publicados tras la derrota electoral de 2019 –This Land, de Owen Jones, y Left Out, de Gabriel Pogrund y Patrick Maguire– exponen la perspectiva de quienes creen que esta polémica podría haberse evitado fácilmente. En su opinión, la dirección del partido debería haber adoptado el texto completo de la IHRA desde un principio; en su defecto, debería haber cedido en cuanto estalló la polémica en lugar de intentar mantener la línea en torno a una definición alternativa de antisemitismo. Los libros atribuyen este punto de vista a figuras como Andrew Fisher, autor principal del manifiesto del Partido Laborista de 2017, y sobre todo al canciller en la sombra de Corbyn, John McDonnell, mientras que el propio Jones está muy de acuerdo con su pensamiento.

El verdadero pragmatismo exige reconocer cuándo tus oponentes no tienen interés alguno en llegar a un compromiso y comprender que no detendrán su ofensiva con independencia del terreno que cedas

El problema de esta línea de razonamiento es fácil de identificar. En lugar de examinar la controversia de la IHRA en sus propios términos para determinar cuál podría haber sido una respuesta eficaz, el razonamiento parte de la premisa de que debe haber un compromiso disponible al alcance de la mano, siempre y cuando la voluntad de compromiso estuviera presente. Ni que decir tiene que el campo político está plagado de los cadáveres de quienes se mostraban demasiado ansiosos por retroceder cuando arreciaba el fuego. El verdadero pragmatismo exige reconocer cuándo tus oponentes no tienen interés alguno en llegar a un compromiso y comprender que no detendrán su ofensiva con independencia del terreno que cedas.

El liderazgo de Corbyn no tuvo la opción de desactivar la controversia sobre el antisemitismo haciendo concesión alguna a sus críticos en ningún momento del periodo transcurrido entre 2015 y 2019, porque nunca se trato simplemente de un debate empírico sobre la prevalencia del antisemitismo en el Partido Laborista o de las medidas que deberían tomar sus dirigentes en respuesta a la misma. Ese tipo de debate requiere una comprensión compartida de lo que constituye el antisemitismo, que es precisamente lo que faltaba.

Los críticos más estridentes e influyentes de Corbyn, de Marie van der Zyl, presidenta del Board of Deputies of British Jews (BOD), a Stephen Pollard, editor del Jewish Chronicle, se basaron en el concepto de “nuevo antisemitismo” en virtud del cual la forma contemporánea dominante de antisemitismo se expresa a través de las actitudes mantenidas respecto a Israel. La definición de la IHRA se ha convertido en un tótem para quienes quieren imponer este concepto como una ortodoxia rígida. Varios de los ejemplos anexos a la misma vinculan ciertas formas de hablar de Israel con el antisemitismo, siendo la redacción de esos ejemplos lo suficientemente vaga como para que puedan utilizarse —y de hecho se han utilizado— para estigmatizar cualquier tipo de solidaridad consistente con el pueblo palestino.

Si la izquierda del Partido Laborista hubiera aceptado en su totalidad la definición de antisemitismo propuesta por la IHRA desde un primer momento, sus dirigentes simplemente habrían retrasado el ciclo de controversias en lugar de evitarlo. Con la definición en la mano, sus oponentes habrían empezado a buscar declaraciones sobre Israel de destacados activistas de izquierda, desde Corbyn para abajo, y las habrían presentado como violaciones del nuevo código del partido. En lugar de denunciar a la dirección del partido por su negativa a adoptar la definición, la habrían denunciado por no ponerla en práctica.

Para cuando la ejecutiva nacional del Partido Laborista acordó aprobar la definición completa en septiembre de 2018, ya no era necesario peinar las declaraciones pasadas en busca de material supuestamente incriminatorio, porque figuras como la diputada laborista Margaret Hodge ya habían normalizado las afirmaciones más extravagantes y difamatorias sobre Corbyn y su movimiento. Fue Hodge quien abrió las compuertas con una diatriba cuidadosamente planificada y ensayada de antemano contra el líder de su partido en la Cámara de los Comunes, tachándolo explícitamente de antisemita. Stephen Pollard y sus acólitos siguieron con una declaración en la que denunciaban al partido de Corbyn como una “amenaza existencial para la vida judía en Gran Bretaña”, mientras que Marie van der Zyl afirmó que la dirección laborista había “declarado la guerra a los judíos”.

En Left Out, Pogrund y Maguire ponen de manifiesto inadvertidamente lo absurdo de estas afirmaciones, cuando intentan traducirlas al lenguaje de la racionalidad política:

Algunos pensaron que la retórica era exagerada. Para muchos líderes judíos permitir que se caracterice a Israel como un proyecto racista planteaba cuestiones existenciales. Si un gobierno laborista adoptara la misma postura, ¿podrían los organismos judíos con vínculos con Israel perder su condición de organizaciones benéficas? ¿Continuaría el gobierno financiando las organizaciones benéficas de seguridad judías que tuvieran vínculos con la embajada israelí? ¿Podría Gran Bretaña convertirse en un hogar inhóspito para sus judíos, la gran mayoría de los cuales sí apoyan la existencia de Israel?

Este pasaje combina la inexactitud con la falta de lógica. En primer lugar, el Partido Laborista no estaba proponiendo adoptar, como su opinión colectiva, la proposición de que el proyecto de construcción del Estado sionista era una “empresa racista” (una frase que aparece en uno de los ejemplos de la IHRA), sino que se le instaba a adoptar una definición de antisemitismo que virtualmente prohibía a todo afiliado laborista articulara esa opinión, so pena de expulsión del partido. Podemos inferir, pues, que si a un solo miembro palestino del Partido Laborista se le permitiera recordar lo que le ocurrió a su familia durante la Nakba, se desencadenaría una cadena de acontecimientos que podría culminar con la desaparición de las comunidades judías de Gran Bretaña, una idea absurda, por supuesto, pero conveniente para quienes preferirían en realidad no oír hablar de la Nakba en absoluto.

Mapas

73 años después, la Nakba nunca acaba

Irene Graíño Calaza

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Ocupación israelí

Gaza 73 años después, la Nakba nunca acaba

Irene Graíño Calaza

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El pasado sábado se cumplían 73 años de la Nakba entre bombardeos a la población gazatí, entre el terror, los asaltos indiscriminados por parte de los colonos israelíes a la población de Cisjordania y una continuación de todas las metas de plan del sionismo.

En segundo lugar, aunque el Partido Laborista adoptara la conceptualización crítica e históricamente precisa del sionismo expuesta, por ejemplo, por Rashid Khalidi en su libro The Hundred Years' War on Palestine, ello no obligaría a un hipotético gobierno laborista a cortar la totalidad de los lazos existentes con el actual Estado israelí y mucho menos con las organizaciones judías activas en Gran Bretaña. El manifiesto del Partido Laborista de 2019 se comprometió a bloquear la venta de armas “utilizadas en la violación de los derechos humanos de los civiles palestinos”, no a expulsar a los diplomáticos israelíes del Reino Unido. En sí misma, la congelación de la venta de armas de un aliado antes incondicional de Israel como lo era el Reino Unido habría representado una importante fractura en el muro de la complicidad.

Es vertiginosamente inverosímil sugerir que un gobierno que llevara a cabo tal política, que se verificaría en medio de una feroz oposición, quisiera luego provocar una disputa totalmente evitable despojando a la Community Security Trust (CST) de su estatus de organización benéfica reconocida. En cualquier caso, la afirmación de que el Partido Laborista representa una “amenaza existencial” para los judíos británicos conjuraba —y pretendía conjurar— una imagen mucho más alarmante. Margaret Hodge la esbozó explícitamente cuando comparó la reprimenda simbólica que recibió tras el proceso disciplinario abierto por su partido por su diatriba contra Corbyn con la persecución de los judíos en la Alemania nazi.

Pogrund y Maguire tienen que realizar increíbles contorsiones intelectuales para evitar declarar lo obvio: las afirmaciones efectuadas por Hodge, Pollard, van der Zyl y otras figuras públicas durante el verano de 2018 no tenían ninguna base en la realidad y realmente no importa qué combinación precisa de delirio y deshonestidad operara en sus respectivas mentes. No había ninguna medida práctica que la dirección del Partido Laborista pudiera haber tomado para abordar preocupaciones que carecían de cualquier fundamento empírico. El único curso de acción pragmático del que disponía el grupo dirigente de Corbyn era mantenerse firme y exponer los hechos en todas y cada una de las oportunidades que se les presentase. Por encima de todo, debían desafiar la implacable confusión del apoyo a los derechos de los palestinos con la hostilidad a los judíos, quid pro quo que apuntalaba la campaña mediática contra Corbyn y sus aliados.

En lugar de ello, durante dos meses reinó la parálisis pública mientras algunos de los aliados de Corbyn presionaban para que se produjera una retirada inmediatamente. John McDonnell incluso acudió a Sky News la semana siguiente al arrebato de Hodge para afirmar que creía en su sinceridad:

He trabajado con Margaret durante años. Es una buena persona. En ocasiones uno puede ser presa de la ira —yo mismo lo he sido en el pasado— y en definitiva no queda sino aceptar que la gente puede expresarse con mucha vehemencia.

Hodge dejó perfectamente claro que no descansaría hasta que el proyecto de la izquierda del Partido Laborista quedara reducido a un montón de escombros políticos. Sin embargo, McDonnell estaba dispuesto a someter su propia relación personal con Corbyn a una situación de alta tensión —según Jones, así como Pogrund y Maguire, los dos hombres apenas se hablaban en ese momento— en un intento desesperado por apaciguarla. Hodge aceptó con gusto la concesión y siguió como antes. Para cuando terminó el verano de 2018, los oponentes de Corbyn habían establecido un prototipo de funcionamiento que podía ser utilizado una y otra vez y del modo más dañino durante el período previo a las elecciones de 2019.

Cuando Corbyn dimitió, quienes habían querido que capitulara inmediatamente en lo referido a la definición de antisemitismo de la IHRA creyeron que había llegado su oportunidad de empezar desde cero. Rebecca Long-Bailey, la candidata apoyada por Momentum y el Socialist Campaign Group en las elecciones a la secretaría general del Partido Laborista de 2020, firmó inmediatamente una lista de diez compromisos que el Board of Deputies of British Jews había redactado. Estas promesas se reducen a una sola exigencia: que este organismo tenga el derecho exclusivo de determinar lo que constituye antisemitismo, así como lo que constituye una acción eficaz contra él.

En un artículo publicado en Jewish News en el que anunciaba esta medida en enero de 2020, Long-Bailey dirigió el siguiente mensaje a sus propios potenciales partidarios:

Mi consejo a los miembros del Partido Laborista es que nunca está bien responder a las acusaciones de racismo poniéndose a la defensiva. Nadie es inmune al racismo mientras este exista en la sociedad, sean cuales sean sus credenciales pasadas de oposición al mismo. La única respuesta aceptable ante una u otra acusación de prejuicios racistas es el autoexamen, la autocrítica y la superación.

Esta habría sido una declaración extraordinariamente ingenua para cualquier observador en los primeros momentos de la asunción por parte de Corbyn de la dirección del Partido Laborista, pero efectuada apenas unas semanas después de la conclusión de una campaña electoral caracterizada por una estupefaciente mendacidad, durante la cual los partidarios británicos de Narendra Modi añadieron la acusación de “hindufobia” a la de antisemitismo dirigida contra el Partido Laborista, porque sus miembros no apoyaban la violenta represión de Modi en Cachemira, la misma resultaba increíble.

Long-Bailey remató este gesto apareciendo en un acto electoral organizado por el Jewish Labour Movement (JLM) y el Labour Friends of Israel. El JLM había intentado activamente de mermar el voto laborista en las recientes elecciones, habiendo solicitado previamente una investigación sobre el Partido Laborista por parte de la Equality and Human Rights Commission (EHRC) —el organismo público encargado de velar por la igualdad, la no discriminación, la garantía de la diversidad y la defensa de los derechos humanos en la vida pública británica— al hilo de un expediente que estaba plagado de inexactitudes en relación con asuntos de dominio público. El moderador del acto, el locutor Robert Peston, invitó a los candidatos a aceptar que era antisemita describir las circunstancias de la fundación de Israel como “racistas”. Long-Bailey se mostró de acuerdo.

Esta postura deferente hacia los actores políticos que favorecían abiertamente una victoria conservadora en 2019 no le hizo ningún bien a Long-Bailey en su contienda con Keir Starmer, que casi con toda seguridad había perdido antes de que comenzara oficialmente la campaña por el liderazgo del Partido Laborista. Tampoco le sirvió de nada cuando Starmer decidió forzar su salida del gabinete en la sombra por estar demasiado alineada con el sindicato de profesores, dada su función de secretaria de Educación en la sombra. Starmer se agarró a un pretexto cualquiera y adujo la entrevista que Long-Bailey había compartido con la actriz y activista de izquierda Maxine Peake.

Starmer estaba decidido a utilizar acusaciones espurias de antisemitismo contra sus oponentes internos del Partido Laborista en el contexto de la huida generalizada del corbynismo

Peake había visitado recientemente los territorios palestinos ocupados, habiendo establecido una conexión entre lo que había presenciado allí y las protestas en curso en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd. Se refirió a la declaración de una activista por la paz israelí, Neta Golan, que sugería que las fuerzas de seguridad israelíes habían enseñado una técnica de contención específica en el curso de sus sesiones de formación de los departamentos de policía estadounidenses utilizada por el agente que mató a Floyd. Golan había visto la utilización de la misma técnica una y otra vez en Cisjordania. Posteriormente Peake explicó que se trataba de una “presunción no verificada” por su parte y no de un hecho comprobado: desde entonces había descubierto que los agentes de policía estadounidenses ya se arrodillaban sobre el cuello de los detenidos antes de que comenzaran esas sesiones de entrenamiento.

No cabe duda de que los funcionarios de las fuerzas de seguridad israelíes impartían cursos sistemáticamente a las fuerzas policiales estadounidenses en los que enseñaban las lecciones que habían aprendido al ejercer la autoridad absoluta durante más de medio siglo sobre un pueblo oprimido y carente de Estado. La pequeña inexactitud de Golan no restaba importancia a este punto más sustancial sobre la afinidad electiva entre dos formas de racismo de Estado. Sin embargo, Starmer y sus aliados comenzaron inmediatamente a decir a los periodistas que Peake estaba propagando una “teoría de la conspiración antisemita” y utilizaron esta afirmación para justificar el despido de Long-Bailey.

Dos cosas deberían haber quedado claras tras este episodio. En primer lugar, Starmer estaba decidido a utilizar acusaciones espurias de antisemitismo contra sus oponentes internos del Partido Laborista en el contexto de la huida generalizada del corbynismo y de su propio programa en vista de las elecciones convocadas para la dirección del mismo de 2020. En segundo lugar, nadie situado en la izquierda del partido sería inmune a tales acusaciones, porque el concepto de antisemitismo desplegado en la esfera pública británica ya no tenía la más mínima conexión con los prejuicios contra el pueblo judío. Si todo lo demás fallaba, cualquiera situado en la izquierda del Partido Laborista podría ser acusado de «negación del antisemitismo» en caso de cuestionar las invenciones más repugnantes sobre el período comprendido entre 2015 y 2019.

Eso fue precisamente lo que ocurrió, cuando Corbyn efectuó la siguiente declaración tras la publicación del informe de la EHRC en octubre de 2020:

Quien diga que no hay antisemitismo en el Partido Laborista se equivoca. Por supuesto que lo hay, como lo hay en el conjunto de la sociedad, y en ocasiones es expresado por personas que se consideran de izquierda. Los miembros judíos de nuestro partido y la comunidad judía en general tenían razón al esperar que nos ocupáramos de ello y lamento que se haya tardado más de lo debido en lograr ese cambio. Un antisemita ya es demasiado, pero la escala del problema también se exageró sustancialmente por razones políticas por nuestros oponentes dentro y fuera del Partido Laborista, así como por gran parte de los medios de comunicación. Esa combinación perjudicó al pueblo judío y no debe repetirse jamás.

Lo más sorprendente de la declaración de Corbyn fue su moderación. Su observación de que “la escala del problema también se exageró sustancialmente” era lo mínimo que podía decir cualquiera que quisiera tener una discusión racional. En particular, era esencial que la izquierda del Partido Laborista fuera capaz de construir tales argumentos, si quería tener un futuro en el mismo.

Los años de Corbyn al frente del Partido Laborista fueron la primera vez desde 1945 que la tendencia izquierdista ganó el control de su dirección; ni Aneurin Bevan en la década de 1950 ni Tony Benn en la de 1980 fueron capaces de lograrlo. Si Corbyn y sus partidarios hubieran permitido que la narrativa estándar de los medios de comunicación no fuera cuestionada, deberían haber aceptado que el Partido Laborista se hallaba infestado repentinamente de antisemitismo después de 2015, desde su cúspide hasta su base, y que lo estaba con la complicidad entusiasta de sus figuras más notables, así como que las medidas tomadas por un gobierno liderado por Corbyn bien podrían haber impulsado a los judíos británicos a huir masivamente del país.

En el caso de una futura contienda por el liderazgo del partido, cualquier candidato de izquierda vería sin duda como este invento ficticio era arrojado a su cara. Después de todo, si las afirmaciones hechas con tanta vehemencia durante y después de las elecciones generales de 2019 estuvieran sólidamente fundamentadas en los hechos, difícilmente podría confiarse en la izquierda laborista siquiera para administrar un pequeño municipio y, mucho menos, el Estado británico.

Podemos estar seguros de que la totalidad de los diputados laboristas y de los columnistas de The Guardian que respondieron a la declaración de Corbyn con malhumorada rabia creían palmariamente que la narrativa de los medios de comunicación era “sustancialmente exagerada”. Si realmente hubieran pensado que el Partido Laborista bajo la dirección de Corbyn representaba una “amenaza existencial” para los judíos británicos, deberían oponerse implacablemente a Starmer, que había hecho campaña para elegir a Corbyn como primer ministro del país con pleno conocimiento de las funestas advertencias que sus oponentes habían estado lanzando.

La medida de Starmer de suspender a Corbyn del Partido Laborista era totalmente acorde con su habitual modus operandi. Debería haber resultado más sorprendente que algunos de los antiguos partidarios del primero, como el fundador de Momentum Jon Lansman y los periodistas Owen Jones y Rachel Shabi, criticaran explícitamente su declaración, así como que John McDonnell también pudiera haberlo hecho, cuando hizo las siguientes observaciones en una entrevista:

Cuantitativamente, el número de casos de antisemitismo dentro del Partido Laborista puede ser pequeño, pero esa no es la cuestión. Es el dolor [...] no se calculan los números, se calcula el dolor que se inflige.

Estos esfuerzos cada vez más tortuosos para evitar llamar a las cosas por su nombre se inscriben en la lógica de una estrategia que ya ha demostrado ser un fracaso total. Es difícil pensar en otro movimiento político, cuyas voces más notables se hayan mostrado tan ansiosas por asumir la responsabilidad de las falsas percepciones que sus oponentes habían creado contra su grupo dirigente.

Mientras tanto se trabajaba a puerta cerrada para negociar el regreso de Corbyn al partido. Los aliados de Starmer confirmaron tácitamente que el relato de Len McCluskey sobre estos esfuerzos era exacto, cuando emitieron un truculento desmentido.El exsecretario general de Unite describió su propia reacción a la noticia de la suspensión de Corbyn:

Realmente pensé que Starmer había perdido los nervios y había cometido un error; no quería pensar que una medida tan perjudicial había sido premeditada [...] esa noche, en una llamada de Zoom entre las principales figuras de la izquierda, se acordó que antes de movilizar a los afiliados contra la suspensión —y potencialmente dividir el partido— deberíamos evaluar si podía alcanzarse una solución negociada.

El acuerdo alcanzado con la aprobación de Starmer fue que Corbyn no tendría que disculparse por su declaración, sino que emitiría una aclaración, cuya redacción sería acordada, tras lo cual terminaría su suspensión. Cuando llegó, la segunda declaración, que llevaba el sello inconfundible de haber sido redactada por el comité, en realidad enturbió la claridad de lo que Corbyn había dicho anteriormente:

Para ser claros, las preocupaciones sobre el antisemitismo no son ni “exageradas” ni “excesivas”. Lo que quería decir es que la gran mayoría de los miembros del Partido Laborista eran y siguen siendo antirracistas comprometidos y profundamente opuestos al antisemitismo.

Un panel disciplinario laborista devolvió a Corbyn la condición de miembro de pleno derecho del Partido Laborista. Sin embargo, cuando organizaciones como el BOD y el JLM denunciaron esta medida, Starmer incumplió inmediatamente el acuerdo y bloqueó el regreso de su predecesor al grupo parlamentario laborista. La amenaza de Margaret Hodge de dimitir como diputada laborista puede haber sido el factor decisivo para el cambio de opinión de Starmer.

El intento de llegar a una “solución negociada” resultó, pues, un fracaso en sus propios términos. Sólo podría haber tenido un desenlace distinto si Starmer fuera una persona digna de confianza dispuesta a enfrentarse a la tendencia derechista de su partido en aras de mejorar las relaciones con la izquierda del mismo. Nada en su trayectoria hasta ese momento debería haber alentado tales creencias sobre su carácter y su orientación política.

Este experimento fallido de tender la mano a Starmer tuvo un importante coste de oportunidad. Las principales figuras de la izquierda del Partido Laborista no sólo se abstuvieron de “movilizar a los afiliados” contra la suspensión de Corbyn, como explicó McCluskey, sino que también se abstuvieron de hacer oír sus propias voces en la batalla para explicar detalladamente el razonamiento incontrovertible que Corbyn había hecho. Ello habría provocado la incomodidad de Starmer y, lo que es más importante, habría puesto algunos de los hechos básicos a la vista de la opinión pública.

Oliendo sangre, Starmer y sus aliados se han propuesto borrar lo que queda de la izquierda del Partido Laborista, apuntando a los diputados de izquierda para que no vuelvan a ser seleccionados como candidatos en las próximas elecciones generales

En el período inmediatamente posterior a la suspensión de Corbyn, la EHRC esparcía como confeti las pruebas de su burda parcialidad política. Un antiguo comisionado, Ian Acheson, incluso se jactó en The Spectator de que su investigación sobre el Partido Laborista era el resultado de un esfuerzo sostenido para alinear la EHRC con la agenda del Partido Conservador a través de nombramientos cuidadosamente dirigidos. Esos nombramientos también ayudaban a explicar por qué la EHRC se había negado categóricamente a investigar el racismo de los conservadores, a pesar de la gran cantidad de pruebas que le presentaron quienes solicitaron tal investigación.

El banal informe de la EHRC sólo pudo determinar que el Partido Laborista había incurrido en «acoso ilegal», inventando una norma que determinaba los límites del discurso legítimo sobre Israel y aplicarla retrospectivamente. Los medios de comunicación británicos ignoraron cuidadosamente los errores presentes en la lógica del informe, al igual que ignoraron la ausencia de referencia alguna al supuestamente canónico documental de la BBC sobre la cultura interna del Partido Laborista. Sin embargo, la izquierda del Partido Laborista no impugnó públicamente la autoridad de la EHRC.

Por el contrario, Stonewall, el grupo de defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+, salió al paso en febrero de 2022, cuando se encontró en la línea de fuego de la EHRC:

El gobierno participa en el nombramiento de los comisionados de la EHRC, los ministros realizan evaluaciones anuales con el presidente de la misma, el gobierno controla su financiación y este organismo no tiene una relación independiente con el parlamento. El riesgo que esto genera —que la EHRC no actúe para promover y proteger los derechos de todos los ciudadanos, sino que se deje llevar por los caprichos personales y la política del momento— se ha convertido en una realidad.

No podemos saber si una estrategia alternativa basada en la confrontación y no en el compromiso habría conseguido la readmisión de Corbyn en el Partido Laborista. El liderazgo de Starmer cayó en picado después de su iniciativa contra Corbyn. Los laboristas quedaron por detrás de los tories en las encuestas de opinión durante gran parte de 2021 y perdieron una elección parcial de alto perfil en Hartlepool. Otra contienda parlamentaria en Batley and Spen habría sido casi con toda seguridad fatal para el liderazgo de Starmer, si unos cuantos cientos de votantes laboristas hubieran decidido quedarse en casa. Es posible que no hubiera podido hacer frente a otra conflagración durante el mismo periodo.

En cualquier caso, el resultado no podría haber sido peor para la izquierda del Partido Laborista de lo que fue. Starmer no pagó ningún precio por faltar a su palabra, ya que el Socialist Campaing Group no adoptó un planteamiento más combativo después de que él se comportara como lo hizo. Starmer no tenía ninguna razón para cambiar de dirección, cuando se enfrentaba a esta rutina de policía bueno/policía bueno.

El hundimiento autoinfligido de los conservadores en 2021-2022 dio un nuevo impulso a su liderazgo, aunque este siga siendo tan poco imaginativo y tan poco inspirador como siempre. Oliendo sangre, Starmer y sus aliados se han propuesto borrar lo que queda de la izquierda del Partido Laborista, apuntando a los diputados de izquierda para que no vuelvan a ser seleccionados como candidatos en las próximas elecciones generales. En el caso de la diputada del este de Londres, Apsana Begum, esto ha implicado el uso de violencia doméstica como arma por parte de sus enemigos de facción.

Al mismo tiempo que intenta excluir a los diputados socialistas del partido, Starmer ha dado la bienvenida a desertores conservadores como Christian Wakeford. Wakeford fue un entusiasta defensor de la legislación xenófoba que Boris Johnson y su ministra de Interior, Priti Patel, promulgaron en 2021. Habiendo sido elegido en 2019 con una escasa mayoría en un escaño que anteriormente estaba en manos del Partido Laborista, Wakeford se hallaba peligrosamente expuesto en caso de que se produjera un giro hacia los laboristas por lo que decidió abandonar el barco antes de tener que caminar por la plancha.

Ello no impidió que el presidente del JLM, Mike Katz, presentara la deserción de Wakeford como una “elección positiva” inspirada por “la integridad y el liderazgo de Starmer, sobre todo en lo que se refiere a la cuestión de la lucha contra el antisemitismo”. Katz destacó el hecho de que Wakeford había sido “activo en los Conservative Friends of Israel” como una señal tranquilizadora. Con hombres como Wakeford a bordo, nos informaba Katz, el Partido Laborista había dado los primeros pasos hacia “un viaje de vuelta a la respetabilidad política, situación en la que los judíos se preguntarán si Starmer tiene las políticas adecuadas, no si es racista”.

Difícilmente podría aducirse un mejor ejemplo de la forma en que la facción dominante de la derecha del Partido Laborista ha desplegado cínicamente la cuestión del antisemitismo como cobertura para su propia agenda política. Katz es sin duda muy consciente de que los miembros de otras minorías étnicas se han preguntado en repetidas ocasiones si Starmer y sus asociados los ven como iguales. El informe de Martin Forde identificó una cultura omnipresente de racismo e islamofobia dentro del Partido Laborista, y los diputados laboristas negros se enfurecieron cuando Starmer dejó de lado despectivamente esa conclusión. Para Katz y sus compañeros de reflexión ello es irrelevante y ciertamente no tiene ninguna relación con la cuestión de la “respetabilidad política”.

El principal objetivo de esta campaña de propaganda no ha sido desalentar los prejuicios contra los judíos, ni siquiera proteger a Israel del análisis de sus políticas. Ha sido crear un Partido Laborista que sea un entorno hostil para socialistas como Jeremy Corbyn y Apsana Begum, y un hogar acogedor para derechistas como Christian Wakeford. La izquierda laborista estaría hoy en una posición más fuerte, si sus líderes hubieran reconocido esto hace mucho tiempo. Independientemente de que pueda recuperarse o no de su actual posición de derrota y desorientación, hay importantes lecciones que aprender de la secuencia de acontecimientos que han llevado a este punto.