Educación pública
El complicado inicio de curso de la educación especial en Andalucía: “La situación es de extrema gravedad"

El final del curso pasado tuvo como gran protagonista a las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) que se manifestaron en las ocho provincias andaluzas durante abril y mayo. Miles de personas salieron en diversos territorios para exigir una educación a la diversidad “real” bajo el lema de “menos discursos y más recursos”.

Según los datos de la Junta de Andalucía, 174.400 alumnos y alumnas tienen alguna NEAE, lo que supone el 13% del alumnado en los centros públicos, de ellos 89.7000 tienen Necesidades Educativas Especiales. Familias y diversos colectivos educativos señalan que los recursos no están sabiendo cubrir la demanda y señalan a la Junta de Andalucía, “La situación ahora mismo para el alumnado con necesidades educativas especiales es de extrema gravedad”, sostiene una representante del colectivo de las familias NEAE.

Los datos chocan con los hechos

Ante las críticas de las comunidades educativas la Junta de Andalucía saca pecho con sus inversiones en la materia. Según los datos ofrecidos por la Consejería de Educación a El Salto Andalucía el presupuesto andaluz para atención a la diversidad son 636 millones de euros, lo que según exponen, una inversión de 7.504 euros por alumno, un incremento del 31% en los últimos siete años.

“Cuando me dicen que hay más dinero, yo pregunto: ¿Dónde está ese recurso cuando mi hijo entra en un aula y necesita ayuda?” , expone María Eugenia Palominos, presidenta de la organización Madres Inclusivas en Defensa de la Equidad

Sin embargo, desde las organizaciones se preguntan a donde van esas inversiones si el día a día difiere de lo que marcan las hojas de Excel. “Cuando me dicen que hay más dinero, yo pregunto: ¿Dónde está ese recurso cuando mi hijo entra en un aula y necesita ayuda?” , expone María Eugenia Palominos, presidenta de la organización Madres Inclusivas en Defensa de la Equidad.

Esta madre profundiza sobre la cuestión: “Y la pregunta que hay que hacerle a la Sra. consejera es la siguiente: Si la atención a la diversidad ha mejorado ¿por qué las familias seguimos encontrando centros donde los recursos reconocidos en los dictámenes y evaluaciones no se materializan, PT y AL son compartidos entre varios centros, los PTIS son insuficientes, las ratios dificultan la atención individualizada y se producen situaciones de exclusión y expulsión de alumnado con necesidades educativas especiales?”.

“Las familias están hartas de reclamar y la Junta de Andalucía responde con silencio administrativo, denuncian por ejemplo que el alumnado que tiene derecho a tener un PT (Pedagogía Terapeutica) lo tiene 20 minutos a la semana o incluso cada dos semanas y eso no puede funcionar como atención”, señalan desde el colectivo de familiares NEAE.

También es el caso del personal de apoyo en Audición y Lenguaje, “Los AL están totalmente desbordados, llevan muchísimos centros como te digo y tienen censos muy altos. El año pasado que estuvimos recogiendo información pues se llegaba a dar casos de 50 a 60 alumnos y en algunos incluso más para una persona. Entonces no se le da una atención adecuada a los niños”, expone Rocío Jiménez, del sindicato educativo Ustea.

Desde esta organización sindical también ponen en duda la grandilocuencia de los datos de inversiones del Gobierno andaluz, “el aumento de recursos no ha sido de forma equitativa con respecto al aumento del alumnado NEAE, y se debe en parte por Fondos europeos y ministeriales que tienen fechas limite”. sostiene Jiménez.

Desde las organizaciones de familias NEAE insisten en que “en estos seis años se han perdido la mitad de las plazas de profesorado dedicado a la atención a la diversidad, nunca te dicen donde concretamente se invierte ese dinero del que hablan”. Desde la asociación MIDE exigen además mayor transparencia al Gobierno de la Junta y qué se muestren los datos de cada centro para saber el estado real de la atención a la diversidad. A raíz de la denuncia de la asociación MIDE, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo inició en abril una investigación sobre el uso de los fondos europeos destinados a educación inclusiva en Andalucía.

Cierres, déficit de recursos y faltas de atención

Este curso será especialmente difícil para la Formación Profesional destinada al alumnado con NEAE, varios institutos de toda Andalucía han señalado el cierre de distintos ciclos. Unas eliminaciones que afectarían a varias decenas de alumnos.

Tan solo en la provincia de Málaga se han cerrado seis ciclos de esta FP, en los IES Salvador Rueda, La Rosaleda, Ciudad de Melilla, Costa del Sol y Ciudad de Coín. En el que más de 40 alumnas y alumnas se han quedado sin esta opción académica.

“Suprimir la FP especifica implica condenar a muchos jóvenes a quedar fuera del sistema educativo y, posteriormente, privados de cualquier oportunidad de integración social y laboral”, denuncian desde CGT Andalucía Educación.

En Sevilla decenas de vecinos, padres y profesores del IES Julio Verne en Pino Montano salieron a la calle en junio para denunciar la eliminación de este ciclo en el centro, afectando a ocho alumnos. Casos similares como el de IES Rafael Alberti en Cádiz o el IES Algazul en Roquetas de Mar (Almería) donde se ha perdido la FP para 20 alumnos.

“Suprimir estos ciclos implica condenar a muchos de estos jóvenes a quedar fuera del sistema educativo y, posteriormente, privados de cualquier oportunidad de integración social y laboral”, denuncian desde CGT Andalucía Educación.

El pasado septiembre la Junta de Andalucía acordaba la eliminación progresiva de los “maestros sombra” para 2027. Una figura no reconocida por la institución pero que sirve de apoyo diario al alumnado NEAE, el Gobierno andaluz no ha confeccionado ninguna norma para reemplazarlos por otra figura. Durante las movilizaciones del pasado abril la Plataforma Neurodiverso expuso que en Málaga más de 400 menores se quedarán este curso sin asistente en aula. Una realidad que es común al resto de provincias.

En el Informe Anual 2025 del Defensor del Pueblo Andaluz el organismo exponía que los datos generales de la Junta de Andalucía “no consigue diluir la intensa y extensa expresión de quejas recibidas” sobre la atención a la diversidad. Por poner uno de los ejemplos más recientes recibidos por la institución está el caso de la Queja 257/12265 en el que se expone como un alumno había dejado de recibir “el apoyo al que tenía derecho porque el centro contaba con un solo profesional”.

PTIS, precariedad y privatización

Una figura esencial para entender la atención a la diversidad en la educación son las PTIS el Personal Técnico de Integración Social, un sector expuesto a la precariedad, la falta de reconocimientos y las privatizaciones. “Somos la última mierda del sistema educativo, no tenemos derechos”, así de clara es una de las representantes sindicales de las PTIS en el sindicato de CGT.

Estas trabajadoras sostienen una carga de trabajo basada en unas ratios muy elevadas por persona y la ejecución de labores que no forman parte de su puesto. “Cada vez nos exigen más cosas, llevo doce años en el sector y es exponencial, te enfrentas solas a cosas cuando la prevención de riegos laborales dice que debería haber dos PTIS”, prosigue.

Según los datos extraídos del BOJA el 64,7% de las PTIS trabajan para empresas privadas externalizadas por la Junta.

El Defensor del Pueblo Andaluz expuso en su informe de 2025 decenas de quejas sobre la insuficiencia del número de PTIS en los centros y la falta de las mismas en casos específicos. “El sector es inaguantable, solo pedimos que se cumpla la prevención de riesgos laborales y que se asigne una ratio”, sentencia. Estas trabajadoras son de los colectivos educativos que más han salido a la calle durante este 2026 y en 2025. Según los datos de CCOO más de 2.000 PTIS soportan además de una “inestabilidad crónica” que deteriora “la calidad del servicio y vulnera el derecho a una educación inclusiva”.

Unas condiciones aún más extrema en aquellas trabajadoras contratadas por empresas privadas. Según los datos extraídos del BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) el 64,7% de las PTIS con conciertos privados de la Junta con compañías como Al-Alba, Externa o Clece. En mayo las trabajadoras de esta primera compañía convocaban una jornada de huelga en Granada para señalar su precariedad. Las PTIS malagueñas también han realizado diversas jornadas de huelga para señalar a la compañía Externa por recibir “sueldos de miseria” y piden una gestión directa y subrogación del 100% del servicio.

Con el horizonte puesto en la huelga general educativa que tendrá lugar en Andalucía el próximo 11 de noviembre, los colectivos por la educación especial auguran unos meses calientes para poner en el foco sus reivindicaciones.