Andalucía
La ley de vivienda de Andalucía que persigue la okupación e impulsa el ladrillo ya está en vigor

El sábado 24 de enero se producía la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía aprobada el pasado mes de diciembre. Una ley que es la propuesta de la Junta de Andalucía para “solucionar” el problema de la vivienda. La norma, que busca canalizar los enfrentamientos con la ley de vivienda Estatal, parte del análisis del Gobierno andaluz que sitúa la causa de la crisis habitacional en la construcción: “No se construyen las suficientes viviendas desde hace muchos años, así que encarece la que ya hay y la hace prácticamente inaccesible”, ha expuesto el propio Moreno Bonilla.

Una idea base denunciada por expertos y organizaciones por el derecho a la vivienda como errónea y que, sin embargo, vertebra toda la legislación que se centra en el impulso al ladrillo y la persecución de la ocupación y pasa de largo de medidas como el tope a los precios de alquiler. “Las causas que explican esos problemas son totalmente falsas y las soluciones que propone, no solo no combaten los problemas, sino que los agravan y además aparecen otros”, explicaba a El Salto la antropóloga y miembro de Stop Desahucios Granada Ariana S. Cota.

Según el Índice Inmobiliario Fotocasa, el precio de las viviendas se ha elevado en Andalucía un 20%. Según este mismo índice, alquilar una habitación es un 40% más caro que hace un año. En el primer trimestre de 2025, Andalucía registró 1.125 desahucios, encabezando el número de estas ejecuciones en el Estado. Según el Centra, la segunda preocupación de las andaluzas y andaluces es la vivienda

Beneficios a promotoras y propietarios

Uno de los puntos más impulsados por la Junta es el fomento de la “colaboración público-privada”, un clásico en todas las políticas emprendidas por el Ejecutivo. Esta colaboración busca “seguir promoviendo un parque de viviendas, así como fórmulas de colaboración en la gestión para conflictos específicos”.

Este impulso se materializa a través de la puesta en marcha de “convenios para la construcción, incentivos al promotor y modelos concesionales o derecho de superficie”. La ley también apunta a la posibilidad de que el suelo de propiedad pública pueda ser utilizado para la promoción inmobiliaria “cabe la colaboración público-privada para la promoción de vivienda en venta, mediante ofrecimiento de suelo público”.

La regulación también establece la puesta en marcha de “áreas prioritarias” donde se encuentre una mayor concentración de dificultad a la hora de acceder a la vivienda, en estas zonas según el documento “se concentrará todos los recursos en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a la rehabilitación”.

Los propietarios de inmuebles en alquiler, es decir los caseros, no estarán obligados según la nueva formativa a depositar la fianza entregada por los arrendatarios en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra) como hasta ahora.

Persecución a la okupación

Otra de las obsesiones del Gobierno andaluz en materia de vivienda es el señalamiento y persecución a la okupación. Una visión que se consagra en el capítulo III de la ley, donde se expone la creación de una “Comisión de Coordinación en Materia de Desahucios y Lucha contra la Ocupación ilegal como órgano colegiado de participación administrativa”.

El objetivo de esta comisión es “establecer directrices para la información, asesoramiento y acciones para evitar la ocupación ilegal”. Este organismo también será el encargado de “ofrecer soluciones habitacionales conjuntas en situaciones de desahucio y vulneración social”.

Entre las medidas de este apartado de la Ley la Junta expone que se “colaborará con las personas propietarias que hayan sido objeto de una ocupación ilegal de su vivienda, asesorando a los afectados desde los servicios autonómicos y municipales competentes en materia de vivienda”. Además señala que las personas que hayan okupado “no podrán ser adjudicatarias de una vivienda de promoción pública o social, en venta” durante cinco años.

El geógrafo y portavoz del Sindicato de Inquilinos de Sevilla, Ibán Díaz exponía a este periódico sobre la ley que “tiene un carácter muy ideológico, muy populista y criminaliza la pobreza”.