Opinión
Vender pisos con gente dentro

Los fondos de inversión venden a precio rebajado aquellas viviendas que aún tienen familias dentro, apelando a otros fondos y pequeños inversores, pero también a sectores de clase trabajadora que buscan asegurarse una vivienda en propiedad. Este negocio promocionado por fondos como Coliseum genera un crudo enfrentamiento: familias que temen quedarse fuera del mercado de vivienda terminan desahuciando a aquellas que ya quedaron fuera.

Este artículo se basa en una investigación colectiva realizada por compañeras del Sindicat de Vivenda de Carolines, a partir de entrevistas con familias afectadas por el fondo Promontoria Coliseum Real Estate S.L. (Coliseum). Esta es la historia de cómo un fondo buitre intenta blanquear cientos de desahucios en la ciudad de Alicante, y de cómo estamos resistiendo.

Resistir a la especulación de un fondo buitre

En los últimos dos años, al menos 26 familias han llegado a nuestro sindicato amenazadas de desahucio por Coliseum. Muchas de ellas se han quedado para organizarse y defender colectivamente su derecho a una vivienda digna. No se trata de casos aislados, sino de un patrón sistemático de expulsión de familias de clase trabajadora, que son sustituidas por otras con mayor poder adquisitivo, mientras fondos de inversión milmillonarios se enriquecen gracias a viviendas financiadas con dinero público.

Coliseum forma parte del complejo entramado empresarial del fondo estadounidense Cerberus Capital Management, a través de una estructura opaca con sede en los Países Bajos, diseñada para eludir impuestos y responsabilidades legales. Fue creada en 2018 tras un acuerdo entre Cerberus y el Banco Sabadell, por el cual el banco traspasaba al fondo una gran parte de su cartera de inmuebles adjudicados tras ejecuciones hipotecarias. Es decir, en muchos casos eran inmuebles habitados por familias que no pudieron pagar la hipoteca durante la crisis.

Muchas de estas familias habían recurrido a la dación en pago y habían firmado contratos de alquiler social con el Sabadell, pasando de ser propietarias a inquilinas en la misma vivienda. Aunque tenían  opción a compra, el banco traspasó sus viviendas a Coliseum

Muchas de estas familias habían recurrido a la dación en pago y habían firmado contratos de alquiler social con el Sabadell, pasando de ser propietarias a inquilinas en la misma vivienda. Aún cuando estos contratos incluían opción a compra y estaban vigentes, el banco traspasó las viviendas a Coliseum. Desde el primer momento el fondo se negó a renovar los contratos; sin embargo, gracias al Sindicat, muchas familias consiguieron prórrogas. Desgraciadamente, a día de hoy todas han expirado.

Estas casas deberían ser para quienes las habitan. Primero, porque todo el mundo necesita un hogar para vivir con salud y dignidad. Segundo, porque esas casas ya las hemos pagado. No solo con años de hipoteca o alquiler: también con dinero público. La mayoría de viviendas transferidas a Coliseum provenían de la CAM, absorbida por el Sabadell tras la crisis de 2008. Recordemos que el rescate de la CAM tuvo un coste público de más de 12 millones de euros. Aunque se utilizó nuestro dinero para cubrir las pérdidas de los bancos, ellos se quedaron con nuestras casas.

10 de las 26 viviendas depredadas por Coliseum en Alicante fueron construidas con dinero público: se trata de antiguas viviendas de protección oficial que fueron descalificadas

Retrocediendo en el tiempo, descubrimos que muchas de esas viviendas también fueron construidas con dinero público: se trata de antiguas viviendas de protección oficial que fueron descalificadas. De momento sabemos que al menos 10 de las 26 viviendas que ha atendido el Sindicat de Vivenda de Carolines y han sido depredadas por Coliseum eran de protección oficial.

Pero ni el esfuerzo económico de las familias ni el dinero público invertido importan. El Sabadell pudo hacer negocio a costa de su precariedad y sufrimiento, y ahora ha llegado el turno de Coliseum: a medida que se han acabado los contratos, los pisos se han puesto a la venta a través de Solvia.

El negocio de vender las casas de quiénes no pudieron hacer frente a la hipoteca

Solvia nació como la inmobiliaria del Sabadell, pero actualmente pertenece al fondo sueco Intrum. Se especializa en la venta de “activos problemáticos”, como viviendas habitadas, actuando como comercializadora de diversas empresas del entramado Cerberus. Solvia colabora activamente en los desahucios, ya que los pisos vacíos se pueden vender más caros. Para ello utiliza diversas tácticas de acoso, engaño y coacción, de forma directa o a través de otras firmas como Wallner Group.

De las 26 viviendas analizadas por el Sindicat, 12 ya han sido vendidas, volviendo a cambiar de propietario mientras una familia vive dentro. La mayoría las han comprado particulares, entre los cuales encontramos dos perfiles diferentes: por un lado, pequeños inversores interesados en vaciar la vivienda para revenderla o para destinarla al alquiler turístico. Por otro lado, familias que quieren darle a la vivienda un uso residencial. Muchos de los compradores recurren a empresas de desokupación, buscando un desalojo rápido por medios extrajudiciales: de los 12 hogares vendidos, al menos cinco han recibido visitas intimidatorias de cuadrillas filofascistas.

Habiendo casi 16.000 viviendas vacías en la ciudad de Alicante, ¿por qué se está normalizando la compra de vivienda habitada, acompañada del desalojo extrajudicial violento, como forma de acceder a una vivienda? ¿Es porque no existen alternativas asequibles? ¿Es porque fondos e inmobiliarias ocultan la realidad y se aprovechan de la desesperación de la gente? Desde luego, ellos salen ganando: se quedan con el dinero y se lavan las manos, ya no son ellos quienes echan a familias a la calle, sino personas físicas con mayor legitimidad social y facilidades legales para ejecutar un desahucio.

Hasta la fecha se han ejecutado tres desahucios, uno por Coliseum y dos por particulares. La parte positiva es que 23 hogares aún resisten. Hablamos de hogares muy diversos, más de la mitad compuestos por personas mayores, varias conviviendo con sus hijos y nietos. Al menos nueve personas presentan algún tipo de discapacidad o enfermedad crónica, de las cuales tres son menores de edad. Al menos siete de las afectadas tienen prescripción médica por cuadros de ansiedad o depresión vinculados directamente a su situación de vivienda. En el Sindicat vemos cada día cómo la inseguridad habitacional destruye la salud mental y física, generando un círculo vicioso de precariedad.

En el contexto actual del mercado inmobiliario en Alicante, encontrar una alternativa habitacional es casi imposible: precios desorbitados, requisitos de acceso excluyentes y contratos de alquiler inestables. Muchas de las personas afectadas, aun teniendo ingresos, no consiguen acceder a ninguna alternativa digna.

Las pocas familias que pueden permitírselo han intentado recomprar su vivienda, asumiendo un enorme esfuerzo económico para volver a pagar –esta vez al fondo buitre- la vivienda que ya fue suya. Desde el Sindicat acompañamos estos procesos; de hecho, hemos cerrado cinco compras y estamos negociando otras dos. Pero todo son obstáculos, como si Solvia y Coliseum no quisieran vender a quienes ya viven en los pisos. Muchas familias recibían mensajes exigiendo la entrega inmediata de llaves; pero, si respondían mostrando interés en comprar, se cortaba la comunicación.

Cuando conseguíamos presentar una oferta y era rechazada, ni siquiera nos informaban. Y cuando la aceptaban, imponían contratos de arras abusivos, con plazos ridículamente cortos y cláusulas que obligan al comprador a presentar cualquier documentación que se le exija, a riesgo de perder las arras –para señalar, en el último momento y con ambigüedades, que la documentación está incompleta. Sobra decir que, cuando es Solvia quien incumple el contrato, tampoco devuelve el dinero. Basta con consultar sus reseñas para ver que Solvia estafa sistemáticamente con las arras.

Incluso cuando se ha conseguido firmar la compraventa, las escrituras incluyen una cláusula delirante por la cual Coliseum se reserva el derecho a reclamar “rentas debidas” por el periodo en que ellos mismos bloquearon el cobro de alquileres, al negarse a renovar los contratos. Reservándose el “derecho” de seguir acosando a estas familias para ver hasta dónde las pueden exprimir.

Propuestas para que prevalezca el derecho a la vivienda

Por todo lo anterior, desde el Sindicat de Barri de Carolines llevamos años exigiendo el archivo de todos los procedimientos de desahucio promovidos por Coliseum y la retirada inmediata del mercado de todas las viviendas habitadas. Estas casas nos corresponden y no deberíamos pagar ni un solo céntimo más por ellas. Pero, con tal de conservar nuestro techo, ponemos diferentes soluciones sobre la mesa, como que Coliseum firme con las familias habitantes nuevos contratos de alquiler social de duración indefinida.

Otra propuesta: que Coliseum venda las viviendas a las familias habitantes a precio simbólico, en función de sus posibilidades. Las familias podrían adquirirlas de forma individual o bien a través de una cooperativa de vivienda. En cualquier caso, el precio de adquisición debería estar por debajo del de mercado.

Por último, otra opción aceptable sería que las viviendas pasen a ser de titularidad pública; bien mediante la expropiación, bien mediante la compra, aprovechando que la Generalitat Valenciana tiene el derecho de adquisición preferente sobre las antiguas viviendas de protección oficial. Así, las familias podrían permanecer en sus hogares en régimen de alquiler social.

Los poderes públicos han sido cómplices en esta desgraciada historia: viviendas financiadas con dinero público han pasado por las manos del Sabadell, de Cerberus y de particulares, que compran pisos habitados por familias de clase trabajadora y envían matones a la puerta. Esta violencia inmobiliaria está dividiendo a la sociedad y desgarrando profundamente nuestros barrios. Mientras los fondos multiplican beneficios, las familias lo pierden todo: su dinero, su salud y su hogar. Mientras los fondos especulan, los vecinos nos miramos con recelo, como si el culpable estuviera entre nosotros. Pero como hemos expuesto, hay soluciones. Y mientras nos queden fuerzas, vamos a seguir luchando por ellas.