Estudiar en la pública, vivir en el barrio: por qué la huelga del 11N también va de educación en Andalucía

Los colectivos educativos andaluces siguen su hoja de ruta para el próximo 11 de noviembre con una huelga educativa, la financiación del Gobierno andaluz destinada a la enseñanza privada concertada alcanza los 1.183,35 millones de euros para 2027.
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Concentración por la educación pública en Andalucía frente al Parlamento andaluz. Mauri Buhigas

El pasado julio decenas de organizaciones en defensa de la educación pública andaluza decidieron que el 11 de noviembre comenzarán una huelga educativa. Nada hacía pensar, que meses después la fecha no solo fuera una convocatoria a parar para el sector educativo sino para todas las trabajadoras y trabajadores del Estado español.

A pesar del cambio la Asamblea Andaluza por la Educación Pública sigue con una hoja de ruta propia que le llevará a convocar un bloque verde en la huelga general del próximo miércoles, así como piquetes y señalamientos a la privatización de la educación. 

Además desde las organizaciones que componen esta asamblea sostienen que tanto el estado de la vivienda como el de la educación pública son dos cuestiones que afectan profundamente a la sociedad andaluza. 

400.000 familias se encuentran en situación de pobreza tras pagar el alquiler según el último informe Foessa. Una cuestión que impacta de forma directa en la educación del alumnado andaluz.

En Andalucía el 24% de los hogares sufren inseguridad habitacional y más de 400.000 familias se encuentran en situación de pobreza tras pagar el alquiler según el último informe Foessa. Una cuestión que impacta de forma directa en la educación del alumnado andaluz.

Por otro lado según expone el sindicato educativo Ustea el profesorado andaluz, como parte de la clase trabajadora también se ve atravesado por la situación de la vivienda, especialmente por los precios del alquiler en los lugares donde se encuentra su centro educativo:  “No puede existir una educación pública de calidad si quienes trabajan en ella no pueden acceder a una vivienda digna cerca de sus centros de trabajo”.

1.183 millones de euros para la concertada en 2027

La convocatoria también coincide con la aprobación de los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año en el que el Gobierno de Moreno Bonilla, ahora junto a Vox, ha vuelto a incrementar el presupuesto destinado a conciertos educativos, un 7,48% con respecto al año pasado.

La financiación del Gobierno andaluz destinará a la enseñanza privada concertada alcanza los 1.183,35 millones de euros para 2027

La financiación del Gobierno andaluz destinará a la enseñanza privada concertada alcanza los 1.183,35 millones de euros para 2027. En los presupuestos de 2024 la partida era 120,35 millones de euros menor. Entre los centros que figuran en las resoluciones publicadas para este periodo, 2026-2027, gran parte corresponden a instituciones de carácter religioso como La Salle o Don Bosco. De los 42 centros educativos, 29, es decir el 69%, tienen una nomenclatura o carácter cristiano.

Este aumento de inversión, como exponen desde el sindicato educativo Ustea, se une a la eliminación de 2.753 aulas en la educación pública desde 2019. Además Ustea sostienen a través de datos recolectados en distintos centros educativos y del resto del Estado que Andalucía se encuentra entre las ratios más altas en todos los niveles educativos teniendo en torno a 22 niñas y niños en infantil por aula, 25 en primaria, 30 alumnas y alumnos en la ESO y hasta 35 en bachillerato. 

“El descenso de la natalidad debe aprovecharse para bajar las ratios y mejorar la calidad de la enseñanza, no para cerrar aulas públicas y aumentar los conciertos educativos con empresas privadas”, exponen desde Cgt educación Andalucía.

La profunda crisis en la universidad y en la educación especial

Las nueve universidades públicas de Andalucía llevan más de dos años denunciando la grave crisis económica que están atravesando. En distintas ocasiones los rectores de estas instituciones han exigido a la Junta el pago del déficit presupuestario para poder darle la vuelta a una situación que consideran insostenible.

Según las Universidades Públicas de Andalucía “a las universidades se les debe aportar una financiación adicional de, al menos, 38 millones de euros” destinados al pago de las nóminas de sus trabajadores

La publicación de los presupuestos andaluces para 2027 lejos de calmar las aguas las ha vuelto a avivar. Según las Universidades Públicas de Andalucía “a las universidades se les debe aportar una financiación adicional de, al menos, 38 millones de euros” destinados al pago de las nóminas de sus trabajadores y para que se “cumpla el modelo” de financiación establecido.

El colectivo que engloba a las nueve instituciones educativas exponen que hay que “corregir de inmediato” la “infrafinanciación estructural” a riesgo de que se produzcan “consecuencias enormemente injustas e inasumibles para el personal y los estudiantes algo de todo incomprensible en el momento de bonanza económica de Andalucía”.

Desde la formación Por Andalucía exponen que estos presupuestos continúan con la estrategia de Moreno Bonilla de poner “la alfombra roja a las universidades privadas mientras ahoga a las públicas”. Las universidades andaluzas cerraron 2025 con un déficit de 44 millones de euros. Aunque la organización de las rectoras y rectores andaluzas habla sobre futuras consecuencias, la realidad es que en universidades como la de Sevilla o Málaga el déficit ya es algo que define su día a día. 

En la Universidad de Sevilla como denuncian desde USxlaPública se ha reducido un 20% el presupuesto en investigación. Desde este colectivo denuncian la “docilidad que está siguiendo nuestro rectorado que es estéril para frenar la privatización”. Como exponía una profesora de esta universidad a El Salto el pasado septiembre: “Hay departamentos que se han quedado prácticamente a cero, no hay dinero ni para fotocopias”. En Málaga la organización UMA por la Pública lleva desde el primer día de septiembre denunciando diversos recortes “el presupuesto para material de laboratorio reducidos a la mitad en Biología, Bioquímica y Ambientales, junto a la cancelación de salidas de campo y visitas técnicas por falta de fondos para transporte”.

La situación con respecto a  de la educación especial en Andalucía ha sido definido por familias y colectivos educativos como de “extrema gravedad”. Este curso será especialmente difícil para la Formación Profesional destinada al alumnado con NEAE, varios institutos de toda Andalucía han señalado el cierre de distintos ciclos. Unas eliminaciones que afectarían a varias decenas de alumnos.

Tan solo en la provincia de Málaga se han cerrado seis ciclos de esta FP, en los IES Salvador Rueda, La Rosaleda, Ciudad de Melilla, Costa del Sol y Ciudad de Coín. En los que más de 40 alumnas y alumnos se han quedado sin esta opción académica. 

Los colectivos llevan años denunciando unas ratios totalmente insuficientes de PTIS y AL para acompañar al alumnado en su día a día.

Las reivindicaciones del bloque verde

Profesorado, alumnado y familias saldrán el próximo 11 de noviembre, además de contra el negocio de la vivienda para denunciar la grave situación material que atraviesan todos los niveles educativos en el sistema público. 

Entre sus reivindicaciones centradas en “fortalecer la educación pública y garantizar la igualdad de oportunidades” se encuentran reclamaciones como: la reducción de las ratios en todas las etapas educativas, el incremento de las plantillas docentes y de los recursos destinados a los centros, además del refuerzo a la atención a la diversidad.

También la Asamblea andaluza de educación pública hace hincapié en el fin de los recortes, la mejora de las infraestructuras y el aumento de la inversión pública en detrimento de las opciones privadas.

En las ocho provincias andaluzas el bloque verde participará en la huelga general con sus propias acciones de protesta y formando parte de las manifestaciones unitarias en la tarde del 11 de noviembre. Una jornada que pondrá en el centro que los techos y las pizarras son un derecho para toda la sociedad.

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